Conflictos armados internos: causas y consecuencias

Resumen: Este documento didáctico expone los principales factores que explican el origen, desarrollo y fin de los conflictos armados internos. Al igual que otros documentos orientados a la docencia publicados en Global Strategy, tiene un carácter introductorio y es susceptible de ser actualizado periódicamente.

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La mayoría de los conflictos armados acaecidos desde el fin de la Guerra Fría han sido intraestatales, aunque el calificativo tradicional de ‘guerra civil’ resulta insuficiente a la hora de explicar su naturaleza (Kaldor, 2001: 13). Dicho término sugiere la existencia de dos bandos claramente establecidos y organizados que libran un conflicto siguiendo el esquema clásico de guerra entre Estados. Cada uno de ellos posee un gobierno, fuerzas armadas, relaciones exteriores y una población que en mayor o menor medida reconoce su legitimidad y respalda el esfuerzo bélico. La victoria de uno de los contrincantes puede ir seguida de una secesión o de la toma del poder en el conjunto del país. Estas fueron las pautas que siguieron la Guerra de Secesión americana, la Guerra Civil española, y los primeros conflictos armados de los Balcanes entre Eslovenia, Croacia y la República Federal Yugoslava.

Sin embargo, los enfrentamientos que vamos a analizar en este documento didáctico difieren sustancialmente de las guerras civiles ‘clásicas’. No se trata tanto de la rivalidad entre un gobierno establecido y un centro alternativo de poder cuasi-estatal que pretende imponer su modelo político, como del desmoronamiento parcial –y, en casos extremos, completo– de las estructuras estatales. Esta categoría de conflictos continúa siendo la más numerosa, la que provoca mayor sufrimiento, y la más compleja de resolver.

El origen de las guerras civiles contemporáneas se encuentra vinculado a dos conjuntos de factores (Gleditsch & Ruggeri, 2010: 299):

• Agravios que agudizan el conflicto social y que a su vez pueden estar relacionados con la pobreza, desigualdad económica, exclusión étnica, carencia de derechos políticos y libertades civiles, así como con aspiraciones frustradas por la distancia existente entre el estatus social y económico real y el esperado.
• Condiciones que facilitan la movilización de los potenciales insurgentes y que se encuentran asociadas tanto a los incentivos que ofrece unirse a la rebelión, como a la capacidad del Estado contrarrestarlos al elevar los costes de hacerlo y disuadir a quienes se inclinan a favor de la protesta.

Dichos factores son de distinta naturaleza, comencemos por los de carácter eminentemente político.

Debilidad del Estado y otros factores políticos

En la Europa de los siglos XV y XVI la guerra contribuyó a centralizar los recursos y fortalecer el poder de los monarcas, impulsando así la aparición del Estado moderno (Tilly, 1990: 20-26). Los conflictos internos a los que nos referimos se caracterizan precisamente por el proceso contrario. En ellos el Estado se asemeja cada vez menos a la definición clásica de Weber (1958: 212); es decir, a una comunidad humana que reclama –exitosamente– el monopolio legítimo de la violencia en un determinado territorio. Por el contrario, en los escenarios de conflicto armado interno el poder estatal se descompone y da paso a una situación de ‘poliarquía armada’, donde se hacen presentes actores de distinta naturaleza: insurgentes, señores de la guerra, milicias de autodefensa, mercenarios, etc.

Los factores políticos desempeñan un papel esencial en el origen y desarrollo de los conflictos internos. El primero de ellos es la capacidad del Estado. Aquellos gobiernos que disponen de recursos financieros y de una administración eficaz e implantada en todo su territorio se encuentran en mejores condiciones de satisfacer las necesidades básicas de su población y de reducir los incentivos que pueden motivar el recurso a la violencia. Al advertir las tensiones sistémicas que generan determinados agravios, los Estados capaces pueden afrontar los problemas subyacentes y cooptar a los sectores críticos respondiendo a sus demandas. De este modo, dificultan que quienes pretenden iniciar una insurgencia superen los problemas asociados a la acción colectiva (Sobek, 2010: 267).

