Estos días ha saltado a la prensa una noticia que ha levantado cierta polémica. La Unión Europea ha recibido, de forma discreta, a una delegación del régimen talibán para discutir sobre deportaciones de afganos en situación irregular, especialmente de los condenados por delitos graves. La Unión Europea no reconoce al régimen de Kabul pero, de esta manera, le atribuye una capacidad de interlocución que parece contradecir esa falta de reconocimiento. Esta actitud, común a muchos otros actores internacionales, merece una reflexión.
Desde agosto de 2021, ningún Estado ni organización internacional ha reconocido formalmente al régimen talibán como gobierno legítimo de Afganistán. Esta postura se sustentó en un consenso internacional informal según el cual dicho reconocimiento dependería del cumplimiento de condiciones específicas en materia de inclusión política, lucha contra el terrorismo y derechos de las mujeres. Sin embargo, este consenso se ha ido erosionando en la medida en que cada vez más actores internacionales han ido materializando relaciones pragmáticas con quienes son de hecho las autoridades de facto en Afganistán. En consecuencia, ha surgido una “nueva normalidad” caracterizada por una mayor presencia diplomática en Kabul y por el nombramiento de representantes talibanes en legaciones en el extranjero. En este contexto, la postura de cada vez más actores internacionales ha ido transitando desde la aspiración a un cambio de régimen hacia la esperanza de una transformación gradual del mismo. Esta esperanza trata de materializarse a través de la actuación de actores regionales y de mecanismos de diplomacia discreta que permitan una paulatina reintegración internacional de Afganistán, siempre de forma discreta, sin pasar por el reconocimiento de sus actuales autoridades de facto.
Durante este tiempo, también en el plano interno se han registrado transformaciones relevantes. En primer lugar, el régimen talibán ha logrado mejorar los niveles de seguridad interior. Asimismo, ha intensificado sus operaciones contra el autodenominado Estado Islámico en la Provincia de Jorasán, presente en algunas zonas del país y con capacidad de ejecutar atentados terroristas incluso en la capital. Empañan estos logros en al campo de la seguridad la persistencia en la persecución selectiva de responsables del anterior régimen y su actitud hacia los talibanes paquistaníes, tolerados en su territorio, desde el que actúan regularmente contra Paquistán.
En los planos económico y humanitario, cabe decir que la gestión de los nuevos responsables políticos no ha sido tan desastrosa como se anticipaba. El mantenimiento de un cierto nivel de ayuda humanitaria, los menores gastos en defensa y seguridad y una drástica reducción de la corrupción, unidos a una gestión apoyada en técnicos procedentes de la anterior administración han permitido que Afganistán no haya caído en el desastre humanitario que muchos anticipaban. No obstante, la situación económica y humanitaria de Afganistán dista de poderse calificar como saneada. Entre otras cosas, porque sus finanzas y la satisfacción de las necesidades básicas de su población siguen dependiendo en gran medida de la ayuda internacional. Millones de personas padecen inseguridad alimentaria aguda y una proporción significativa de los hogares no logra satisfacer sus necesidades básicas, lo que subraya la fragilidad estructural del país.
En lo que respecta a la situación política interna, el régimen talibán puede calificarse como una dictadura que no respeta los derechos políticos de sus ciudadanos ni admite ningún tipo de disidencia interna, reprimiendo con dureza cualquier manifestación de oposición policía al régimen. La represión de la disidencia política y de las minorías étnicas en Afganistán ha sido una constante a lo largo de su historia reciente, intensificándose especialmente bajo los dos períodos de gobierno de los talibanes. La ausencia de libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de asociación, ha provocado que cualquier forma de oposición sea castigada con detenciones arbitrarias, violencia o desapariciones forzadas. Las minorías étnicas, como los hazaras, han sufrido de manera particular esta represión. Históricamente marginados y, en muchos casos, perseguidos por motivos religiosos y culturales, han sido objeto de ataques, discriminación sistemática y exclusión de la vida política y social. En conjunto, la represión en Afganistán refleja un entorno donde el control político se impone sobre los derechos humanos, limitando seriamente la diversidad, la participación y la convivencia pacífica entre sus distintos grupos sociales.
