Global Strategy Report, 10/2021
Resumen: Las relaciones entre Ecuador y Perú estuvieron marcadas por el signo de la confrontación militar y diplomática, prácticamente desde el momento mismo de sus respectivas fundaciones como estados independientes. Los casi ciento setenta años que discurren entre 1830 y 1998, fueron testigos de escaramuzas armadas, guerras no declaradas y largos períodos de tensa paz; hechos que estuvieron causados en un problema de límites territoriales que permaneció sin solución durante ese lapso. Este trabajo realiza un recorrido histórico a través de los orígenes de la confrontación ecuatoriano-peruana, que tanto dificultó la integración de dos países llamados a ser económicamente complementarios; y de los hechos militares que, en distintas épocas y circunstancias, fueron determinantes para sentar las bases de la actual frontera terrestre. Forzado a firmar en 1942 el Protocolo de Río de Janeiro, tras sufrir una apabullante derrota militar el año anterior, se le impusieron a Ecuador las líneas que debían servir para demarcar la frontera con su triunfante vecino. No obstante, en el curso de los trabajos de demarcación que luego empezaron a realizarse, un importante accidente geográfico, aparentemente no descubierto hasta entonces, detuvo la tarea de fijación de los hitos fronterizos por parte de Ecuador bajo el argumento de la imposibilidad de ejecutar lo convenido por la existencia de un error sustancial. A partir de este momento, la conducción política del estado ecuatoriano ¾reiterada en sucesivos gobiernos con prescindencia de sus ideologías¾ fijó como objetivo lograr una salida soberana al río Amazonas. En ese contexto, este trabajo evidencia que, a pesar de la victoria táctica obtenida en la Guerra del Cenepa en 1995 y de la paz definitivamente alcanzada en 1998, el triunfo de las armas no se tradujo, a la postre, en una victoria estratégica, por haberse frustrado, para siempre, aquel fin político largamente defendido por el estado ecuatoriano.
Para citar como referencia: Peralta, Fabrizio (2021), «La Guerra del Cenepa: De la victoria táctica a la derrota estratégica», Global Strategy Report, No 10/2021.
El territorio como elemento consustancial de los Estados
No es desconocido que el territorio es uno de los elementos esenciales de todo estado; e incluso podríamos afirmar, sin asomo de rubor, que el territorio es, entre todos los demás, el que configura su rasgo más concreto y definitorio, puesto que constituye “un componente de orden ontológico [que] es parte de su ser (…): es como el cuerpo para la persona, pues una persona no puede existir sin un cuerpo” (Jiménez, 2014: 125).
La historia da cuenta de la existencia de naciones sin base territorial y hasta de gobiernos en el exilio, incapaces de ejercer posesión física efectiva o poder real en un territorio dentro de cuyos límites reclaman espacio o legitimidad. Sin embargo, es imposible afirmar la existencia de un estado en el que una nación (o una pluralidad de naciones) y un gobierno no hayan tenido cabida dentro de “un medio físico, o geográfico, que es su causa, instrumental o material, factor esencial de su personalidad jurídica, base de su economía, elemento de donde extrae diversas fuentes de riqueza para la realización de sus fines, ámbito y término, por último, de su actividad” (Tobar y Luna, 1982: 1).
No obstante, lo que hoy juzgamos como evidente y hasta aceptamos como forzoso, no es más que consecuencia del devenir histórico que dio paso a la conformación de los estados modernos. En efecto, los historiadores suelen atribuirle a la Paz de Westfalia (1648) —corolario de la Guerra de los Treinta Años que sacudió al Sacro Imperio Romano Germánico— el hito que deslinda el inicio del estado territorial de las antiguas estructuras de gobierno feudales de tipo dinástico, en las que
“no había autoridad suprema dentro de un territorio, manifiestamente no había soberanía […] tanto el Papa, como el Emperador, intervenían regularmente en los asuntos territoriales de los reyes, nobles, los obispos y otros eclesiásticos, pero estas mismas autoridades mantenían prerrogativas en contra del Papa y el Emperador y en contra de los unos y los otros” (como citado en Bremer, 2013: 17).
La Paz de Westfalia, expresada en los tratados de Münster y Osnabrück, dieron paso a un orden territorial con fronteras delimitadas. El territorio, por ende, sustituyó al vasallaje personal como elemento de vinculación y unidad para los pobladores de los nuevos estados resultantes; territorio cuya demarcación “es anterior a la propia idea de nacionalidad y evidencia que el confinamiento en determinado espacio geográfico representó una condición anterior a los demás lazos modernos de vinculación comunitaria” (Pinto, 2015)[1].
De la mano con la delimitación territorial, cambió también el paradigma de soberanía, que si bien en la Edad Media se personificaba de forma difusa en el rey, aquella no era aplicable ni en los territorios ni se proyectaba sobre la gente (Saucedo, 2005)[2]. Con el surgimiento del estado territorial, en cambio, pudo lograrse la agrupación de los dominios feudales en torno a un monarca, que, como tal, encarnó la soberanía, por entonces entendida como una fuerza de unificación, afirmación e independencia del estado (Borja, 2003: 1284); noción absolutista que se mantuvo hasta que, a través de la Revolución Francesa, fueron acogidas las ideas de Jean-Jacques Rousseau, para quien la soberanía no es más que el ejercicio de la voluntad general de los asociados —el pueblo— en el pacto social (Rousseau, 2007: 79)[3].
El territorio configura el espacio geográfico dentro de cuyas fronteras impera el ordenamiento jurídico que los estados, en ejercicio de su soberanía, se han dado a sí mismos; y, salvo por los casos de extraterritorialidad, la delimitada geografía de los estados sirve como continente del Derecho y demarca su máximo ámbito de vigencia, eficacia y coerción.
Bajo el postulado de la impenetrabilidad, que es parte de aquella posición de carácter jurídico que considera al territorio como consustancial a la entidad estatal, el estado está dotado de una particular cualidad exclusiva y excluyente que le permite, de forma lícita, “rechazar cualquier intervención o agresión externa o tránsito de tropas extranjeras sin su debido consentimiento” (Jiménez, 2014: 125). Por ello, varios instrumentos internacionales, haciéndose eco de esta postura defendida a nivel universal, consagran el derecho que tienen los estados a defender su integridad territorial (Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados -CDDE- 1933, artículo 3)[4]; y, de igual manera, establecen normas de conducta y obligaciones tales como las de
“no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por la fuerza, ya sea que ésta consista en el uso de armas, en representaciones diplomáticas conminatorias o en cualquier otro medio de coacción efectiva. El territorio de los Estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de fuerza impuestas por otro Estado, ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aún de manera temporal” (CDDE 1933, artículo 11).
En esa misma línea supranacional, la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de poder alcanzar sus propósitos, exhorta a sus miembros a abstenerse “de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado” (Carta de las Naciones Unidas -CNNUU- 1945, número 4, artículo 2, Capítulo I)[5]. De allí que la Asamblea General de este alto organismo, en lo que al territorio respecta, haya proclamado, como deberes de los estados[6], el abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza: (i) contra la integridad territorial de cualquier estado; (ii) para violar las fronteras internacionales existentes de otro estado; (iii) para violar las líneas internacionales de demarcación territorial; y, (iv) para adquirir el territorio de otro estado.
Estos principios, compartidos por la comunidad de naciones, excluyen y censuran el uso de la fuerza como mecanismo para la solución de diferendos limítrofes o para la conquista de territorios. De allí que, modernamente, la validez de los ajustes territoriales tan solo pueda ser admisible, en el sistema internacional, a través de tratados, de laudos arbitrales o por sentencias de la Corte Internacional de Justicia (Ramírez, 2008: 133), lo que supone siempre el consentimiento soberano, previo y libre de los estados que optan por las señaladas vías.