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Los Estados que proporcionan bienes públicos suficientes tienen menos probabilidades de verse envueltos en guerras civiles. Entre dichos bienes sobresale la partida dedicada a educación con la que comunica su interés por mejorar la vida de sus ciudadanos, y esto contribuye a reducir los agravios incluso en periodos difíciles. A la vez, la mejora en educación sienta las bases del desarrollo económico, social y político (Thyne, 2006). Otro servicio público aún más relevante es la impartición de justicia y la seguridad ciudadana pues, en ausencia de seguridad básica, el resto de necesidades y aspiraciones quedan en entredicho. Por el contrario, la escasez de inversiones públicas reduce la implantación de la administración estatal en el conjunto del territorio, y dificulta la satisfacción de demandas sociales en materia de seguridad, justicia, educación, empleo, sanidad, bienestar e infraestructuras. Los individuos no se sienten protegidos ni identificados con el Estado por lo que tienden a priorizar de manera excluyente la lealtad al grupo de los suyos: los de la misma aldea, clan, tribu, etnia, etc.

Por otra parte, los Estados fuertes cuentan con recursos coercitivos eficaces que les permiten disuadir o neutralizar la actividad insurgente en sus etapas iniciales, lo cual requiere tanto presencia policial y militar sobre el terreno, como conocimiento local de lo que está sucediendo. En sentido opuesto, la ineptitud y la corrupción policial y militar favorecen la aparición de la contestación política armada, pues además privar al gobierno de medios de reacción, tales deficiencias suelen estar asociadas a una represión brutal e indiscriminada y a abusos sobre la población (del tipo extorsión económica a cambio de protección) que contribuyen a avivar el levantamiento (Fearon & Laitin, 2003).

En caso de que se desate el conflicto armado, la capacidad estatal es también una variable relevante a la hora de predecir a favor de quién se inclinará la balanza. Y, cuando llegue el momento de negociar la paz, la eficacia y fortaleza de las estructuras estatales resultará imprescindible para garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos (Sobek, 2010: 267-268).

Por último, la capacidad del Estado atenúa el riesgo de propagación de conflictos que tienen su foco en países cercanos geográficamente. Los Estados con recursos bien gestionados son capaces de absorber pacíficamente los flujos de refugiados y de bloquear consecuencias derivadas de esas guerras como el tráfico de armas o el intento de establecer bases en su territorio por parte de alguno de los contendientes. En este sentido destacan dos aspectos a la hora de evitar el contagio y prevenir el estallido de un conflicto armado interno dentro del propio país: 1) desplegar fuerzas que aseguren las fronteras, gestionen correctamente la llegada de refugiados y eviten la entrada y salida de armas, de bienes ilícitos y de violencia; y 2) conseguir que la población propia continúe participando a través de los cauces políticos legales y no trate de emular la rebelión de sus vecinos (Braithwaite, 2010).

Otro factor político que influye en el inicio de los conflictos armados internos es el grado de democratización. Son especialmente vulnerables los regímenes que combinan elementos democráticos y no democráticos. Las democracias consolidadas ofrecen canales institucionalizados de participación política que reducen el atractivo de la lucha armada. Por su parte, los Estados con regímenes autoritarios represivos y capaces tampoco son terreno fértil para la movilización rebelde. Las autocracias suelen desactivar la oposición política cooptándola (al integrarla en sus redes clientelares), o reprimiéndola: censura, detención y encarcelamiento sin garantías judiciales, asesinatos selectivos o, en los casos más extremos, represión colectiva. Esto último se observa en las operaciones de castigo del régimen de Saddam Hussein contra los kurdos del norte en las décadas de 1980 y 1990, o en la represión sobre los islamistas sirios en la ciudad de Hama en 1982 por las fuerzas de Hafez el Assad, que provocó más de veinte mil muertos en pocos días. Una dureza que fue emulada por parte del régimen liderado por su hijo, Bashar Al Assad, en 2011 pero que no logró evitar la continuidad guerra como consecuencia de la defección de parte del ejército al bando rebelde. De este modo, las autocracias capaces cuentan con herramientas para abortar la formación de grupos insurgentes antes de que estalle el conflicto armado (Hegre, 2014: 163).

Por eso, son precisamente los regímenes que se sitúan en un punto intermedio de la escala de libertades políticas y, en especial, aquellos que atraviesan un proceso de transición a la democracia o al autoritarismo, quienes tienen mayor riesgo de conflicto interno (Cederman, Hug & Krebs, 2010: 387). Se trata de sistemas que, por un lado, permiten la participación política y cierto grado de oposición y control del gobierno que dificulta la represión pero que, por otro, no ofrecen mecanismos institucionales completos y adecuados para canalizar las demandas populares (Hendrix, 2010: 276). Dicho proceso de liberalización política puede tener lugar mientras se produce una modernización y mejora de su economía, por lo que, paradójicamente, la probabilidad de conflicto armado aumenta cuando se produce un cambio favorable relativo en la situación política y económica del país (Hegre, 2014: 163-168). Por otra parte, el riesgo de conflicto armado es mayor justo después de un proceso electoral si algunas de las élites no aceptan el resultado de los comicios y recurren a la violencia para hacerse con el poder. De este modo, en los procesos de liberalización política y en los de posconflicto, la celebración de elecciones no ha de ser contemplada solamente como una señal de normalización, sino también como una ventana de riesgo (Collier, Hoeffler & Söderbom, 2008: 471).