En un contexto geopolítico crecientemente complejo, marcado por conflictos en Ucrania, Palestina e Irán, las potencias occidentales muestran escaso interés en promover un cambio de régimen mediante el uso de la fuerza. En su lugar, se perfila una estrategia orientada a la “transformación del régimen”, en la que los países de la región, particularmente aquellos con presencia diplomática en Kabul o que acogen representantes talibanes, desempeñan un papel clave. De estos actores se espera que ejerzan presión para moderar las políticas más lesivas para los derechos de los afganos, particularmente de las afganas. Dada la participación irregular de los talibanes en foros multilaterales abiertos, la denominada “diplomacia silenciosa”, a través de diálogos informales y confidenciales, emerge como un instrumento potencialmente eficaz para facilitar su reintegración internacional.
Presencia diplomática en Kabul
A pesar de no reconocer formalmente a las nuevas autoridades, diversos Estados mantienen presencia diplomática activa en Kabul, en su mayoría a través de encargados de negocios. Entre ellos se encuentran China, el único con un embajador acreditado, aunque sin que ello implique un reconocimiento formal pleno. Paquistán, Irán, Rusia, Qatar y Turquía no han acreditado embajador, pero mantienen la legación diplomática abierta con un encargado de negocios. Asimismo, India ha reabierto su representación con un equipo técnico y diplomático, mientras que Indonesia, Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán también sostienen misiones activas. Por otro lado, algunos países han optado por una presencia más limitada o parcialmente reactivada. Este es el caso de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Este último ha reabierto su embajada en 2024. En el ámbito multilateral, la Unión Europea mantiene una oficina diplomática que, si bien no corresponde a una embajada en sentido clásico, desempeña funciones representativas relevantes. De igual manera, las Naciones Unidas cuentan con una presencia significativa sobre el terreno, reflejando su papel destacado en el contexto local.
Hacia la reintegración de Afganistán en la comunidad internacional
Hasta la fecha, el liderazgo talibán ha mostrado escasa disposición a flexibilizar sus posturas en relación con la gobernanza inclusiva y los derechos de mujeres y niñas, lo que plantea dudas sobre su interés real en obtener reconocimiento internacional. El movimiento relaciona las demandas externas de inclusión con el interés por conseguir que los aliados afganos de los demandantes participen en el reparto de poder. En esta línea se interpretarían las demandas de inclusión de figuras políticas del periodo anterior (2001–2021) o de no pastunes en puestos relevantes de la administración. También acusa a la comunidad internacional de tratar de imponer un sistema político ajeno a las tradiciones afganas y, por supuesto, a la sharía. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por su parte, han enfatizado la necesidad de establecer mecanismos de participación efectiva, sin imponer necesariamente modelos occidentales de democracia liberal. Se aceptaría así un modelo de participación basado en las asambleas tradicionales, algo que se empezó a aceptar en la fase final del régimen anterior.
El régimen talibán, por su parte, sostiene que su estructura es inclusiva debido a la presencia de diversas etnias y a la continuidad de parte del aparato administrativo heredado. No obstante, tanto actores afganos no talibanes como la comunidad internacional consideran insuficientes estos argumentos. Además, los talibanes han evitado en gran medida el diálogo con líderes políticos en el exilio, lo que limita las posibilidades de reconciliación nacional. Debe tenerse en cuenta que las dinámicas internas del movimiento tampoco son monolíticas. Existen divergencias, especialmente en torno a asuntos como la educación de las niñas. Sin embargo, hasta el momento, estas discrepancias han sido progresivamente silenciadas por el liderazgo supremo. Este fenómeno evidencia una tendencia hacia la centralización autoritaria y la reducción del pluralismo interno.
En materia de seguridad, aunque los talibanes afirman haber restringido la actividad de grupos terroristas, diversas organizaciones, incluyendo Al Qaeda y el Tehrik-e-Taliban Paquistán, lo cierto es que continúan presentes en el país. Episodios como la eliminación del líder de Al Qaeda, Al Zawahiri, en Kabul en 2022 ponen de relieve la persistencia de vínculos entre redes yihadistas y sectores del régimen. En el caso de los talibanes paquistaníes, la tolerancia de Kabul hacia este grupo, que ha logrado desarrollar un santuario seguro en territorio afgano, ha creado fricciones crecientes con Islamabad. A principios de 2026, estas tensiones llevaron a una situación de conflicto armado entre ambos países. En mayor o menor medida, también hay presencia más o menos tolerada en territorio afgano de grupos terroristas uzbekos y uigures. Por último, aunque el Estado Islámico ha sido debilitado, mantiene capacidad operativa residual.
