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La necesidad de unidad de mando: el caso del Protectorado de Marruecos, 1909-1927

https://global-strategy.org/la-necesidad-de-unidad-de-mando-el-caso-del-protectorado-de-marruecos-1909-1927/ La necesidad de unidad de mando: el caso del Protectorado de Marruecos, 1909-1927 2020-07-17 07:27:00 Francisco Escribano Bernal Blog post War Studies Historia militar de España
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España tuvo que afrontar entre 1909 y 1927 una larga y complicada guerra para consolidar su control sobre la zona norte del Protectorado de Marruecos. Entre las causas de tal duración, mucho mayor de la previsible, puede aducirse la compleja y variable estructura político-administrativa y militar, que dificultó mantener una estrategia coherente y a medio plazo.

Las sucesivas conferencias y tratados que pretendían fijar las zonas de influencia de las potencias europeas en Marruecos condujeron al aumento de tensiones y finalmente a la campaña militar en torno a Melilla de 1909. Como consecuencia de la misma, en junio del año siguiente se creó en dicha ciudad una Capitanía General análoga a las existentes en el resto del territorio nacional, mientras que Ceuta contaba con un simple Gobierno Militar, suficiente para gestionar las necesidades de la guarnición de la plaza, pero no para un posible incremento de sus competencias y área de responsabilidad. La heterogeneidad organizativa aumentó en junio de 1911, cuando se ocupó Larache con una fuerza expedicionaria a la que no se le dio entidad jurídica, por considerarse “circunstancial y transitoria”.

Posteriormente, con la firma del Convenio fijando la respectiva situación de España y Francia en Marruecos, en noviembre de 1912 se instauraba formalmente el Protectorado. Para dotarlo de un apoyo militar, en diciembre se homogeneizaron las estructuras de mando de Melilla y Ceuta, creando sendas Comandancias Generales, cada una a cargo de un general de división, y tres meses después una tercera en Larache, si bien mandada por un general de brigada. Para la administración del Protectorado, el Convenio establecía la figura de un Alto Comisario, dependiente del ministerio de Estado, cuyas funciones y atribuciones quedaron fijadas por un decreto a finales de febrero de 1913; el cargo fue asignado al teniente general Felipe Alfau, quien venía de ser Comandante General de Ceuta. Casi de inmediato ocupó pacíficamente Tetuán (capital del Protectorado) e intentó ejercer el mando único sobre todos los órganos civiles y militares españoles para ampliar la zona bajo su control. A ello no le ayudó en absoluto la publicación simultánea de sendas órdenes de los ministros de Estado y Guerra, que establecieron una confusa estructura. Aunque el Alto Comisario recibía la consideración de  “inspector general de todas las fuerzas” y contaba con un gabinete militar (dotado “con el personal estrictamente necesario”), no se ponían taxativamente las unidades del Ejército bajo sus órdenes y los comandantes generales retenían un alto grado de autonomía y podían despachar directamente con el ministro de la Guerra. El resultado fue la confusión, los malentendidos y los choques personales que llevaron a la dimisión de Alfau en agosto de ese mismo año. Su sucesor, el teniente general José Marina, también hubo de dimitir en 1915, en este caso por unos incidentes causados por el Comandante General de Larache, Manuel Fernández Silvestre.

A fin de paliar estos problemas, al siguiente Alto Comisario, el teniente general Francisco Gómez Jordana, se le designó “General en Jefe del Ejército de España en África” en julio de 1915, con lo que se instauró un mando único un permitió una mejor coordinación de las operaciones, centradas en el entorno de Tetuán. Sin embargo, no se le dotó de un cuartel general propiamente dicho, aunque en algunos documentos se le daba tal denominación a su gabinete. En lo referente a las funciones civiles, en enero de 1916 se aprobó el Reglamento general orgánico para la administración del Protectorado, que fortalecía su posición, siempre dependiente del ministerio de Estado, aunque también fijando que “se consideran desde luego autorizadas las relaciones directas que las Autoridades militares y navales españolas mantengan con los Ministerios de la Guerra y de Marina en asuntos de carácter exclusivamente militar”. El prestigio y laboriosidad de Gómez Jordana permitieron una acción eficaz, ralentizada por el contexto de guerra europea y los problemas socio-políticos de nuestro país.

Pero a su fallecimiento, en noviembre de 1918, el Gobierno se planteó la posibilidad de nombrar a un civil para el cargo y decretó la desaparición de la figura del General en jefe, decidiendo en su lugar la creación de dos agrupaciones “bajo el mando directo e inmediato de los comandantes generales de Melilla y Ceuta”. Además se determinaba que “la Comandancia general de Larache conservará por ahora su organización y separación administrativa y judicial; pero en el orden de actuación política y militar quedará bajo la dependencia inmediata de la Comandancia general de Ceuta”. Para aumentar la confusión, se establecía que los comandantes generales debían acatar las instrucciones que les llegaran del Alto Comisario, pero podían despachar directamente con el ministro de la Guerra. En definitiva, se descentralizaba el mando sobre las fuerzas militares y se obligaba al máximo representante del Gobierno a tratar directamente con varios interlocutores.