Por otro lado, los intentos de transición irregular (golpes de Estados o formación de un nuevo gobierno saltándose los trámites institucionales), auspiciados por facciones del propio régimen o de la oposición, incrementan las probabilidades de conflicto armado. En un análisis realizado sobre las guerras civiles libradas entre 1946 y 2004, Gleditsch y Ruggeri (2010: 304-305) constatan que la proporción de conflictos internos en países que han experimentado una transición irregular el mismo año o el anterior al conflicto es superior (12%) a la de los conflictos iniciados en países que no han pasado por semejantes situaciones (4%). Los procesos de cambio político irregulares son a menudo un síntoma de la debilidad del Estado y una ventana de oportunidad para los adversarios del régimen.

Todo lo comentado hasta ahora se agrava si las élites políticas del gobierno o los líderes de la oposición tratan de potenciar la movilización social mediante la polarización y la creación de enemigos internos. Determinadas ideologías políticas se convierten en un factor relevante al explicar el origen y desarrollo de un conflicto armado interno si son utilizadas como un instrumento para establecer objetivos, definir adversarios y legitimar la violencia, más allá de que las convicciones ideológicas de quienes las difunden y actúan en su nombre sean o no sinceras. El factor ideológico explica que actores en situaciones estratégicas similares se comporten de manera distinta (por ejemplo, empleando o no la violencia indiscriminada contra la población), y que determinados sectores sociales en condiciones económicas y de privación similares se movilicen o, por el contrario, no lo hagan (Leader Maynard, 2019). No obstante, las ideologías extremistas son un factor más –e insuficiente por sí solo– a la hora de explicar el inicio de un conflicto armado interno y el éxito movilizador de un grupo insurgente.

En tercer lugar, los factores políticos externos también son relevantes en el origen de algunos conflictos armados internos. El apoyo que los insurgentes reciben de Estados vecinos o de potencias extranjeras puede tener un carácter más o menos explícito: desde permitir el paso y ofrecer refugio en zonas fronterizas, hasta la financiación y suministro de armas e, incluso, la participación de fuerzas militares en combinación con los rebeldes (momento en que el conflicto interno se convierte en conflicto interno internacionalizado). Esta dinámica se dio en muchas de las guerras civiles de África Subsahariana, Asia Central y América Andina. El apoyo a la insurgencia se convierte así en un instrumento de política exterior entre vecinos mal avenidos, que en ocasiones también padecen síntomas similares de debilidad y descomposición. Por ejemplo, durante la rebelión contra el régimen congolés de Laurent Kabila en agosto de 1998, las fuerzas de Ruanda y Uganda invadieron el país en apoyo de los insurgentes, mientras que las de Angola y Zimbabue intervinieron en apoyo del dictador, a las que posteriormente se unieron las de Namibia, Chad y Sudán (Callaghy, 2001). La decisión de Angola se debía al temor de que la guerrilla de la UNITA pudiera utilizar la República del Congo como refugio, mientras que la de Zimbabue respondía a intereses meramente económicos. A su vez Ruanda había prestado en su día un apoyo crucial a la rebelión de Kabila contra el régimen de Mobutu, pero se enemistó contra el nuevo dictador cuando éste expulsó del país a los altos mandos militares tutsis ruandeses (Olsson & Fors, 2004). Otro ejemplo fue el apoyo de la Alianza Atlántica y de algunos países árabes a la sublevación contra Gadafi en 2011, aunque una vez derrocado Libia entró en una espiral de desintegración y partición de facto que se mantiene hasta el momento presente.