Contexto histórico y jurídico del desencuentro territorial ecuatoriano-peruano
De la Independencia hasta los albores del siglo XX
Ecuador y Perú son dos países unidos por la historia y la geografía andina, pero que durante más de ciento cincuenta años estuvieron separados por irresolubles disputas de carácter territorial surgidas tras la conformación de los nacientes estados nacidos de los procesos independentistas.
Podríamos incluso retrotraer los orígenes de este diferendo limítrofe a los años de la Colonia, pues la Real Audiencia de Quito (RAQ) ¾cuyos vastos territorios constan definidos en la Real Cédula del 29 de agosto de 1563, que determinó su creación¾ pasó a depender, de ida y de vuelta, de los virreinatos del Perú (1563, 1723) y de la Nueva Granada o Santa Fe (1717, 1739); subordinación que, por cierto, se limitaba a las materias de gobierno, hacienda y guerra (Reig, 1988: 242), sin que ello hubiese conllevado modificación de los límites territoriales de la Audiencia.
Tras el triunfo de las armas libertadoras en Quito (mayo 24, 1822), el territorio de la antigua RAQ pasó a integrarse a Colombia, la Grande, como Distrito del Sur, bajo el principio jurídico romano del uti possidetis iuris[7].
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No obstante, después de haber asegurado en Ayacucho (diciembre 9, 1824) su independencia con el auxilio de Colombia, Perú retenía las provincias de Jaén y de Mainas, que consideraba como propias y que habían sido parte de la RAQ. Ante el ultimátum colombiano, suscrito y remitido por Simón Bolívar, de devolver esos territorios o dejar “la decisión a la suerte de las armas”,Perú respondió con la fuerza e invadió las provincias de Azuay y de Loja, además de imponer un bloqueo naval al puerto de Guayaquil (1828).
En la batalla librada en Tarqui (febrero 27, 1829), y bajo el mando del mariscal Antonio José de Sucre, las fuerzas de Colombia asestaron un golpe importante a las de Perú aunque no definitivo, dado que fue necesario extender la campaña militar durante varios meses más para lograr la devolución de Guayaquil, que finalmente sería el escenario de la firma del tratado que lleva su nombre (septiembre 22, 1829) y en el cual las partes acordaron y reconocieron, de forma general, que los límites de sus territorios eran
“los mismos que tenían antes de su independencia los antiguos virreinatos de Nueva Granada y el Perú, con las solas variaciones que juzguen conveniente acordar entre sí, a cuyo efecto se obligan desde ahora a hacerse recíprocamente aquellas cesiones de pequeños territorios que contribuyan a formar la línea de una manera más natural, exacta y capaz de evitar competencias y disgustos entre las autoridades y habitantes de las fronteras” (Orellana, 1988: 204).
El Tratado de Guayaquil no sirvió como instrumento jurídico eficaz para determinar una delimitación territorial concreta, tanto más porque en el texto mismo de este documento quedaba muy claro que las líneas de frontera entre Colombia y Perú deberían trazarse, ya en términos bien definidos, en un momento posterior y con acuerdo entre los estados partes.
Pero, más allá de las polémicas de índole histórico que aún existen en torno al hecho de que tales límites se habrían fijado o no a través de un protocolo[8], llegó el día en que el Distrito del Sur decidió su separación de Colombia (mayo 13, 1830) y, tras adoptar el nombre oficial de Estado del Ecuador en la Asamblea Constituyente reunida en Riobamba (agosto 14, 1830), un mes más tarde dictaba su primera Constitución, en cuyo artículo 6 declaró, de forma por demás escueta, que su territorio comprendía “los tres departamentos del Ecuador en los límites del antiguo reino de Quito”.
La referida proclama constitucional, si bien no aclaraba cuál era la extensión territorial de la naciente república andina, llevaba implícita la pretensión de que su soberanía se extendería, por el sur, hasta la ribera izquierda del río Amazonas, reafirmando así la base territorial cuyo título jurídico se originó en la Real Cédula que dio origen a la RAQ, a la que incluso se hizo referencia en el tratado de paz y amistad concluido entre España y Ecuador (febrero 16, 1840), en cuya virtud
“S. M. Católica, usando la facultad que le compete por decreto de las Córtes [sic] generales del reino de 4 de Diciembre de 1836, renuncia para siempre del modo mas [sic] formal y solemne por sí, sus herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le corresponden sobre el territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de Reino y Presidencia de Quito, y hoy, República del Ecuador”.
Esta indefinición territorial se mantuvo a lo largo de todo el decurso del siglo XIX, pues, mientras Ecuador reafirmaba sus derechos amazónicos a base del uti possidetis iuris demarcado por la Real Cédula de 1563 y sobre la base del Tratado de Guayaquil de 1829, Perú desconocía ambos títulos sobre la base de diversos argumentos de corte histórico, jurídico y hasta geográfico[9]. Con el devenir de los años, ambas naciones se enfrentaron diplomática y hasta militarmente, sin que en la práctica hubiesen podido arreglar su diferendo territorial.
En los afanes de lograr un arreglo, don José Modesto Espinoza y don Emilio Bonifaz, ministros plenipotenciarios de Ecuador y Perú, en su orden, suscribieron en Quito un convenio arbitral (agosto 1, 1887) para someter
“dichas cuestiones a Su Magestad [sic] el Rey de Expaña [sic] para que las decida como Arbitro en derecho de una manera definitiva e inapelable” (como citado en Tobar y Luna, 1982: 149).
No obstante, debido a las nuevas negociaciones directas que estaban intentando para dar término a sus disputas, las partes acordaron solicitar que el monarca español suspenda la expedición de su laudo (febrero 20, 1891). El fracaso de tales negociaciones determinó que los dos países retomaran la prosecución del arbitraje años atrás suspendido, lo cual fue aceptado por el rey Alfonso XIII (abril 27, 1904), aunque nuevamente se solicitó su diferimiento por el compartido temor, entre ambos estados, de que el eventual fallo pudiese resultarles adverso. Finalmente, el árbitro se inhibió de dirimir la controversia (noviembre 24, 1910) ante la ya anunciada posibilidad de un enfrentamiento bélico entre los contendientes.
Inhibido el monarca de su rol como árbitro, y extinguido el fervor belicista que puso a los países al borde la guerra en 1910, se retomó la senda de las negociaciones diplomáticas, e incluso se convino (junio 21, 1924) el arbitraje del Presidente de los Estados Unidos para aquellas materias en las que las partes no hubiesen podido avenirse[10]. Nuevas dilaciones y desacuerdos, más el definitivo retiro de la delegación peruana acreditada en Washington (septiembre 28, 1938), pusieron término al cauce arbitral.
De la Guerra de 1941 hasta el Protocolo de Río de Janeiro de 1942
Agotadas todas las fórmulas de arreglo y cerrados los caminos para una solución pacífica, hacia mayo de 1941 Perú había concentrado en la frontera unos 20.000 hombres. Pese a las iniciativas de los Estados Unidos, Brasil y Argentina, de procurarles a las partes los medios más eficaces para lograr un entendimiento amistoso, el Ejército peruano inició sus operaciones y penetró en el territorio ecuatoriano (julio 5, 1941) con efectivos bien provistos y apertrechados, ante los cuales las fuerzas de Ecuador pelearon
“con escasez de munición, sin buen Estado Mayor que organizase la defensa, sin aprovisionamientos, sin dinero, sin armas modernas, en una proporción de uno contra diez, con pésimas comunicaciones, con hambre, sin amparo en la selva” (Pareja, 1988: 90)[11].
