El 1 de diciembre de 1836 las Cortes Constituyentes de la España liberal se reunieron para firmar el acta de defunción de la Monarquía Católica. El orden del día lo anunciaba con un epígrafe algo anacrónico: “Discusión sobre reconocimiento de la independencia de las colonias españolas de América y tratados con las mismas”.[1] Los diputados liberales empleaban el lenguaje de la “colonialidad”, pretendiendo que las emancipaciones hispanoamericanas no eran otra cosa que la separación natural de una “colonia(s)” de su metrópoli. No obstante, tal constelación conceptual era en rigor un neologismo del imperialismo liberal, que había adoptado como propia la terminología del mundo anglo-francés.[2] En realidad, el viejo imperio que tocaba a su fin se había configurado como un amasijo jurisdiccional de reinos y corporaciones distribuidos por la Península ibérica, las Américas y Filipinas. La lealtad a la Corona, el catolicismo, la lengua española y un sentido laxo de la identidad hispana -especialmente sólido entre las elites peninsulares e hispanoamericanas- habían fungido como centros articuladores de tal babilonia de privilegios, redes clientelares y pertenencias étnicas. La Monarquía española había consistido, más que en un Estado metropolitano que poseyera colonias, en una confederación policéntrica de reinos y municipios que se caracterizaba por su cultura política de Antiguo Régimen, en la cual primaban el pluralismo legal, la unidad religiosa y la autonomía local.[3]
Las guerras napoleónicas (1803-1815) y las revoluciones liberales (1810-1826) que les siguieron gatillaron el súbito colapso de este edificio tan colosal como frágil. Mientras las tropas francesas dominaban a su antojo casi la totalidad de la Península Ibérica y en los virreinatos muchos comenzaban a dudar de la supervivencia de la España europea, las Cortes reunidas en Cádiz en 1810 intentaron un experimento desesperado para mantener la unidad de la Monarquía. Su plan consistió en metamorfosear el viejo imperio en un Estado parlamentario de dimensiones globales. Por eso invitaron a los diputados de los reinos americanos a concurrir a la cámara como representantes de la “nación española” y a participar de la redacción de la primera y última constitución de la Monarquía Católica, la llamada “Pepa” (1812).[4] Todo fracasó. Las demandas de los diputados americanos en materias como la igualdad en la concesión de cupos de representación o la liberalización comercial fueron desatendidas. Las presiones de los lobbies mercantiles gaditanos, que disfrutaban de monopolios muy ventajosos, y la visión racializada y colonialista del imperio de que hicieron gala varios liberales peninsulares, frustraron las negociaciones.[5] Las maniobras diplomáticas del Reino Unido, el auge de los independentismos hispanoamericanos y la inestabilidad de que fue presa España entre 1814 y 1824, hicieron el resto. Ni los gobiernos liberales ni los gabinetes absolutistas que se sucedieron en este período tuvieron la altura de miras de intentar llegar a un acuerdo con los movimientos independentistas. Mientas duró la guerra, nunca se decidieron a pactar unas emancipaciones que le garantizasen privilegios comerciales y diplomáticos a España.[6] Incluso después de la derrota definitiva de los ejércitos realistas en el continente americano, cuyo corolario tuvo lugar en los campos de Ayacucho (1824), Fernando VII siguió incubando tentativas quiméricas de reconquista.[7]
Cuando los liberales llegaron al poder en 1833, las independencias estaban consumadas de facto, pero el Estado español no había reconocido su enajenación y, por consiguiente, no consideraba a las repúblicas hispanoamericanas como sujeto de derecho internacional. Sin embargo, la urgencia de retomar las relaciones comerciales formales y la debilidad geoestratégica del país decidieron a los gabinetes liberales a abrirle la puerta al reconocimiento de las independencias. De ahí que aquel 1 de diciembre de 1836 con el que hemos abierto el relato los diputados se aviniesen a declarar solemnemente que la Monarquía había perdido sus “colonias” y que estaba dispuesta a reconocer la soberanía de los nuevos Estados. Sin embargo, como apuntábamos, tamaño planteamiento era, como poco, sesgado. España había perdido mucho más que unos apéndices coloniales. Se había perdido a sí misma.