Dentro aun del ámbito de la seguridad, el régimen ha implementado políticas efectivas de control del narcotráfico, logrando una reducción drástica en la producción de opio. Sin embargo, esta estrategia carece de alternativas económicas sostenibles para los agricultores, mientras se observa un aumento preocupante en la producción de metanfetaminas, lo que introduce nuevas dinámicas ilícitas en la economía afgana.
En el plano económico, aunque sea cierto que Afganistán dispone de un notable potencial en recursos estratégicos, la explotación efectiva de estos recursos se ve limitada por condicionantes estructurales persistentes, como la inestabilidad política, la debilidad institucional, la falta de infraestructuras adecuadas y la incertidumbre normativa. Estos factores reducen la viabilidad de proyectos de gran escala y aumentan los costes de inversión y operación. En este contexto, los intentos de desarrollo de proyectos extractivos y energéticos reflejan una tensión entre las expectativas económicas asociadas al potencial del país y las dificultades prácticas para materializarlas. En consecuencia, la cooperación económica internacional en Afganistán se configura como un proceso incierto, en el que las oportunidades de inversión están fuertemente condicionadas por la estabilidad interna y por la capacidad del país para ofrecer un entorno regulatorio y logístico adecuado. La posibilidad de acceder a estos recursos, hace que algunos actores regionales, particularmente China, apuesten claramente por la estabilidad de Afganistán.
Podemos concluir que una combinación de intereses geopolíticos y realismo diplomático conducen hacia una cierta normalización de las relaciones exteriores de Afganistán. Esta situación deriva, en primer lugar, de la necesidad de fomentar la estabilidad regional: Afganistán es clave para la seguridad de Asia Central y del sur, especialmente en relación con el terrorismo y el tráfico de drogas. En segundo lugar, para los vecinos de Afganistán resulta primordial abordar con las autoridades de Kabul el problema que representan los desplazamientos de afganos hacia sus territorios, sean migrantes o refugiados. Irán y Paquistán ya soportan millones de refugiados. En tercer lugar, la gestión de la ayuda humanitaria y de la ayuda internacional en general requieren algún tipo de interlocución con las autoridades de facto. Por último, las relaciones de vecindad en aspectos como los flujos comerciales o la gestión del agua, abogan por unas relaciones fluidas entre actores regionales.
Este enfoque pragmático explica por qué, aunque sin reconocimiento formal, algunos países mantienen canales de comunicación abiertos con el régimen talibán.
La “nueva normalidad” diplomática
La ausencia de reconocimiento formal contrasta con la creciente interacción diplomática. A diferencia de su primer periodo en el poder (1996–2001), cuando fue reconocido por un número limitado de Estados, el actual régimen participa en una red más amplia de relaciones informales. Países como China, Irán, Rusia y varios Estados de Asia Central han establecido o mantenido presencia diplomática en Kabul, respondiendo a imperativos geopolíticos como la seguridad fronteriza, el comercio regional y la contención del extremismo.
Estados Unidos y el Reino Unido, por su parte, gestionan sus relaciones con Afganistán desde Doha, mientras que otros países utilizan canales indirectos a través de terceros Estados. Esta configuración refleja un delicado equilibrio entre la necesidad de relacionarse con las autoridades de facto y la evitación de una legitimación formal del régimen.
En paralelo, los talibanes han incrementado su presencia diplomática internacional, designando representantes en múltiples países y buscando consolidar su estatus como interlocutor legítimo. Asimismo, han mostrado interés en la cooperación económica, promoviendo inversiones y proyectos regionales, como el desarrollo del puerto iraní de Chabahar, con el objetivo de diversificar sus vínculos comerciales y reducir su dependencia estructural de Paquistán.
Los Estados del Golfo, especialmente Catar, han desempeñado un papel central como mediadores y facilitadores del diálogo, consolidando su posición como actores diplomáticos clave en la cuestión afgana. Este protagonismo se inscribe en una competencia geopolítica más amplia por la influencia en Asia Central y Meridional.