En efecto, poca resistencia podían oponer las fuerzas armadas ecuatorianas ante un enemigo que ¾además de contar con un mayor presupuesto fiscal y con una población que más que duplicaba a la de Ecuador¾ detentaba, desde hace mucho, un potencial armamentístico incontestable, tal como se evidenció en el informe reservado que el Ministro de Defensa presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1938, y que se reproduce en la tabla 1.
Tabla 1. Comparación de fuerzas y recursos, 1938
Ante esta situación de desequilibrio, Perú arrolló las guarniciones de Ecuador e inició un arremetida inexorable que le permitió poner bajo su control militar, al dar por terminado su avance (septiembre 7, 1941), unos cuarenta mil kilómetros cuadrados del territorio meridional y oriental ecuatoriano, incluida la sureña provincia de El Oro.
Bajo estas condiciones de derrota e invasión, en octubre se logró el cese al fuego y la desmilitarización de una amplia zona con la mediación de Argentina, Brasil y Estados Unidos; gestión a la que luego se sumó Chile. Tras el bombardeo japonés al puerto estadounidense de Pearl Harbor (diciembre 7, 1941), la guerra peruano-ecuatoriana perdió relevancia, pues la solidaridad continental cerró sus filas en torno a los Estados Unidos en el marco de la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que se realizó en Brasil. En ese contexto, Ecuador se vio forzado a suscribir con Perú el Protocolo de Río de Janeiro (PRJ), intitulado “de Paz, Amistad y Límites” (enero 29, 1942), que se tradujo en la pérdida de doscientos setenta y ocho mil kilómetros cuadrados, esto es, poco más que la mitad del territorio que había reclamado como propio durante toda su existencia republicana[12].
De la ejecución del PRJ a la Guerra de Paquisha
Si bien el artículo VIII del PRJ[13] había precisado cuáles eran, en términos generales, los trazos que debía seguir la línea de frontera tanto en el occidente como en el oriente, su artículo IX aclaraba que dicha línea quedaba aceptada “por el Ecuador y el Perú para la fijación, por los técnicos, en el terreno, de la frontera entre los dos países”, no obstante lo cual “[l]as partes [podían], al proceder a su trazado sobre el terreno, otorgarse las concesiones recíprocas que consideren convenientes a fin de ajustar la referida línea a la realidad geográfica”.
Cuando iniciaron, in situ, las tareas demarcatorias a cargo de una Comisión, empezaron también los problemas que impidieron el cierre definitivo de la frontera. Efectivamente, en el numeral 1º de la letra B) del citado artículo VIII, se había convenido el trazo de una línea que seguiría la trayectoria marcada “[d]e la Quebrada de San Francisco, el ‘divortium aquarum’ entre el río Zamora y el río Santiago hasta la confluencia del río Santiago con el Yaupi”, todo esto en la cordillera del Cóndor, prolongación de la misma cordillera de los Andes aunque selvática y de muy difícil acceso, caracterizada por su clima tropical extremadamente húmedo, y con una altitud que promedia los dos mil doscientos metros sobre el nivel del mar a lo largo de unos trescientos veinte kilómetros (Harvey, Rivera y Avendaño, 1996: 49, 50).
Ulteriores levantamientos aerofotogramétricos realizados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) determinaron, en 1947, la existencia de un extenso río que no había sido antes descubierto, el Cenepa, cuyo curso es de casi ciento noventa kilómetros y que, conforme a la tesis ecuatoriana, impedía la ejecución del PRJ porque, en realidad, no existía ya un único divortium aquarum sino dos: uno entre el Cenepa y el Santiago; y, otro, entre el Cenepa y el Zamora.
A la tesis de la inejecutabilidad del PRJ por la presencia de aquel río ¾que Ecuador categorizó como error sustancial¾ se sumó la tesis de su nulidad, unilateralmente declarada por primera vez por José María Velasco Ibarra en calidad de presidente electo (agosto 17, 1960) y reiteradamente defendida en varios foros internacionales a lo largo de los años[14]; tesis a la cual se añadía el pedido ecuatoriano de tener un acceso libre y soberano al río Amazonas.
Suspendidos en 1948, desde el lado ecuatoriano, los trabajos de demarcación por los motivos expuestos[15], más de setenta y ocho kilómetros de frontera terrestre no delimitada, en aquel punto de la cordillera del Cóndor, terminarían convirtiéndose en zona de continuos roces entre los destacamentos militares que cada país había establecido a lo largo de un territorio carente de hitos fronterizos.
En la década de 1970, las dictaduras militares de carácter nacionalista que gobernaron en Perú habían repotenciado a sus fuerzas armadas con equipos de origen mayormente soviético. La finalidad del rearme consistía en atacar a Chile, para así recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico (1879-1883). Finalmente, la invasión se frustró a causa del golpe de estado castrense que derrocó al general Juan Velasco Alvarado y que puso en el poder al general Francisco Morales Bermúdez. Sin embargo, aquel masivo reequipamiento bélico dejó a Perú en posesión de una de las más potentes fuerzas militares de la región[16].
Aunque Ecuador, a fines de dicha década y luego de las lecciones dejadas tras la derrota de 1941, había logrado fortalecer institucionalmente a sus fuerzas armadas además de equiparlas, sus capacidades eran aún modestas, conforme se lo aprecia en la tabla 2.
Tabla 2. Poderío militar ecuatoriano, 1980
En esas condiciones empezó la década siguiente para los dos estados vecinos, que se vieron arrastrados a un enfrentamiento en la zona no delimitada de su frontera compartida en las alturas de la cordillera del Cóndor. Efectivamente, en 1980
“el Comando del Ejército había iniciado (…) un proceso de mejoramiento de los pequeños campamentos militares en los puestos avanzados que el Ecuador mantenía en la cordillera del Cóndor. El objetivo era reemplazar los bohíos levantados de manera precaria por construcciones de mayor calidad para dar comodidad al personal militar que custodiaba la frontera. Eran los destacamentos de Paquisha, Mayaicu, Machinaza y Cóndor Mirador. En las inmediaciones, estaban los puestos peruanos de Soldado Pástor, Soldado Vargas, Jiménez Banda, Teisha y Alto Comaina. A inicios de 1981, esos puestos habían sido reforzados con personal, fuertes medios de combate y apoyo aéreo. En el ambiente se percibía una enorme tensión” (Andrade, 2014: 104, 105).
No habría de pasar mucho tiempo para que estalle el conflicto, pues el 22 de enero de 1981 helicópteros de Perú descargaron su artillería contra el destacamento de Paquisha, mientras estaba siendo abastecida por un helicóptero ecuatoriano. El ataque gatilló el despliegue de las tropas y blindados de Ecuador, mientras el Ejército peruano movilizó a una de sus divisiones hacia Tumbes, limítrofe con la provincia de El Oro.
Con el afán de tomarse Paquisha y desalojar a los efectivos ecuatorianos, entre los días 28 y 29 de enero Perú reinicia el bombardeo en la zona. Finalmente, el cese al fuego se produce el 2 de febrero, bajo la supervisión de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, en su calidad de países garantes del PRJ (Andrade, 2014: 108).