El gran imperio territorial que durante el siglo XVIII le había mantenido el pulso a británicos y franceses poco tenía que ver con ese Estado peninsular pequeño y anémico que pretendía una continuidad perfecta con el mismo. Demasiados elementos y todos ellos demasiado relevantes separaban a la Monarquía imperial española de 1803 de la España liberal de 1836: 12 millones de kilómetros cuadrados menos y 12 millones de súbditos menos -en la Península había unos 11-, por ejemplo. La pérdida territorial y demográfica fue acompañada de un verdadero colapso económico. Al fin al cabo, la economía peninsular se había consolidado como un espacio de intermediación comercial entre América y Europa gracias a los monopolios sancionados por la Corona. La pérdida de los mercados ultramarinos supuso un declive del 40 % en el total de las exportaciones de España, dejando una balanza de pagos deficitaria y hundiendo la capacidad fiscal de la Monarquía, cuyos ingresos habían dependido muy particularmente de la hacienda novohispana. [8] En lo referente al poder geoestratégico, probablemente encontramos el indicador más elocuente en la decadencia de su instrumento más relevante, la marina de guerra. En 1805 la Real Armada contaba con 42 navíos, 30 fragatas, 20 corbetas, 4 jabeques, 15 urcas, 50 bergantines, 4 paquebotes, 38 goletas, 10 balandras y 15 embarcaciones ligeras. En 1834 sus unidades se reducían a 3 navíos, 5 fragatas, 4 corbetas, 8 bergantines, 7 goletas y 8 embarcaciones ligeras.[9]
El colapso territorial, demográfico, comercial, hacendístico y militar se vio atravesado por la anomia política. Las tradiciones del monarquismo jurisdiccional y las medidas centralizadoras del reformismo borbónico habían convivido en una tensa calma en la segunda mitad del siglo XVIII, pero manteniendo un orden jurídico-político que había facilitado la prosperidad sostenida de los reinos de la Monarquía.[10] Las revoluciones liberales descosieron las costuras de la cultura política secular del Antiguo Régimen tanto en Hispanoamérica como en la Península Ibérica. La polarización entre las utopías democratizadoras y los reaccionarismos fue la norma.[11] Tan fracturados estaban los consensos, que cuando los diputados liberales aprobaron el reconocimiento de las independencias hispanoamericanas en 1836, la propia existencia de España como proyecto político se hallaba en cuestión. Existieron dos disputas fundamentales. Por un lado, las tensiones en el seno del propio liberalismo español se hacían sentir. La Regente María Cristina apoyaba a los sectores agrupados más adelante bajo el paraguas del Partido Moderado. Estos, si bien deseaban un régimen parlamentario que fuese garante de las libertades civiles y económicas, creían en una administración centralizada, un ejecutivo fuerte y una rotunda limitación de los derechos políticos.[12] Por su parte, los miembros del Partido progresista, que contaban con la connivencia de las clases populares, creían en un modelo municipalista, parlamentarista y mucho más democrático. Las disputas entre estos sectores sumieron al Estado liberal -si es que podía recibir tal nombre en este punto- en una sucesión inacabable de pronunciamientos, cambios de gobierno, conspiraciones clientelares y maniobras extrainstitucionales.[13] En segundo lugar, no podemos olvidar que lo que quedaba de la Monarquía se encontraba en medio de una sangrienta guerra civil. Al morir Fernando VII en 1833, los liberales habían apoyado la sucesión de su hija, Isabel II y la regencia de la madre de esta, la mentada María Cristina. Frente a ellos se elevó el hermano de Fernando VII, Don Carlos, que concitó el apoyo de nutridos sectores legitimistas y antiliberales. El carlismo creó una estatalidad propia, estableciendo una corte regia en la plaza de Estella y planteando una contienda muy igualada.[14]
El mismo 1 de diciembre de 1836 en que se abrió el proceso de reconocimiento de las independencias hispanoamericanas, la guerra se hallaba en un punto sumamente incierto. Ello suponía que, en rigor, el territorio español estaba dividido en dos Estados que defendían sistemas políticos antagónicos y que asociaban la identidad nacional a proyectos ideológicamente incompatibles. La España sin América se había convertido en un galimatías disforme, sin concreción identitaria, fiscal, territorial o política. Las posesiones remanentes en Cuba, Filipinas y Puerto Rico tampoco servían de consuelo, puesto que su rol en el seno de la comunidad nacional era también objeto de agrias disputas: ¿debían respetarse las tradiciones de la Monarquía, tratándolas como provincias jurídicamente iguales a las de la Península o debían constituirse como “colonias” excluidas de la comunidad nacional?. Sea como fuere, varios de los diputados que intervinieron para defender la renuncia de España a su soberanía sobre el continente americano, declararon que la forja de una comunidad postimperial podía ser esencial para darle una nueva vida a la propia Monarquía y recuperar una parte de los mercados y de la fuerza geopolítica que habían contribuido a consolidar su existencia durante los tres siglos anteriores.