El responsable de tal cambio normativo había sido el ministro de la Guerra, general de división Dámaso Berenguer. Y se dio la circunstancia de que a finales de enero de 1919 fue nombrado Alto Comisario, la figura que había debilitado. Para amparar sus relaciones con los comandantes generales (con quienes compartía empleo militar, pero eran mucho más antiguos que él y llevaban varios años en el cargo), se decretó que ejerciera la inspección sobre las autoridades y servicios civiles, militares y navales, tanto del Protectorado como de los territorios de soberanía española. La situación dio un nuevo giro en julio, cuando fue designado Comandante General de Ceuta el carismático Fernández Silvestre, subordinado a su amigo y compañero de promoción Berenguer… y más antiguo que él en el escalafón. De ahí que simultáneamente se aprobara un nuevo decreto concretando las atribuciones del Alto Comisario en su función inspectora en operaciones, asuntos y fuerzas indígenas, organización y recompensas. Siguieron existiendo problemas de relaciones y atribuciones, en parte paliados cuando en enero de 1920 se designó a Silvestre como Comandante General de Melilla, más lejos de Berenguer y en un teatro de operaciones entonces secundario.

Aun así, fue preciso un nuevo decreto (el 1 de septiembre), en cuya exposición de motivos se reconocía la existencia de imprecisiones y fallos en la unidad de acción, por lo que se otorgaba al Alto Comisario, “mientras sea un general”, el mando de todas las fuerzas militares. Tales disposiciones parecieron mostrar su eficacia al consumarse la toma de Xauén, en octubre de ese mismo año, y es de resaltar que tal esquema normativo se mantuvo en vigor varios años, pese a que tuvieran lugar el Desastre de Annual y la posterior campaña de reconquista. Quizá se debiera a que la prioridad absoluta eran las operaciones militares, dejando en segundo lugar cualquier acción “protectora”. En cualquier caso, la inestabilidad institucional llevó a que en dos años se sucedieran seis comandantes generales de Melilla.

En enero de 1923, con ocasión de nombrar a un civil como Alto Comisario volvió a desaparecer el cargo de General en Jefe del Ejército de Marruecos y se crearon dos agrupaciones (Oriental y Occidental). Una vez más se preservaba la autonomía de los comandantes generales y se desechaba la posibilidad de contar con una figura que coordinara las acciones militares en todo el territorio. Todo cambió con ocasión del golpe de Miguel Primo de Rivera de septiembre de 1923, cuando se volvió a otorgar el puesto de Alto Comisario a un militar, el teniente general Luis Aizpuru, se recuperó para él la figura de General en Jefe y se le dotó de un cuartel general propio. Y en enero de 1924 se dio un paso fundamental, al crearse en la propia presidencia del Directorio (Gobierno) una “Oficina de Marruecos” que asumía las funciones antes desarrolladas por los ministerios de Estado y Guerra y hacer depender al Alto Comisario del presidente del Gobierno. La culminación de esa centralización de mando llegó en octubre de ese año, cuando el propio Dictador asumió el cargo de Alto Comisario, que ostentó durante los doce meses en que tuvieron lugar el repliegue a la Línea Estella y el desembarco de Alhucemas, tras el cual designó para ese puesto al teniente general José Sanjurjo. Una vez terminadas las operaciones, en octubre de 1927 se procedió a una reorganización, creando las figuras del “Jefe superior de las fuerzas militares en Marruecos” y del “General [de división] segundo Jefe”, al tiempo que se sustituían las comandancias por cuatro circunscripciones mandadas por generales de brigada. De esa forma se establecía una auténtica cadena jerárquica militar.

Como se puede ver, durante catorce años hubo numerosos cambios en la estructura político-militar del Protectorado, que favoreció las intromisiones y la corrupción, al tiempo que dificultaba la creación de procedimientos normalizados en el planeamiento y el establecimiento de una línea estratégica a medio plazo. Como resultado, las competencias y posibilidades de actuación del Alto Comisario no se basaban tanto en su potestas institucional como en su auctoritas y contactos personales. Sólo a finales de 1923 se consiguió la adecuada unidad de mando (aun cuando se llegara a la excesiva acumulación de cargos en Primo de Rivera), que permitió cerrar la guerra y sentar las bases para ejercer de forma efectiva la “protección” del norte de Marruecos.

Texto basado en el artículo del mismo autor “El Ejército español en África”, publicado en Desperta Ferro Contemporánea, 30 (El desastre de Annual), pp. 6-11.

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Francisco Escribano Bernal

Coronel de Caballería y Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza. Ha ejercido la docencia en la Academia General Militar y actualmente es profesor del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. Especializado en la conflictividad de la primera mitad del siglo XX, es miembro del grupo de investigación H24_20R “Historia de Europa en el s. XX: sociedad, política y cultura”, reconocido por el Gobierno de Aragón.

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