Adrián Bonilla considera que la Guerra de Paquisha perseguía objetivos políticos concretos, porque
“El objetivo nacional peruano, desde una perspectiva estratégica y ante su percepción de un vecino ‘díscolo, conflictivo e irrespetuoso’ de los tratados, fue cerrar la frontera de acuerdo a lo establecido por el Protocolo y el arbitraje de Dias de Aguiar[17]; mientras que el ecuatoriano ¾insinuado en el debate jurídico y expresado con más definición en los textos militares¾ fue la impugnación del Protocolo y su renegociación con el propósito de acceder al río Amazonas” (como citado en López, 2004: 95).
Sin embargo, el esfuerzo militar ecuatoriano fue insuficiente debido a la superioridad peruana, que empleó “fuerzas diez veces superiores, apoyadas por helicópteros blindados y artillados, los que eran protegidos por una sombrilla aérea de aviones subsónicos y supersónicos” (Gallardo, 2014: 229). En términos bélicos, esta guerra de pocos días se tradujo en una derrota para Ecuador por cuanto se vio forzado a replegarse de las posiciones que ocupaba en la vertiente oriental cordillera del Cóndor y, por ello, a retornar a sus estribaciones occidentales[18].
La Guerra del Cenepa: victoria táctica
Un conflicto irresoluble
La conclusión de la Guerra de Paquisha no resolvió la cuestión de fondo, por cuanto seguía sin delimitarse la franja territorial que era la expresión tangible de los intereses contrapuestos de Ecuador y Perú. No obstante, desde la orilla ecuatoriana, seguía vigente el afán de obtener una solución negociada que le permitiese una salida soberana al río Amazonas, pese a la negativa tajante que Perú siempre fundó en el PRJ, pues, al tenor de la posición peruana, todas las disputas territoriales habían quedado zanjadas desde 1942 y, por ende, tan solo faltaba cerrar la frontera en la cordillera del Cóndor.
En los catorce años que discurrieron desde el cese al fuego tras la Guerra de Paquisha, si bien las relaciones entre ambos países mantuvieron su continuidad en términos diplomáticos, el tema territorial quedó en un punto muerto, pues las agendas internas de Ecuador y Perú fueron las que se priorizaron.
En efecto, Ecuador tuvo que hacerle frente a los embates económicos que se iniciaron justamente por los costes de la financiación de la defensa nacional (1981); que prosiguieron con la denominada Crisis de la Deuda Externa (1982); yque, luego, se agravaron tras las secuelas de destrucción a su infraestructura, originadas en el extraordinario fenómeno climático de El Niño (1982-1983) que anegó grandes extensiones de los territorios de su litoral, con importante pérdida de su producción exportable.
Por su lado, Perú debió afrontar militarmente a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, lo que dejó un saldo 23.000 vidas segadas por la violencia guerrillera, además de 10 mil millones de dólares en pérdidas; todo ello en medio de la hiperinflación que había acumulado, entre 1985 y 1990, una exorbitante tasa que superaba los 2 millones por ciento (Mares y Scott, 2012: 63).
Una vez que Alberto Fujimori asumió el poder tras ganar las elecciones presidenciales en Perú, se abrió, por primera vez en casi una década, un cauce para el diálogo bilateral con miras a solucionar pacíficamente el diferendo limítrofe. Sin embargo, esa opción tan solo se pudo entrever cuando el presidente peruano empezó a delinear su estrategia dirigida a pacificar internamente al país, azorado por los sangrientos atentados de la guerrilla senderista, ya que
“Fujimori persiguió una ofensiva diplomática regional diseñada para disminuir la posibilidad de cualquier brote de problemas fronterizos con el propósito de ser capaz de concentrarse en los asuntos internos. La iniciativa incluyó visitas de estado (…). El más importante era Ecuador, dado el continuo desacuerdo fronterizo. (…) El ministro peruano de relaciones exteriores, Eduardo Torres y Torres Lara, y su homólogo ecuatoriano, Diego Cordovez, intentaron diseñar un ‘acuerdo de caballeros’ con el fin de establecer una zona de seguridad común en la región” (Mares y Scott, 2012: 63).
En esa coyuntura y un mes después de haber evitado un potencial enfrentamiento en la zona de Cusumaza-Yaupi[19] ¾gracias a una conversación telefónica directa entre los gobernantes de ambos países¾, Rodrigo Borja, presidente de Ecuador, propuso en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas que Perú acepte el arbitraje del papa Juan Pablo II, para así resolver el litigio territorial (septiembre 31, 1991). Aunque a la iniciativa ecuatoriana el presidente Fujimori opuso la contraoferta de un peritaje papal, acudió a Quito en una visita de estado (enero, 1992) que nunca antes había sido realizada por un mandatario peruano a Ecuador (Borja, 2012: 276, 277).
El cambio de gobierno producido al asumir la presidencia ecuatoriana Sixto Durán-Ballén (agosto 10, 1992), interrumpió las negociaciones y, a la postre, la idea de una posible intervención papal quedó definitivamente relegada.
La preguerra
A partir de 1991, Ecuador empezó a reubicar varias unidades militares a lo largo del río Cenepa, en cuyo alto valle se construyeron “tres bases fortificadas (…) en el área de Tiwintza, Cueva de los Tayos y Base Sur, completadas con emplazamientos de artillería y protegidos por miles de minas terrestres” (Mares y Scott, 2012: 64).
Aunque Perú estaba al tanto de la existencia de estas fortificaciones, no actuó sino hasta fines de 1994 cuando, a través del comandante peruano al mando de las fuerzas en la zona de disputa, conminó a los efectivos ecuatorianos a retirarse, lo que indujo al mando militar de las fuerzas armadas de Ecuador a elevar su nivel de alerta ante una agresión que se consideraba inminente, para lo cual el Comando Conjunto – COMACO
“impartió de inmediato la orden de desplazar en secreto a la frontera las fuerzas necesarias, a fin de estar en condiciones de repeler un ataque de sorpresa, y de preparar la defensa del Alto Cenepa” (Gallardo, 2014: 233).
Llegado el nuevo año, se procedió a la captura de una patrulla peruana que intentaba infiltrarse en el Alto Cenepa (enero 9, 1995), que luego fue devuelta a sus filas; y, días después (enero 11, 1995), se dispersó con fuego de advertencia a otra patrulla que pretendía también infiltrarse. En respuesta, el presidente Fujimori dispuso que el Consejo de Defensa de Perú sesione de manera permanente, mientras que los países garantes del PRJ invitaron a un diálogo que coadyuve a la distensión (Harvey, Rivera y Avendaño, 1996: 52). No obstante, las intervenciones diplomáticas no fueron capaces de reducir las tensiones y el camino quedó allanado para que los dos seculares enemigos pronto se encuentren listos para disponer de sus respectivas capacidades bélicas, tal como se los muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Los potenciales enfrentados, 1995
Se desata la acción armada
Cada país le ha atribuido al otro la responsabilidad del inicio de la Guerra del Cenepa. Efectivamente, Perú ha sostenido que el ataque inicial provino desde un helicóptero artillado de Ecuador que hizo fuego contra un destacamento peruano. La versión ecuatoriana, en cambio, afirma que dicho ataque se produjo no desde el aire sino con fuego de morteros efectuado por una patrulla de setenta y dos hombres (enero 26, 1995), en respuesta a una infiltración peruana ya consumada en el sector Base Norte, cuyas tropas adelantaban trabajos para dejar a punto un helipuerto en la retaguardia de las fuerzas de Ecuador.