España era un acertijo y la creación una comunidad panhispánica se concibió como un elemento esencial para resolverlo. Queda claro, de cualquier modo, que la desintegración de la Monarquía imperial española en América contribuyó decisivamente a disolver a la propia España. Huelga decir que esto es fundamental para entender, como lo haremos en los siguientes artículos, el imaginario que impulsó el estallido de la guerra hispanosudamericana. Pero también es de gran valor para establecer un paralelismo con el proceso postimperial que condujo a la guerra de Ucrania. Con todas las prevenciones y salvedades que amerita la distancia espacio-temporal, resulta interesante sugerir que la desintegración de los imperios español y soviético sigue un patrón similar en lo concerniente a la crisis multinivel que supuso en los que fueran sus núcleos territoriales. Rusia no salió mejor parada que España de la disolución de la comunidad imperial multiétnica que gravitaba en torno a sí. Del mismo modo, la pérdida de las viejas repúblicas socialistas soviéticas y el fin del Pacto de Varsovia no es homologable a una descolonización controlada que dejase casi incólume al epicentro imperial en términos internos, como podría decirse de otros procesos -como el fin de los imperios coloniales del Reino Unido y Francia-.
La Unión Soviética y la Federación Rusa que de ella devino mostraban dramáticas diferencias entre sí. (Revisemos) La revisión de algunos datos bien conocidos nos muestran la magnitud de la cesura. Si la primera ocupaba una extensión de 22,4 millones de kilómetros cuadrados, la segunda tuvo que conformarse con los 17,1 que le legó la separación de las antiguas repúblicas de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania. La economía no corrió mejor suerte. Los dos últimos decenios del siglo XX hicieron sentir todo el peso del declive soviético. El período entre 1980 y 1999 supuso un retroceso del 50% en el PIB ruso (hasta 1990: sólo Rusia?). Al cerrar este año, la economía del país se debatía entre un sector informal con un peso relativo enorme, un estatismo económico que aún remitía en muchos aspectos a las inercias del comunismo y un capitalismo exportador de hidrocarburos de perfiles mafiosos y oligárquicos.[15] La demografía, por su parte, fue otra variable que exhibió la decadencia que sobrevino tras 1991. La Unión Soviética contaba en aquel año con 290 millones de habitantes, mientras que Rusia se vio mermada a 148 -un descenso demográfico muy parecido en términos relativos al de España tras la implosión de la Monarquía Católica-. Es más, las pésimas dinámicas socioeconómicas en las que entró el país han provocado una tendencia decreciente que hace predecir que podría tener menos de 120 millones de habitantes en 2050.[16]
Con estas condiciones económicas, territoriales y demográficas, no es de extrañar que el rango de superpotencia que gozaba la URSS no fuese heredado, al menos en la década de 1990, por la Federación Rusa. Ciertamente, el hundimiento militar no es comparable en términos al experimentado por España tras la escisión virreinal. Rusia conservó un arsenal nuclear temible, así como unas fuerzas armadas respetables. Sin embargo, estas se vieron lastradas a lo largo de los años 90 por la falta de inversiones, por la nula renovación de su material y por una clara pérdida de capacidad de acción más allá de teatros regionales.[17]
Como en el caso español, las carencias militares y socioeconómicas del nuevo orden tuvieron evidentes condicionantes políticos. A este respecto, como le sucediera a España en el conflicto entre carlistas y liberales, el mundo ruso vio cómo las tendencias disolventes que habían acabado con el imperio soviético se prolongaban en el espacio postimperial. La Rusia que emergía del cisma soviético era, en puridad, un Estado federal integrado por distritos, territorios, regiones, ciudades y repúblicas con diversos grados de autonomía. Mientras fue presidente de la Federación rusa en los años 80, Yeltsin incentivó la descentralización de la Unión Soviética, ello con el fin de minar en lo posible el poder de su rival político, Mijaíl Gorbachov.