Otro factor internacional de peso, especialmente en la primera mitad de la década de 1990 –cuando se alcanzó la cota más elevada de este tipo de conflictos– fue el cese de la ayuda exterior que muchos países del Tercer Mundo recibían al formar parte de los juegos de alianzas y contención de la Guerra Fría. El apoyo en forma de dinero, armas y asistencia militar apuntaló Estados débiles y permitió contener diversos conatos de insurgencia. Pero una vez terminada la rivalidad entre bloques, la falta de interés de las grandes potencias interrumpió esos canales de vida artificial. Como consecuencia, las autoridades de algunos países se encontraron sin medios financieros para conquistar el apoyo de sus poblaciones y sin capacidad militar para frenar los intentos de derrocarlos (Ortiz, 2001). El fin del régimen de Mobutu que acabamos de comentar responde también a esta secuencia. Ni Estados Unidos ni Bélgica (antiguos valedores del dictador zaireño) fueron en su auxilio en 1997. Sólo Francia, preocupada por la posibilidad de que el nuevo régimen de Kabila implantara el inglés en el país, mantuvo su apoyo hasta el final (Olsson & Fors, 2004: 325).

No obstante, el fin de la Guerra Fría no explica por sí sólo el aumento de la conflictividad en el periodo inmediatamente posterior. Antes de la caída de la Unión Soviética ya existía un número elevado de conflictos. Y la tendencia al alza –por la prolongación en el tiempo de muchas de ellos– se había iniciado al terminar la Segunda Guerra Mundial (Fearon & Laitin, 2003: 75).

Economía y conflictos armados internos

Además de las variables explicativas de carácter político, las circunstancias económicas también influyen en el inicio y desarrollo de los conflictos de desintegración. Las guerras civiles se producen mayoritariamente en países pobres. Por el contrario, las probabilidad de que se desencadene un conflicto de estas características se reduce sensiblemente una vez que se alcanza un nivel de ingresos medio o superior (Collier, 2003: 40). La variable económica afecta también a la probabilidad de conflicto en las democracias. Como se ha señalado en el epígrafe anterior, la probabilidad también se reduce sustancialmente en los sistemas democráticos, pero siempre que se trate de países con un nivel de riqueza que garantice la capacidad del Estado para implementar las decisiones políticas. Dicha capacidad es tan necesaria como las instituciones de iure (Hegre, 2014: 167).

La precariedad económica se convierte así en un peligroso factor de riesgo que afecta al ejercicio de la soberanía estatal dentro del territorio, similar a los efectos de la desnutrición sobre un cuerpo humano. Las defensas se debilitan y los enemigos del Estado cobran fuerza. Además, si los ejércitos y agencias policiales se encuentran desmotivados y mal pagados, no es extraño que en algunos casos acaben recurriendo al saqueo de la población y al tráfico de armas, o que sencillamente se pasen al bando rebelde. En muchos casos el equipo militar y el adiestramiento de las fuerzas estatales son precarios, de manera que la ventaja cuantitativa o cualitativa sobre los insurgentes es reducida. El número de aviones y helicópteros de combate es ínfimo o inexistente. Las unidades de tierra suelen también carecer de equipo pesado y de multiplicadores de fuerza como visores nocturnos, sistemas de comunicaciones fiables o auténticas unidades de operaciones especiales. La falta de capacidad militar de esos Estados –que se concentran en su mayoría en África Subsahariana– da lugar a lo que Stathis Kalyvas y Laia Balcells (2010: 418) denominaron ‘conflictos simétricos no convencionales’, donde tanto el gobierno como los rebeldes carecen de los medios necesarios para luchar una guerra convencional que permita un desenlace rápido y decisivo.

Algunos Estados tratan de compensar las carencias de sus fuerzas armadas contratando a empresas militares privadas como, por ejemplo, la compañía rusa Wagner que ha venido operando en países como Siria, Libia, Mali, República Centroafricana, Sudán y Mozambique. En términos puramente económicos es más rentable contratar los servicios de una empresa militar privada que adiestrar y mantener una fuerza permanente de características similares. Además, en varios casos los gobiernos han pagado los servicios de Wagner con concesiones vinculadas a minas o instalaciones petrolíferas del propio país y no con cargo a los exiguos presupuestos gubernamentales (Matías, 2021). Sin embargo, el coste político de hacerlo es considerable, pues se traduce en pérdida de soberanía y en el riesgo asociado a tener dentro del propio territorio un actor armado con agenda propia y al que resulta difícil exigir la rendición de cuentas.