El accionar de las armas ecuatorianas conllevó la inmediata reacción militar de Perú (enero 27, 1995), que empezó sus ataques en varios puntos con el propósito de apoderarse del Alto Cenepa “y de los destacamentos ecuatorianos localizados al norte y al sur del río Santiago” (Gallardo, 2014: 233), entre los que se hallaban Cueva de los Tayos, Soldado Monge, Etza y Teniente Ortiz. Sin embargo, el Ejército Ecuatoriano – EJE fue capaz de resistir la embestida con sus tropas de tierra, apoyadas por artillería de largo alcance.
A lo largo de los días se prolongaron los combates y la arremetida peruana se extendió hacia otras posiciones de Ecuador, tales como Coangos, Cóndor Mirador, Tiwintza, La Y y La Piedra (Andrade, 2014: 111), que se saldaron con el derribo de cuatro helicópteros de Perú. A partir de febrero, las acciones en tierra empezaron a ser respaldadas por la aviación militar de Perú, que desde el aire bombardeó intensamente varios destacamentos de Ecuador. Como consecuencia, las aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana – FAE se vieron forzadas a intervenir en apoyo de las operaciones terrestres. El fuego antiaéreo ocasionó la caída de un bombardeo Camberra de la Fuerza Aérea del Perú – FAP (febrero 7, 1995) y, posteriormente, los cazas supersónicos Mirage y K-fir ecuatorianos lograron derribar dos Sukhoi y un A-37B peruanos (febrero 10, 1995). Con ello, la FAE consiguió la superioridad aérea e impidió, de esta manera, nuevas incursiones de la FAP.
El concepto táctico de las operaciones ecuatorianas
Los negativos resultados de la Guerra de Paquisha dejaron valiosas lecciones para el estamento militar ecuatoriano. Mientras que en 1981 el EJE no pudo superar los abrumadores ataques aéreos que desde la retaguardia le infligió la FAP ¾ya que sus efectivos no pudieron prever el uso de los helicópteros peruanos en la selva¾, para 1995 el conflicto encontró debidamente preparado al componente militar ecuatoriano, debido, en primer lugar, a extensas reformas estructurales que determinaron, entre otras acciones, el fortalecimiento del rol del COMACO, así como la repotenciación de los equipos y la mejora en la formación de los soldados (Iturralde y Franchi, 2016: 107).
Ecuador adoptó una defensa activa y un combate tierra-aire, aprendidos por el general Paco Moncayo gracias a su estadía como agregado militar de Ecuador en Israel, quien, en el curso del conflicto, llegó a ostentar el rango de comandante general de las fuerzas armadas; ello bajo un concepto táctico-operacional que consistió en “desgastar a las fuerzas peruanas, sin ceder las cabeceras del Cenepa y su línea general Coangos, Base Sur, Cueva de los Tayos y Cóndor Mirador” (García, 2018: 42, 43). Al respecto,
“Se identificó la importancia de la reacción oportuna, la presencia del comandante y la conducción directa de las operaciones. La acertada organización de agrupamientos proporcionó la libertad de maniobra y dotó de herramientas necesarias para emplear los medios de forma efectiva, incorporando a las Fuerzas Especiales de la Brigada PATRIA con sus comandos y paracaidistas en los diferentes frentes” (Iturralde y Franchi, 2016: 108).
Por otro lado, Ecuador explotó muy bien su relativa mayor facilidad para acceder a sus líneas de abastecimiento, debido a la proximidad que existía con poblaciones ecuatorianas y a la presencia de una carretera que, en promedio, corre paralelamente a unos quince kilómetros de la cordillera del Cóndor. Al contrario, Perú tenía dificultades para abastecerse por la lejanía con su frente ofensivo y porque las condiciones orográficas de dicha cordillera, en el lado peruano, se caracterizan por pendientes mayores al sesenta por ciento (Harvey, Rivera y Avendaño, 1996: 50) y la inexistencia de vías carrozables.
El cese unilateral del fuego
Perú, imposibilitado de controlar la zona de conflicto mediante el desalojo de los destacamentos ecuatorianos, pero incapaz también de lograr que la confrontación militar llegue a un punto muerto, anunció el cese unilateral al fuego por intermedio del presidente Fujimori (febrero 13, 1995; en vigencia desde las 00h00 de febrero 14) a la par que demandó la intervención de los países garantes del PRJ, no sin antes realizar el falso anuncio de que las fuerzas peruanas habían tomado el destacamento ecuatoriano de Tiwintza, que, para entonces, se había convertido en el símbolo de la resistencia de Ecuador[20].
Sin embargo, el cese al fuego terminó convirtiéndose en un elemento de distracción hábilmente empleado por Perú, que lo rompió a los pocos días (febrero 16, 1995) al recrudecer sus ataques para forzar la retirada de las tropas de Ecuador en la cabecera del río Cenepa; objetivo que tampoco pudo lograr pese a las grandes pérdidas humanas y materiales registradas hasta las postrimerías de febrero[21].
El reconocimiento del PRJ y la Declaración de Paz de Itamaraty
La posibilidad de no poder contener el conflicto bélico dentro de la zona no delimitada en la cordillera del Cóndor ¾que se podría traducir a una guerra generalizada en otros puntos de la frontera que no estaban disputa¾ indujo al presidente Durán-Ballén a reconocer la vigencia y validez del PRJ, dando término de esta forma a las tradicionales tesis ecuatorianas que argüían su inejecutabilidad y nulidad. Adicionalmente, se retiró de la jerga diplomática la expresión eufemística países amigos, con la que los canales oficiales de Ecuador solían aludir a Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, y se los empezó a llamar por su rol conforme al texto del PRJ: países garantes, a quienes Durán-Ballén solicitó intervenir para ponerle término al conflicto armado que desangraba a la dos naciones. De esta manera,
“[se] puso fin a una indefinición que afectaba a la credibilidad internacional del Ecuador, limitaba sus iniciativas diplomáticas y cerraba las puertas de una solución pacífica. Por su parte, el presidente Fujimori admitió que existía el problema territorial, por primera vez desde que el Ecuador suspendió la demarcación” (Hurtado, 2017: 450).
Con el beneplácito de Perú, los países garantes convocaron a una reunión de emergencia en Brasilia que derivó en la suscripción de la Declaración de Paz de Itamaraty (febrero 17, 1995), aunque por entonces los combates aún seguían un curso intenso en la cordillera del Cóndor. En el marco de dicha Declaración, las partes acordaron: (1) separar sus tropas para evitar que continúen las hostilidades y disponer que cesen los desplazamientos militares en el área de litigio; (2) acoger la recomendación que se les haga para establecer una zona totalmente desmilitarizada; (3) iniciar la desmovilización gradual y recíproca, incluso en aquellas áreas donde no hubo enfrentamientos directos; (4) Iniciar los diálogos que permitan poner término “a los impasses subsistentes”, siempre en el marco del PRJ; y, (5) aceptar el ofrecimiento de los países garantes de enviar una misión de observadores militares[22], a quienes se les encargaría la supervisión de las actividades previstas en los precedentes puntos 1, 2 y 3.
El fin de las hostilidades y los costos de la Guerra
La Declaración de Paz no bastó por sí misma para frenar los enfrentamientos en el área de disputa. Fue necesaria la suscripción, en Montevideo, de una nueva declaración (febrero 28, 1995) que hiciera efectivo el cese al fuego y la pronta concentración de las tropas en el destacamento de Coangos (Ecuador) y en el Puesto de Vigilancia Nº 1 – PV1 (Perú), tal como había sido acordado en Itamaraty.