[18] Sin embargo, las exhortaciones descentralizadoras de Yelstin se volvieron en su contra tras la disolución soviética en 1991. Este proceso tuvo su continuidad en la búsqueda de mayores cuotas de poder e incluso de independencia en varios territorios que integraban a la Federación rusa. Yelstin, ahora como la máxima autoridad del Estado, trató de recuperar el control de Moscú, con tentativas erráticas y autoritarias, como la disolución -vía militar- del Parlamento en 1993, y la aprobación de una nueva Constitución hipercentralizadora. Finalmente, los conflictos sobrevenidos de esta política tomaron tintes étnicos. Si bien el Estado ruso gozaba de una notoria homogeneidad étnica, con un 80% de población rusa, había focos de inestabilidad que amenazaban una nueva oleada disolvente. Fue este el caso de Chechenia, cuyo Parlamento local aprobó una declaración de independencia en otoño de 1991.[19] Tal iniciativa permitió que los chechenos funcionasen como un Estado independiente durante tres años, hasta que Yelstin orquestó una intervención militar que duraría hasta 1996. Si bien la guerra de Chechenia y la guerra carlista tuvieron características sideralmente distintas, ambas fueron el resultado de una resaca postimperial. Los quiebres de la Monarquía Católica y la Unión Soviética tuvieron continuidad en la disolución de los espacios estatales que fungían como sus núcleos y supusieron la crisis de las culturas políticas que les daban consistencia. Ambos procesos generaron así margen para que la guerra interna se convirtiese en la única salida asumible para la definición de los statu quo que distintos grupos de poder iban a gozar en el mundo postimperial.
Las guerras carlista y chechena fueron, así, conflagraciones civiles directamente imbricadas con los procesos de desmantelamiento imperial en que ambas potencias se veían sumidas y sirvieron como el catalizador de los respectivos decadentismos. Resta mencionar que, como en el caso de España, los cimientos ideológicos sobre los cuales se había edificado la Unión Soviética se desplomaron al mismo tiempo que su estructura imperial. La búsqueda de una nueva base de legitimidad dependía de dos factores esenciales. Por un lado, la consumación de las promesas materiales de un modelo capitalista que, no obstante, inmediatamente se tradujo en un sistema desigualitario, ineficiente y basado en una serie de oligopolios exportadores -particularmente de hidrocarburos. Por otro lado, la Rusia yeltsiniana podía apostar por el pegamento identitario del nacionalismo, pero a las dinámicas centrífugas de los años 90 se unieron a los desacuerdos entre estatalistas, liberales, eslavófilos, occidentalistas, ortodoxos y otros para impedir el diseño de un discurso identitario funcional a la unidad. El resultado fue una federación rusa oligárquica, militarizada y cuya maquinaria de poder funcionaba a partir de redes clientelares y códigos extrainstitucionales de regusto mafioso.[20]
Tras esta revisión, podemos expresar con total claridad la idea, sumamente básica, que deseábamos transmitir en esta segunda entrega: las desintegraciones de la Monarquía Católica y la Unión Soviética no fueron en puridad procesos descolonizadores que dejasen intactos a los pretendidos espacios metropolitanos. Por el contrario, fueron procesos súbitos de descomposición que afectaron directa y profundamente a los dos núcleos imperiales, destruyéndolos demográfica, económica y políticamente. La próxima entrega demostrará que el panhispanismo y el paneslavismo postsoviético emergieron como respuesta a estas consecuencias catastróficas que tuvieron sendos colapsos imperiales. Ninguna de estas ideologías fue un simple irredentismo. No se trataba de recuperar un territorio para un Estado que mantenía su cohesión. Por el contrario, se trataba de forjar una comunidad postimperial que permitiese restañar las heridas que habían desgarrado la identidad, la prosperidad y la cultura política de Rusia y de España tras la disolución de sus imperios. Si quieren saber cómo tales imaginarios comenzaron a germinar muy similarmente en ambos espacios para dar lugar más tarde a las guerras con sus antiguos dominios, no olviden leer la próxima entrega.