Por otro lado, la precariedad de recursos públicos va acompañada a menudo de altos niveles de corrupción y de distribución injusta de la riqueza. La desigualdad estructural constituye además un incentivo contrario a la democratización, pues la pérdida del poder pone en peligro el acceso privilegiado a los recursos (Hegre, 2014: 165). El caso más evidente son los gobiernos cleptómanos, donde los dirigentes consideran que las riquezas del país forman parte de su patrimonio personal. Abundan este tipo de ejemplos: Felix Houphouët-Boigny, principal promotor de la independencia de Costa de Marfil, y primer presidente del país hasta su muerte en 1993; Charles Taylor, ex-guerrillero, señor de la guerra y ex-presidente de Liberia, Mobutu Sese Seko en Zaire, Robert Mugabe en Zimbabue, Angel Félix Patassé en la República Centroafricana, Muamar el Gadafi en Libia, etc. Debilidad económica y fragilidad política se encuentran entrelazadas, pues aun en los casos en los que el país es rico en recursos naturales (diamantes, madera, gas o petróleo), la mala gestión y la corrupción de las élites dificulta que la explotación de esas riquezas se traduzca en desarrollo social y fortalecimiento de la administración del Estado.

Pero ni los agravios por la corrupción y por la distribución injusta de la riqueza, ni –de manera contraintuitiva– la escasez de recursos naturales como consecuencia de causas medioambientales (cambio climático), ni el aumento de la población, ni una deficiente distribución de dichos recursos por la mala gobernanza son causas necesarias ni suficientes a la hora de explicar el inicio de los conflictos armados internos (Theisen, 2008: 815). En todo caso, pueden ser relevantes como variables contextuales en la medida que los grupos rebeldes articulan una causa política al respecto y son capaces de movilizar apoyos suficientes como para poner en marcha una insurgencia.

Por otra parte, la pobreza generalizada, combinada con la incapacidad estatal, disminuye los costes del apoyo personal a la insurgencia (en caso de que ésta tome cuerpo y se consolide). Los campos de refugiados, las aldeas depauperadas en épocas de hambruna, y las barriadas marginales repletas de jóvenes en paro proporcionan miles de voluntarios a los grupos insurgentes, señores de la guerra y a las bandas armadas incontroladas. África es el Continente más joven del mundo. Según datos de 2021, el cuarenta por ciento de su población tenía menos de quince años: 551 millones de una población total de 1.373 millones (por contraste en Europa del Sur la proporción apenas llega al 14 por cien) (United Nations Statistics Division, 2021: 49). Evidentemente, los conflictos armados sólo afectan a un número comparativamente reducido de países africanos, pero en los casos donde coincide guerra con población joven las raíces políticas del conflicto se combinan con otras motivaciones más primarias como lucha por la supervivencia, la codicia o la desesperación. Reclutar voluntarios para un grupo armado resulta más sencillo cuando el resto de alternativas económicas son comparativamente peores (Fearon & Laitin, 2003: 80).

Además de los factores señalados, los efectos más graves sobre el desarrollo se derivan de la propia dinámica de desintegración estatal. Como señala Mary Kaldor (2001: 90-91) la economía de estas guerras difiere por completo de la centralización, producción industrial masiva e incluso autarquía de los conflictos entre Estados, como sucedió por ejemplo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Al derrumbarse la economía en las áreas afectadas por el conflicto, los diversos grupos armados recurren a prácticas económicas irregulares como el saqueo, la extorsión (dinero o bienes a cambio de seguridad), el secuestro, la explotación y comercio de materias primas, el robo y redistribución de ayuda humanitaria, la piratería, etc. De este modo, la naturaleza política de la guerra se combina con el crimen organizado y con el empleo de la violencia con fines particulares.

Esos sistemas de financiación tienden a prolongar el conflicto, pues además de devastar el país, proporcionan autonomía financiera a los actores armados no estatales. Los rebeldes pueden adquirir por ellos mismos los medios para luchar, sin que resulte indispensable contar con el apoyo de gobiernos extranjeros. La existencia de recursos naturales en áreas accesibles a los insurgentes se convierte en una variable predictora sobre las probabilidades de inicio y duración del conflicto. Por ejemplo, si los rebeldes se hacen con el control de zonas de explotación de diamantes, la probabilidad de que el conflicto se prolonga es dos veces y media superior a la media estadística. Otras riquezas naturales utilizadas en la financiación de la guerra son maderas preciosas, estupefacientes (la adormidera, el cannabis y la planta de coca), e incluso los hidrocarburos pues, como sucedía en Nigeria, los rebeldes roban el petróleo de los oleoductos en la zona del Delta y después lo venden a barcazas escondidas en los manglares (Lujala, 2010: 26). De este modo, la existencia de recursos fácilmente explotables genera incentivos para que los insurgentes se hagan con el control de determinados territorios aunque no sean capaces de derrocar al gobierno (Hegre, 2014: 165).