Si bien se sucedieron algunos incidentes esporádicos hasta septiembre de 1995, la distensión entre los dos países inició un lento pero sostenido curso. Sin embargo, los costos de la defensa fueron particularmente elevados para Ecuador, considerando el tamaño de su economía a la época: alrededor de 250 millones de dólares. A ello se suma el daño irreparable determinado por la muerte de treinta y cuatro soldados, más casi un centenar y medio de heridos (El Universo, 2005: febrero 1).
Con todo, concluido este episodio bélico, se ha sostenido que
“La limitada victoria de Ecuador en el Cenepa genera un nuevo umbral en el antiguo conflicto: Ecuador ha logrado una victoria militar sobre Perú por primera vez desde la batalla de Tarqui en 1829. Los ecuatorianos integraron exitosamente las estrategias militares, operaciones y tácticas con una acertada campaña de información tanto en lo nacional, internacional (diplomacia) como en lo militar (operaciones sicológicas)” (como citado en García, 2018: 43).
Aunque aquella victoria militar ecuatoriana dio paso al reconocimiento, por parte de Perú, de la existencia de un contencioso limítrofe que el PRJ no había resuelto, los resultados de la paz que años más tarde se firmaría distaban mucho de lograr el principal objetivo al que apuntó la política territorial ecuatoriana.
Postguerra y paz definitiva
Fujimori, que logró la reelección presidencial en 1990, mantuvo viva la llamada diplomacia presidencial[23] con los presidentes ecuatorianos que le siguieron a Durán-Ballén; esto es, con Abdalá Bucaram (que en su corto mandato de apenas seis meses fue el primer presidente de Ecuador en acudir a Perú en visita oficial), Fabián Alarcón y Jamil Mahuad.
No obstante, la insistencia ecuatoriana de obtener la tan ansiada salida soberana al río Amazonas, a la que se agregó el afán de revancha de los mandos militares peruanos, puso a los dos países al borde de una nueva guerra que, de haberse dado, hubiese sido total y ya no exclusivamente focalizada en la cordillera del Cóndor. En efecto, cuatro días antes de posesionarse como presidente de Ecuador (agosto 6, 1998), Jamil Mahuad se reunió con los miembros del COMACO, quienes le informaron que
“en más de 10 puntos de la frontera con Perú las tropas de ambos países estaban tan cerca que se veían unas a otras, por lo que cualquier incidente pequeño podía desatar una nueva guerra; y otra, que la inteligencia militar ecuatoriana había descubierto planes peruanos para invadir nuestro territorio y declarar una guerra total el día 14 de agosto, cuatro días después de que yo jurara como presidente. Me quedaban ocho días para evitar esta tragedia” (Mahuad, 2018)
La situación era de tan extrema gravedad, que Fujimori debió cancelar su previamente confirmada asistencia a la posesión presidencial de Mahuad, quien, a su vez, en el discurso inaugural invitó a su homólogo peruano a firmar la paz. Este llamado, realizado desde la sede legislativa de Ecuador, marcó el punto de inflexión que evitó una guerra de imprevisibles consecuencias.
Ubicar el sitio exacto por donde debería trazarse la frontera se convirtió, nuevamente, en el quid de la cuestión. El triunfo militar ecuatoriano reivindicaba para sí que el área de Tiwintza quedara del lado ecuatoriano y, además, que fuese posible un acceso territorial desde el Cenepa hasta la cordillera del Cóndor. Estas aspiraciones, y algunas otras alternativas que permitiesen una paz con dignidad, las puso Mahuad sobre el tapete en sus diálogos directos con Fujimori, pero ninguno fue acogido[24].
Ante el estancamiento de las conversaciones, Mahuad propuso que la delimitación de la frontera se diese a través de un pronunciamiento vinculante que deberían dictarlo los jefes de estado de los países garantes. Renuente en un principio, porque el arbitraje de Dias de Aguiar era el único que Perú admitía luego de la firma del PRJ, finalmente Fujimori acogió la propuesta ecuatoriana.
Oficializado el pedido ecuatoriano-peruano, los países garantes aceptaron pronunciarse (octubre 10, 1998) bajo la condición de que los parlamentos de ambas naciones aprueben el procedimiento, como en efecto ocurrió. Una vez oficializado (octubre 23, 1998), el pronunciamiento concluyó, en lo esencial, que la frontera debía ubicarse en las altas cumbres de la cordillera del Cóndor y que, por ende, el área largamente en disputa pertenecía al territorio soberano de Perú, pero también dispuso que un kilómetro cuadrado de la zona de Tiwintza ¾que por la demarcación así decidida había quedado fuera de los límites territoriales de Ecuador¾ pasaría a ser de propiedad privada del estado ecuatoriano, para cuyos efectos el gobierno peruano le transferiría el bien, a título gratuito, con todas las facultades inherentes al dominio, excepto la de disponer.
Tres días después, Ecuador y Perú suscribían en Brasilia, a través de los presidentes Mahuad y Fujimori, el Acta Presidencial por la cual dieron término “en forma global y definitiva, a las discrepancias entre las dos Repúblicas de manera que, sobre la base de sus raíces comunes, ambas Naciones se proyecten hacia un promisorio futuro de cooperación y mutuo beneficio”, además de reafirmar “solemnemente la renuncia a la amenaza y al uso de la fuerza en las relaciones entre el Perú y el Ecuador, así como a todo acto que afecte a la paz y a la amistad entre las dos naciones”[25].
Derrota estratégica y conclusiones
Ecuador, por primera vez en su historia republicana y militar, alcanzó una victoria táctica en el que fue escenario de los encarnizados combates que libró con Perú entre enero y febrero de 1995, dado que pudo contener la arremetida de las fuerzas militares de Perú y mantener sus posiciones en tierra mediante una defensa activa, porque “una guerra en la que se utilizan las victorias para la mera defensa y no se quiera golpear a su vez sería tan absurda como una batalla en la que la más absoluta defensa (pasividad) predominase en todas las medidas” (Clausewitz, 2005: 355).
Sin embargo, las asimétricas diferencias que Ecuador tenía respecto de Perú en lo tocante a variados aspectos, tales como el económico, poblacional, territorial y, desde luego, militar[26], tornaban inviable que pudiere llevarse, hasta sus últimas consecuencias, la renegociación del PRJ sobre la base de su alegada inejecutabilidad y nulidad para lograr la salida soberana al río Amazonas, que era el objetivo político nacional defendido durante décadas.
Desde la teoría se sostiene que “la victoria en un nivel estratégico constituye una evaluación de resultados políticos” que, por ello, “está sujeta a revisión”; mientras que “las victorias tácticas y operacionales tienden a permanecer fijas debido a que poseen bases de análisis más sólidas” (Bartholomees, 2009: 72). De esta forma, se esbozan los tres niveles que la victoria puede abarcar, a saber: el táctico, el operacional y el estratégico. Aplicados esos niveles a la Guerra del Cenepa, podríamos afirmar que Ecuador se apuntó una victoria incuestionable en los dos primeros, no así en el último ¾y definitorio¾ al haber tenido que claudicar a sus inveteradas aspiraciones territoriales.
Y es que, con mucha razón, se afirma que “los éxitos tácticos y operacionales pueden generar las condiciones para la victoria estratégica, pero no son suficientes por sí mismos” (Bartholomees, 2009: 69). El caso ecuatoriano es prueba de aquello.
Referencias
Acta Presidencial de Brasilia (1998), Registro Oficial Nº 137 del 26 de febrero de 1999.
Andrade, David (2014), Herencia de Gloria. Historia del arma de infantería en el Ecuador, Sangolquí: Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE.
Bartholomees, J. Boone (2009), “Teoría de la Victoria”, en Military Review (edición hispanoamericana), Marzo – Abril 2009 Tomo LXXXIX Número 2, pp. 68-77.