[1] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (en adelante DSCC): 1836-1837, núm. 44, 1-12-1836.
[2] José Brownrigg-Gleeson Martínez y Graciela Iglesias Rogers, «Spanish ‘Colonies’: A Term Forged in the Hispanic-Anglosphere», en The Hispanic-Anglosphere from the Eighteenth to the Twentieth Century: An Introduction, ed. Graciela Iglesias Rogers (New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021), 27-46; Anthony Pagden, Lords of All the World Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c.1500-c.1800 (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1995), http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=52829.
[3] Antonio Feros, Antes de España: Nación y raza en el mundo hispánico, 1450-1820 (Madrid: Marcial Pons, 2019); Cardim, Pedro, ed., Polycentric Monarchies. How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony? (Lisboa: Red Columnaria, 2012).
[4] Pedro Pérez Herrero, «Las independencias americanas: reflexiones historiográficas con motivo del Bicentenario», Cuadernos de historia contemporánea, n.o 32 (2010): 51-72; Manuel Chust, «The National Road of the Cádiz Cortes: Anticolonialism, Liberalism, Nation and State», en Nationalism and Transnationalism in Spain and Latin America, 1808–1923, ed. Paul Garner y Angel Smith, Iberian and Latin American Studies (Wales: University of Wales Press, 2017), 18-44.
[5] Michael P Costeloe, La respuesta a la independencia: la España imperial y las revoluciones hispanoamericanas, 1810-1840 (México, D.F.: FCE, 2011).
[6] Rodrigo Escribano Roca y Rebeca Viñuela Pérez, «Mexico’s Independence and Republican Construction in Spanish Political Thought (1821–1848)», Global Intellectual History 0, n.o 0 (5 de enero de 2023): 1-23, https://doi.org/10.1080/23801883.2022.2159851.
[7] Andrea Rodríguez Tapia, «España sin América. Política y diplomacia frente a la secesión de los territorios americanos, 1823-1833» (Tesis Doctoral, México, Colegio de México, UNAM, 2018).
[8] Albert Carreras y Xavier Tafunell, Between Empire and Globalization: An Economic History of Modern Spain, Palgrave Studies in Economic History (Cham: Springer International Publishing, 2021), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60504-9.
[9] Fernando de Bordejé y Morencos, Crónica de la marina española en el siglo XIX: 1800-1868 (Madrid: Ministerio de Defensa, 1999).
[10] Allan J. Kuethe, The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century : War and the Bourbon Reforms, 1713-1796 / Allan J. Kuethe, Kenneth J. Andrien., New Approaches to the Americas (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
[11] Rafael Rojas, Las repúblicas de aire: utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica (Madrid: Santillana Ediciones Generales, 2009).
[12] Xosé Ramón Veiga, «El liberalismo conservador. Orden y libertad», en La España liberal, 1833-1874, ed. María Cruz Romeo y María Sierra (Madrid: Marcial Pons, 2014), 289-316.
[13] Juan Pan-Montojo, «El progresismo isabelino», en La redención del pueblo : la cultura progresista en la España liberal, ed. Manuel Suárez Cortina (Santander: Servicio de Publicaciones Univerisdad de Cantabria, 2006), 183-208, https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8725.
[14] Andrés Vicent, «Rey de “corazones”: la monarquía y la cultura política del carlismo (1833-1845)», Alcores: revista de historia contemporánea, n.o 21 (2017): 161-82.
[15] Joseph R. Blasi, Maya Kroumova, y Douglas Kruse, Kremlin Capitalism: Privatizing the Russian Economy (Cornell University Press, 2018).
[16] Thomas Romain, Russie et Caucase: jeux d’influence et nouveaux défis (Ellipses, 2013).
[17] Samuel Charap et al., Russian Grand Strategy: Rhetoric and Reality (Rand Corporation, 2021).
[18] Carlos Taibo, Rusia frente a Ucrania: Imperios, pueblos, energía (Los Libros De La Catarata, 2022).
[19] Anne Le Huérou et al., Chechnya at War and Beyond (Routledge, 2014).
[20] Marlène Laruelle, Russian Nationalism: Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields, Hardcover (Routledge, 2018), http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=c1629e0155140193906607e08186d83f.