En general, la comunidad internacional no ha adoptado una estrategia uniforme, pudiendo distinguirse tres enfoques complementarios:
No reconocimiento formal: La mayoría de Estados occidentales, incluidos la UE y Estados Unidos, han evitado reconocer al gobierno talibán, condicionando cualquier avance a mejoras en derechos humanos y gobernanza. El Consejo de la UE ha condenado explícitamente las “violaciones sistemáticas de derechos humanos” y la discriminación de género.
Compromiso humanitario sin reconocimiento político: A pesar del aislamiento diplomático, la ONU y ONG internacionales continúan operando en el país para evitar el colapso humanitario. Este enfoque busca separar la asistencia a la población del reconocimiento del régimen.
Debate sobre la reintegración gradual: En paralelo, se ha abierto un debate incipiente sobre la necesidad de una “reintegración condicionada”. Algunas agencias de la ONU han sugerido la posibilidad de reanudar gradualmente la cooperación internacional si los talibanes cumplen ciertos compromisos básicos. En esta línea, incluso se han planteado foros diplomáticos en Doha para explorar mecanismos de reintegración progresiva.
El mayor freno a la reintegración es normativo y político. Diversos informes de la ONU advierten que el régimen ha instaurado un sistema de exclusión estructural de mujeres y minorías, descrito por algunos expertos como una forma de “apartheid de género” en el debate público. Además, se ponen de manifiesto restricciones severas a la educación femenina; prohibición o limitación del trabajo de mujeres en ONG y administración; represión de la disidencia y detenciones arbitrarias, y marginación de minorías étnicas y religiosas. Estas políticas hacen que muchos Estados consideren que una normalización plena implicaría legitimar violaciones graves del derecho internacional.
El caso de China
Durante el período 2001-2021, Pekín apoyó al régimen de Kabul esperando que este lograra alcanzar la estabilidad necesaria para poder explotar su riqueza y utilizar su territorio como etapa de su nueva ruta de la seda. Sin embargo, cuando empezó a hacerse patente que los talibanes iban a jugar un papel más o menos protagonista en el futuro de Afganistán, China comenzó a cortejar al grupo insurgente, otorgándole la categoría de interlocutor. Una vez instalados en el poder, Pekín se ha mostrado como su mejor valedor en el ámbito internacional.
El interés de China en mantener relaciones estables con el régimen talibán en Kabul responde a una combinación de factores estratégicos, económicos y de seguridad. Desde la toma de poder de los Talibán en 2021, Pekín ha adoptado una postura pragmática orientada a preservar la estabilidad regional y proteger sus intereses a largo plazo en Afganistán.
En primer lugar, destaca la dimensión de seguridad. China teme que la inestabilidad afgana pueda favorecer la actividad de grupos extremistas con posibles vínculos en la región de Sinkiang, donde el gobierno chino mantiene una política especialmente sensible frente al separatismo. En este sentido, la cooperación con el régimen talibán busca garantizar que Afganistán no se convierta en un santuario para movimientos insurgentes que puedan afectar a la seguridad interna china.
Para Pekín resulta fundamental que Afganistán no se convierta en un santuario del Movimiento Islámico de Turquestán Oriental (ETIM), una organización yihadista uigur fundada con el objetivo de convertir en un Estado independiente la Región Autónoma Uigur de Sinkiang. China considera al ETIM una amenaza potencial no solo para su seguridad interna, sino también para su ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) en Asia Central y el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC). La provincia de Sinkiang, a la que el ETIM se refiere como «Turquestán Oriental», es una región de importancia estratégica por las rutas comerciales que la atraviesan. Además, tiene una frontera de 76 kilómetros con Afganistán. El ETIM opera en Afganistán desde 1990 y mantiene fuertes vínculos con los talibanes. A Pekín le preocupa la falta de acción decisiva de los talibanes contra el ETIM, ya que Kabul, como gesto de buena voluntad, se ha limitado a alejarlos de su frontera con China.
En segundo lugar, existen importantes motivaciones económicas. Afganistán posee abundantes recursos naturales, como litio, cobre y tierras raras, que resultan estratégicos para la industria china. Un Afganistán estable, sea quien sea quien lo gobierne, es imprescindible para abordar las inversiones que requiere la explotación de esta riqueza. Asimismo, la estabilidad política facilitaría la eventual integración del país en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, proyecto clave de proyección económica y geopolítica de Pekín.