Borja, Rodrigo (2003), Enciclopedia de la Política, México: Fondo de Cultura Económica.
Borja, Rodrigo (2012), Recovecos de la historia, Quito: Eskeletra Editorial.
Bremer, Juan José (2013), De Westfalia a post-Westfalia. Hacia un nuevo orden internacional, México: Universidad Autónoma de México.
Carta de las Naciones Unidas -CNNUU- (1945), Registro Oficial Nº 502 del 6 de febrero de 1946.
Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados (1933), Registro Oficial Nº 284 del 7 de septiembre de 1936.
Clausewitz, Carl von (2005), De la guerra, Madrid: La Esfera de los Libros, S. L.
Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (1970), Resolución Nº 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (vigésimo quinto período de sesiones), del 24 de octubre de 1970.
Diccionario del Español Jurídico (2019): https://dej.rae.es/lema/uti-possidetis-iuris
El Universo (2005), “Lo que la guerra del Cenepa le costó a Ecuador”, febrero 1.
Gallardo, José (2014), “Las fuerzas armadas del Ecuador: 1960-1999”, en Academia Nacional de Historia Militar, Boletín Nº 7, pp. 224-280.
García, Ruth (2018), “La formación histórica de la Defensa en Ecuador”, en Estudios en Seguridad y Defensa, 13(26), pp. 23-46.
Harvey, Hugo, Rivera, Gabriel y Avendaño, Andrés (1996), “El Conflicto Perú-Ecuador. Análisis Estratégico de la Crisis de 1995”, en Memorial del Ejército de Chile, 449/1996, pp. 43-68.
Hurtado, Osvaldo (2017), Ecuador entre dos siglos, Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial.
Iturralde, Miguel y Franchi, Tassio (2016), “El conflicto del Cenepa: Los dividendos de la paz”, en Military Review (edición hispanoamericana), Cuarto Trimestre 2016 Tomo 71 Número 5, pp. 104-112.
Jiménez, William Guillermo (2014), “Territorio y Estado. Cambios y Desafíos en la Globalización del Derecho”, en Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, vol. 9, núm. 2, julio-diciembre 2014, pp. 119-141.
López, Jimmy (2004), Ecuador – Perú: Antagonismo, negociación e intereses nacionales, Quito: Abya-Yala / Flacso, Sede Ecuador.
Mahuad, Jamil (2018), “Las confesiones de Jamil Mahuad: así logramos la paz con el Perú en 1998”, Plan V Multimedia, 29 de octubre: https://www.planv.com.ec/historias/testimonios/confesiones-jamil-mahuad-asi-logramos-la-paz-con-el-peru-1998
Mares, David y Scott, David (2012), Poder, instituciones y liderazgo en la paz y la guerra: aprendizajes de Perú y Ecuador, Quito: Flacso, Sede Ecuador.
Orellana, Gonzalo (1988), “La batalla de Tarqui”, en Crespo, Hernán, Salvador, Jorge y Villalba, Jorge (Coords.), Historia del Ecuador, Vol. 5, Barcelona: Salvat Editores Ecuatoriana, pp. 189-205.
Pareja, Alfredo (1988), “Los gobiernos de la plutocracia y las nuevas ideas”, en Crespo, Hernán, Salvador, Jorge y Villalba, Jorge (Coords.), Historia del Ecuador, Vol. 7, Barcelona: Salvat Editores Ecuatoriana, pp. 39-93.
Pino, Víctor (1993), Síntesis Biográfica del Sr. Dr. Dn. Carlos Alberto Arroyo del Río, Presidente Constitucional del Ecuador (1940-1944), Guayaquil: Edino.
Pinto, Luiz Magno (2015), “Territorialidad, Soberanía y Constitución: Las Bases Institucionales del Modelo de Estado Territorial Soberano”, en Revista de Derecho Constitucional Europeo, Año 12, Número 23, Enero-Junio de 2015, pp. 121-137.
Protocolo de Paz y Límites entre Ecuador y Perú – PRJ (1942), Registro Oficial Nº 516 del 14 de mayo de 1942.
Ramírez, Germán (2008), “El ejercicio de la soberanía territorial de acuerdo con los tratados y principios del derecho internacional. El caso colombiano”, en Revista Derecho del Estado n.º 21, diciembre de 2008, pp. 121-143.
Reig, José (1988), “La Real Audiencia de Quito. Fundación y Competencias”, en Crespo, Hernán, Salvador, Jorge y Villalba, Jorge (Coords.), Historia del Ecuador, Vol. 3, Barcelona: Salvat Editores Ecuatoriana, pp. 237-242.
Rodríguez, John (2008), Las Operaciones Navales durante el conflicto con el Ecuador de 1941: apuntes para su historia, Callao: Marina de Guerra del Perú.
Rosseau, Jean-Jacques (2007), El Contrato Social, Madrid: Edimat Libros.
Saucedo, José (2005), “El Estado transicional”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVIII, núm. 112, enero-abril de 2005, pp. 223-271.
Tobar, Julio y Luna, Alfredo (1982), Derecho Territorial Ecuatoriano, Quito: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Vogler, Bernard (1986), “La guerra de los Treinta Años”, en Vovelle, Michel (Dir.), Historia Universal, Volumen VI, Barcelona: Salvat Editores, S. A., pp. 157-165.
[1] Las cláusulas territoriales de los tratados firmados el 24 de octubre de 1648, junto con las de índole religioso y político, pasaron a conformar un cuerpo de leyes fundamentales y perennes, que permitieron el funcionamiento del Sacro Imperio hasta que se disolvió en 1805. Particularmente, en lo que atañe a las cláusulas territoriales, ellas dieron paso a la “superioridad territorial (Landeshoheit) [que] fue proclamada derecho, y se reconocieron a los príncipes los poderes soberanos, singularmente el derecho de alianza con potencias extranjeras, con exclusión de las dirigidas contra el emperador o el Imperio, lo que favorecería las actividades estatales” (Vogler, 1986: 164).
[2] El concepto no pudo elaborarse durante la Edad Media porque “el régimen feudal, fundado sobre la parcelación territorial, jurídica, política y económica de los grandes centros imperiales de la Antigüedad para formar numerosas pequeñas organizaciones autónomas, regidas por señores feudales, así como las ambiciones de mando de la Iglesia, que disputó al gobierno civil el ejercicio del poder político, fueron factores incompatibles con las concepciones de Estado y de soberanía, que suponen una estructura unitaria, permanente e indivisa de la sociedad política y una clara delimitación entre el poder civil y religioso” (Borja, 2003: 1283).
[3] La soberanía, a su vez, se manifiesta en dos planos distintos: dentro del estado y en la comunidad internacional. En el primer plano, puede ser definida “como una potestad (…) absoluta, exclusiva, indivisible, originaria y suprema, de ejercer el mando, de hacer y deshacer el derecho y de atribuir e instituir el poder, conforme a una ideología que la legitima y consolida, y en la que sustenta su razón de ser” (como citado en Ramírez, 2008: 123). En el plano internacional, por su parte, la soberanía sirve para atribuirle estatalidad o condición jurídica de estado a una determinada organización jurídica y política establecida dentro de un territorio (Ramírez, 2008: 124).
[4] Adoptada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933, con ocasión de la Séptima Conferencia Internacional Americana. Ecuador, que fue uno de los veinte países signatarios, la ratificó el 24 de junio de 1936. Perú nunca ha ratificado la CDDE e incluso hizo reservas respecto de su artículo 11, debido a que varios estados, en aquel entonces, no habían aún suscrito el Tratado Antibélico de No-Agresión y de Conciliación de Río de Janeiro, del 10 de octubre de 1933.