El dinero permite el acceso al mercado ilegal de armas ligeras. Se trata de un sector muy descentralizado donde es difícil ejercer un control riguroso de los intercambios comerciales. Cada año más de un millar de empresas, en aproximadamente un centenar de países, producen cerca de medio millón de armas ligeras, con o sin licencia. Los cinco últimos países en el barómetro sobre la transparencia de este tipo de comercio son Corea del Norte, Irán, Arabia Saudí, Israel y Taiwán (Small Arms Survey, 2022).

Las armas ligeras se caracterizan además por su resistencia y pueden ser transferidas de un país en guerra a otro (en ocasiones cambiando incluso de Continente) a través de grupos de crimen organizado que las compran y revenden. A ello se añade la venta ilegal de armas por miembros de fuerzas armadas de países en desarrollo, el saqueo de los arsenales estatales en los países donde el régimen ha colapsado (se calcula que en Irak la población civil se hizo con cerca de siete millones de armas ligeras en los meses posteriores a la guerra de 2003), así como la capacidad que han adquirido algunos grupos insurgentes para fabricar armamento con sus propios medios, incluyendo el empleo de drones comerciales letalizados. La disponibilidad de armamento sofisticado, junto a otros avances tecnológicos civiles de utilidad militar (GPS, comunicaciones seguras y encriptadas, imágenes de satélites comerciales, etc.) cierran la brecha entre los actores no estatales armados y los medios militares de los Estados débiles. Se trata de capacidades que hace medio siglo eran patrimonio exclusivo de los Estados y esto tiene consecuencia sobre la estabilidad interna y la prolongación de los conflictos armados. Es probable que el proceso de construcción estatal en Europa analizado por Tilly hubiera sido muy diferente de haberse dado la ‘democratización tecnológica militar’ a la que asistimos en el siglo XXI (Malkasian, 2026: 10).

Etnicidad y guerra

Se entiende como grupo étnico aquel que es conocido por un nombre común, que cuenta con descendencia presuntamente similar, y con una cultura y memoria histórica compartida (en especial, lengua y religión). No existe acuerdo sobre el número de grupos étnicos existentes en el mundo. Algunos autores sitúan la cifra en torno a 820 repartidos en un total de 160 países (Fearon, 2003: 1). A principios de este siglo un tercio de ellos (275 en 116 países) se encontraban en situación de desventaja social (las denominadas minorías en riesgo). Pero la mayor parte de las veces la existencia de minorías en un país no está asociada a la violencia y ni siquiera a conflictos políticos. La discriminación por parte del Estado contra grupos minoritarios tampoco supone en sí misma un riesgo mayor de guerra civil. Si se compara ese factor entre Estados con un nivel de renta per cápita similar, se observa que dicha expectativa no se encuentra fundada (Fearon & Laitin, 2003). En 1995 más de la mitad de las minorías étnicas en situación de riesgo mostraban escasa actividad política. Sólo un 18 por cien participaban en pequeñas revueltas y un 8 por cien en rebeliones a gran escala (Kaufman, 2018: 384).

Algunas perspectivas asociadas a los conflictos étnicos consideran la etnicidad como una identidad primordial, esencialmente inmutable. Idea respaldada por diversas razones: existencia de grupos étnicos con una historia de cientos e incluso miles de años, tendencia a que las identidades se refuercen por dinámicas grupales, y el hecho de que las personas suelen mantenerse en las identidades que recibieron de sus padres (particularmente en los aspectos lingüísticos y culturales). Desde este punto de vista, los conflictos étnicos se basarían en odios ancestrales, imposibles de erradicar y muy difíciles de gestionar. Sin embargo, las identidades étnicas son fenómenos construidos socialmente que cambian con el tiempo, y que pueden aparecer o desaparecer, especialmente en momentos de crisis. Por ejemplo, a principios de la década de 1990 los ucranianos y rusos de la región Transnistria de Moldavia se presentaron como ‘rusófonos’, con el fin de resistir a la presión étnica de los moldavos. Al mismo tiempo, cuando Yugoslavia colapsó en 1991, los individuos que hasta ese momento se autodenominaban yugoslavos, pasaron a resaltar su identidad de serbios, croatas o miembros de otros grupos.