La relación económica entre China y Afganistán se caracteriza por un interés creciente, especialmente en el ámbito de los recursos naturales, aunque dicho interés se manifiesta de manera cautelosa y selectiva. A pesar de la proliferación de contactos empresariales y de la firma de acuerdos en sectores como la minería y la energía, la implicación china no se traduce en una presencia económica masiva, lo que sugiere la existencia de una estrategia más amplia en la que los factores geopolíticos y de seguridad tienen un peso relevante junto a los económicos.
Finalmente, la política exterior china se caracteriza por el principio de no injerencia y el reconocimiento de facto de gobiernos que controlan el territorio, independientemente de su legitimidad internacional. Mantener relaciones con Kabul permite a China ampliar su influencia en Asia Central, llenar posibles vacíos dejados por potencias occidentales y reforzar su imagen como actor diplomático pragmático.
En suma, la aproximación china al régimen talibán responde a un cálculo estratégico que combina seguridad fronteriza, acceso a recursos y expansión de su influencia regional.
Conclusión: el retorno silencioso de Afganistán a la comunidad internacional
Tras la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN en 2021, los talibanes recuperaron Kabul y proclamaron el Emirato Islámico. Sin embargo, la comunidad internacional reaccionó con rapidez congelando activos, suspendiendo ayuda y evitando el reconocimiento diplomático. El resultado ha sido un aislamiento político y financiero casi total, acompañado de una grave crisis humanitaria. Según evaluaciones de la ONU, el colapso económico se ha visto agravado por la interrupción de la ayuda internacional, que había representado cerca del 40 % del PIB antes de 2021. Al mismo tiempo, múltiples informes señalan un deterioro sistemático de los derechos humanos. La ONU y organizaciones como Amnistía Internacional han documentado un patrón de represión generalizada, especialmente contra mujeres y niñas, excluidas de la educación secundaria y superior y de gran parte del empleo público.
El tiempo transcurrido desde entonces ha venido a demostrar que el poder de los talibanes está suficientemente arraigado como para que la situación política de Afganistán pueda considerarse como duradera y la comunidad internacional deba actuar en consecuencia, aceptando una situación de facto, pese a no reconocerla, ni como legítima ni como deseable. Así las cosas, la reintegración de Afganistán en la comunidad constituye uno de los dilemas más complejos de la diplomacia contemporánea. El país se encuentra en una situación que podríamos calificar como de “reconocimiento sin legitimidad”: el régimen controla de facto el territorio y las instituciones, pero no ha sido reconocido formalmente por la mayoría de los Estados ni por organizaciones multilaterales.
En este contexto, la diplomacia discreta y los diálogos informales emergen como herramientas fundamentales para avanzar hacia la reintegración de Afganistán en el sistema internacional. Estos espacios permitirían articular un proceso gradual basado en la generación de confianza, la inclusión de diversos actores afganos y la definición de una hoja de ruta orientada a la gobernanza inclusiva, la equidad social y la estabilidad regional. El éxito de este enfoque dependerá de la capacidad de involucrar tanto a las distintas facciones talibanas como a representantes de los distintos sectores sociales afganos, generando un consenso social sufrientemente amplio como para confiar que la continuidad del régimen no se base en exclusiva en la represión.
A corto y medio plazo, el escenario más probable no es ni el reconocimiento inmediato ni el aislamiento permanente, sino una reintegración parcial y gradual, basada en condiciones políticas mínimas. Sin embargo, el problema central sigue siendo la tensión entre la lógica del realismo internacional, sustentado en la necesidad de estabilidad y cooperación, y la lógica normativa de los derechos humanos y la legitimidad del poder. Como reconoce el Consejo de Europa, la estabilidad de Afganistán es un interés internacional, pero la falta de avances en derechos fundamentales impide la normalización plena.
Afganistán se encuentra atrapado en un equilibrio inestable: es un Estado funcional internamente, pero no plenamente integrado externamente. Su reintegración en la comunidad internacional dependerá menos del control territorial que muestre el régimen talibán y más de su disposición, o falta de ella, a modificar sustancialmente su política interna, especialmente en materia de derechos humanos. Sin embargo, en última instancia, la reintegración de Afganistán no solo constituye un desafío interno, sino también una cuestión de equilibrio geopolítico global, donde convergen intereses de seguridad, estabilidad regional y legitimidad internacional en un entorno marcado por la competencia entre grandes potencias y la reconfiguración del orden internacional.