[5] Firmada en San Francisco, California, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945.
[6] Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, dada por resolución Nº 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU, del 24 de octubre de 1970.
[7] Definido como la “[r]egla general de derecho internacional aplicable en la determinación de las fronteras de los Estados nacidos de un proceso descolonizador, que reconoce y acepta como fronteras internacionales, en la fecha de la sucesión colonial, tanto las antiguas delimitaciones administrativas establecidas dentro un mismo imperio colonial como las fronteras ya fijadas entre colonias pertenecientes a dos imperios coloniales distintos” (Diccionario del Español Jurídico, 2019).
[8] En el Derecho Territorial del Ecuador se ha sostenido que el Tratado de Guayaquil tuvo su cabal ejecución a través del Protocolo Pedemonte – Mosquera, que habría sido suscrito en Lima el 11 de agosto de 1830 entre Colombia y Perú, pero cuyo texto estuvo traspapelado durante décadas y no fue hallado hasta los primeros años del siglo XX. Al respecto, hay que destacar que Perú siempre impugnó su eficacia porque, entre otras razones, mal podía Colombia, en pleno proceso de disolución, haber suscrito un protocolo que se refería a una porción de territorio que, a la fecha y ya de hecho, había dejado de estar bajo su control y soberanía debido a la separación del Distrito del Sur.
[9] Una de las principales motivaciones que Perú argüía para oponerse a las pretensiones territoriales ecuatorianas, radicaba en que, más allá de los títulos jurídicos blandidos por Ecuador, importaba más la posesión de facto que el estado peruano ya ejercía sobre los territorios que eran reivindicados por su norteño vecino.
[10] Este acuerdo consta del protocolo suscrito en Lima el 6 de julio de 1936, en el cual las partes acordaron que, hasta tanto se expida el laudo del Presidente de los Estados Unidos, “mantendrían el statu-quo de sus actuales posiciones territoriales (…) sin que ello implique reconocimiento por una de las Partes al derecho de la otra a los territorios actualmente poseídos” (como citado en Tobar y Luna, 1982: 186).
[11] Naturalmente, así como controversial ha sido la historia de límites entre ambas naciones, es también motivo de controversia determinar quién provocó el inicio de las hostilidades. La versión ecuatoriana señala a Perú como el iniciador, mas la versión peruana afirma “que el 5 de julio fuerzas ecuatorianas habían atacado en forma simultánea las posiciones peruanas de Aguas Verdes, Pocitos, Las Palmas y Lechugal, siendo repelidas por las peruanas” (Rodríguez: 2008).
[12] El nivel de atraso en Ecuador era, por entonces, tan generalizado, “que el canciller Tobar no pudo consultar con el presidente de la República la decisión final que se aprestaba a tomar en el Palacio de Itamaraty de la cancillería brasileña, porque Quito carecía de servicios telegráficos internacionales” (Hurtado, 2017: 441).
[13] El PRJ fue aprobado por el Congreso Nacional del Ecuador el 26 de febrero de 1942 y ratificado por el Presidente de la República dos días más tarde. El canje de ratificaciones se dio en la ciudad de Petrópolis, Brasil, el siguiente 31 de marzo.
[14] Varias son las razones de índole jurídico que argumentó Ecuador para sostener la tesis de la nulidad; entre ellas: (i) la existencia del factor fuerza, debido a que a la fecha de la suscripción del PRJ su territorio estaba invadido, lo que le indujo a firmarlo bajo coacción armada; y, (ii) la presencia del error geográfico, que es también sustento de la ya expuesta tesis de la inejecutabilidad.
[15] La orden fue dada por Galo Plaza Lasso, a la sazón presidente de la República. Dos años más tarde, Plaza ordenó el retiro de Ecuador de la Comisión de Demarcación (Mares y Scott, 2012: 59, 60).
[16] “Las fuerzas armadas peruanas ocupaban el tercer lugar (entre 10) por su número de efectivos, 92.000, y el quinto (entre 10) por sus gastos militares. Perú renovó gran parte de su equipo con material de procedencia soviética debido a su alta tecnología, bajos precios y mejores condiciones de pago” (López, 2004: 95).
[17] En 1943, mientras se realizaba la demarcación limítrofe, surgió entre Perú y Ecuador una controversia relativa al trazo exacto que debía aplicarse para la línea señalada en el numeral 1º de la letra B) del artículo VIII del PRJ, esto es, en la cordillera del Cóndor. Como las comisiones demarcadoras de los dos países no pudieron ponerse de acuerdo, sometieron su diferendo a la decisión arbitral del brasileño Braz Dias de Aguiar, capitán de Mar y Guerra, quien, en su laudo expedido en julio de 1945, determinó cómo debería definirse la frontera. Para Perú, esta decisión resolvió definitivamente aquel punto pendiente, pero Ecuador alegó, unos años después, que mal podía dicho laudo ejecutarse, porque a la fecha de su expedición no se había considerado la existencia del río Cenepa, descubierto en 1947.
[18] Y ello “pese a que la dictadura desde 1976 había renovado el armamento obsoleto y contaba ahora con una tecnología militar de alto valor, [pero] militarmente estaba virtualmente estancado” (García, 2018: 36).
[19] Del incidente de 1991 se derivó un acuerdoque permitió la separación de las fuerzas dos kilómetros por cada lado, además del establecimiento de una cartilla de seguridad que determinaba los procedimientos a seguir para evitar enfrentamientos entre las fuerzas (Iturralde y Franchi, 2016: 107).
[20] Apenas entró en vigencia el cese al fuego unilateralmente concedido por Perú, el EJE permitió que la prensa ecuatoriana e internacional acceda al destacamento de Tiwintza. Con el apoyo de equipos de geoposicionamiento satelital, se pudo constatar que dicho destacamento seguía en poder de las tropas de Ecuador y que las coordenadas eran las mismas que se habían notificado a los países garantes del PRJ.
[21] En la historia militar de Ecuador, el 23 de febrero de 1995 ha quedado registrado como el Miércoles Negro, día en que las fuerzas peruanas de élite atacaron por la retaguardia a soldados ecuatorianos que acaban de relevar a un pelotón de fuerzas especiales. En aquella fecha Ecuador registró el mayor número de bajas en un solo día: trece muertos.
[22] MOMEP fue el acrónimo que adoptó esta organización, oficialmente denominada Misión de Observadores Militares de Ecuador y Perú.
[23] Término que fue acuñado para designar a los diálogos directos que mantuvieron los jefes de estado de los dos países durante la postguerra, y que coadyuvaron a la construcción de aquella mutua confianza que, a la postre, fue determinante para alcanzar la paz definitiva.
[24] Entre ellas constaba la de crear un parque binacional de administración internacional en la zona limítrofe, pero sin necesidad de fijar hitos fronterizos para evitar un “procedimiento que dejaba ganadores y perdedores” (Mahuad, 2018).
[25] Números 1 y 4 del Acta Presidencial de Brasilia.
[26] Hacia 1998, la población de Perú duplicaba a la ecuatoriana; su economía, que era tres veces mayor, crecía al doble de la de Ecuador, mientras que sus reservas internacionales de divisas eran seis veces mayores. Además, el territorio de Perú es cinco veces más grande y, para ese año, había adquirido equipo militar y aviones MiG de Bielorrusia (Mahuad, 2018).
Editado por: Global Strategy. Lugar de edición: Granada (España). ISSN 2695-8937