Por otra parte, muchas personas poseen identidades múltiples, que se solapan o se entremezclan (al formar subgrupos dentro de grupos mayores). Por ejemplo, numerosos ciudadanos estadounidenses de origen cubano y católicos pueden destacar una identidad sobre otra dependiendo de la situación: cuando escuchan al Papa es probable que respondan como católicos, cuando ven al Presidente como ciudadanos de Estados Unidos y como cubano-americanos cuando opinan sobre la política que debería mantener Washington respecto al gobierno de La Habana. La adaptación de la identidad y el uso político de ella según las situaciones lleva a que algunos autores consideren la identidad étnica como una realidad meramente instrumental y no primordial. Desde esta perspectiva, y en términos generales, las personas siguen a los líderes étnicos en función de sus intereses y, a su vez, dichos líderes tratan de generar solidaridades étnicas al servicio de su propia agenda. Por tanto, los conflictos étnicos serían una consecuencia de la instrumentalización de la identidad –y de las redes sociales y clientelares que vertebran los grupos étnicos– por parte de determinados lideres comunales y políticos con el fin de movilizar apoyos a favor de sus causas (Kaufman, 2018: 382-387).

No tiene soporte teórico ni empírico pensar que las sociedades multiétnicas son inviables. Las diferencias étnicas no dificultan por sí solas la cooperación, ni generan necesariamente disfunciones políticas que victimizan a las minorías, (Collier, Honohan & Moene, 2001: 153). Por tanto, y se trata de otra conclusión contraintuitiva, el factor principal a la hora de determinar la probabilidad de conflicto armado interno no es tanto la disparidad étnica de un país y la existencia de agravios asociados a ella, como la existencia de condiciones que favorecen la creación de una insurgencia, entre las que destaca de manera sobresaliente la ya comentada debilidad del Estado (Fearon & Laitin, 2003). La diversidad étnica es, de hecho, la situación normal en la mayor parte de países del mundo.

La peculiaridad de los conflictos étnicos radica entonces en el modo como se manifiestan. Los agravios políticos y económicos se expresan en términos étnicos. Los alineamientos se adoptan en función de la pertenencia a dichos grupos y los líderes de las diferentes facciones tratan de movilizar a sus potenciales seguidores invocando mitos históricos colectivos, demonizando a los miembros de la etnia rival y agitando el fantasma del peligro de extinción con el fin de presentar su lucha como legítima defensa y necesaria. Si estalla la guerra, la conflictividad identitaria tiene consecuencias sangrientas. Cinco de los diez conflictos internos más letales del siglo XX fueron conflictos étnicos: las dos guerras de Sudán, la guerra de 1971 que terminó en la creación de Bangladesh, la guerra de Ruanda en 1994 y la guerra de Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1996 (Kaufman, 2018: 381).

Una particularidad extrema de algunos conflictos étnicos es el genocidio. Se trata de un esfuerzo coordinado para acabar con la existencia total o parcial de determinados grupos nacionales, tanto de las personas como de sus instituciones sociales, culturales, lingüísticas y religiosas. El grado de destrucción necesario para que un conjunto de acciones violentas sean calificadas de genocidas es objeto de debate académico, político y legal (Jones, 2018: 366-368).

Consecuencias humanitarias de los conflictos armados internos

Los conflictos de desintegración derivan en mayor o menor medida hacia el modelo de guerra total, sin distinción entre combatientes y no combatientes, ni respeto a ciudades o a edificios de valor cultural o religioso. En algunos conflictos étnicos ese contenido simbólico los convierte en víctimas seguras de la destrucción. La población civil es objeto directo de los ataques. En ocasiones porque pertenecen a una etnia, tribu o religión diferente. Otras, porque se intenta controlar a la población mediante el terror. Y muchas veces, sólo porque son víctimas de saqueos y violaciones. Mary Kaldor (2001: 100) estima que, si a comienzos del siglo XX entre el 85 y 90 por ciento de las bajas eran militares (en los conflictos librados en suelo europeo), en las guerras intraestatales, los civiles representan casi el 80 por ciento de las víctimas. Las dificultades para extraer información fiable y sistematizada de las zonas de conflicto imposibilitan conocer con certeza el número y proporción de civiles fallecidos. Sobre todo, porque es de suponer que un porcentaje considerable de esas muertes son víctimas indirectas que sucumben como consecuencia de las enfermedades y de la desnutrición provocada o intensificada por los desplazamientos que provoca la guerra.

Las cifras son a menudo escalofriantes. Desde 1998 hasta 2006 murieron más de tres millones de personas en el conflicto del Congo; en Sudán más de dos millones (el estallido de violencia en la región de Darfur en 2003 provocó según algunas fuentes 400.000 víctimas mortales); en Angola los enfrentamientos desde su independencia en 1975 hasta 2002 provocaron un millón de muertos; en Ruanda el genocidio contra los tutsis provocó otro millón; en Liberia doscientos mil; y trescientos mil en Burundi. Según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2022), la guerra de Siria provocó al menos 300.000 víctimas mortales entre marzo de 2011 y marzo de 2021. Los efectos económicos ya se han comentado líneas atrás y también son devastadores. La espiral de violencia destruye muchas de las iniciativas de desarrollo puestas en pie durante años y retrasa las oportunidades de recuperación.

Un problema asociado a numerosos conflictos internos es que los menores de edad acaban viéndose envueltos en la espiral de violencia. En 1998 se estimaba que había 300.000 adolescentes de ambos sexos participando en conflictos armados; un número que se mantuvo relativamente estable hasta el año 2004, momento a partir del cual se redujo el número de países en guerra con niños soldados (se pasó de 27 en 2004 a 17 a finales de 2007) (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, 2008). Un informe publicado por el Secretario General de Naciones Unidas en junio de 2023 daba una cifra confirmada de 7.622 menores reclutados en diversos conflictos armados. En determinados casos los niños soldados luchan encuadrados en las fuerzas del gobierno; en otros, en milicias de autodefensa o en las filas de los insurgentes y de los señores de la guerra. No todos portan armas y combaten de manera directa. Algunos actúan como mensajeros, informadores, reclutadores, instructores o mandos de otros niños soldados. Con frecuencia las menores son convertidas en esclavas sexuales. Aunque algunos son obligados a enrolarse, muchos se convierten en niños soldados para subsistir en un medio empobrecido y caótico. Reciben protección y alimento a cambio de participar en la lucha. En ocasiones, como ha sucedido por ejemplo con los talibán, y anteriormente con los Tigres Tamiles en Sri Lanka, los menores fueron socializados en una cultura de violencia que les incitaba a convertirse en combatientes (Brocklehurst, 2007).

Por último, además de la devastación de la economía e infraestructuras civiles, los conflictos armados internos dejan una herencia envenenada de minas antipersonas y municiones sin estallar. Al ser armas relativamente baratas su empleo es masivo, con estimaciones que hablan de más de cien millones de minas enterradas en diferentes países del mundo. Por su propia naturaleza no discriminan entre combatientes y civiles. Permanecen ocultas entre la vegetación o semienterradas durante años, por lo que continúan representando una amenaza, en particular contra las comunidades rurales, una vez terminado el conflicto (Prem, Purroy & Vargas, 2022). Constituyen un obstáculo relevante para la recuperación económica y la vuelta a la normalidad. En 2021 más de 5.500 personas murieron o sufrieron mutilaciones como consecuencia de las minas, la mitad de ellas menores de edad (United Nations, 2023). El desminado forma parte del trabajo habitual de las misiones de paz y de estabilización. Es un trabajo caro, lento, peligroso y complejo que en la mayor parte de los casos se sigue realizando con detectores de uso manual. Los esfuerzos de desminado posconflicto requieren el apoyo y la financiación de la comunidad internacional y es frecuente que se subcontrate a empresas especializadas en dichas tareas, que trabajan junto a ONGs y comunidades locales.

Finalización del conflicto

Las guerras civiles se caracterizan por su prolongación en el tiempo, sobre todo si se comparan con los enfrentamientos entre Estados. En las dos décadas posteriores al fin de la Guerra Fría los episodios bélicos internos duraron menos que los de la confrontación bipolar. Esta tendencia se debió en parte a que algunos conflictos de la Guerra Fría eran guerras por delegación (proxy wars), donde las superpotencias sostenían a los beligerantes y prolongaban la lucha. Sin embargo, desde la década de 2010 esta circunstancia se ha vuelto a reproducir por ejemplo en la guerra de Siria, con participación indirecta de potencias regionales y extra-regionales que ha influido en la prolongación del conflicto. Los rebeldes sirios difícilmente habrían podido combatir durante años sin el respaldo de las monarquías del Golfo, de Turquía y de Estados Unidos. A su vez, es dudoso que el régimen de Al Assad hubiera sobrevivido sin el apoyo militar de Irán y Rusia. Algo similar ha ocurrido también en fechas recientes con los conflictos armados internos de Libia y de Yemen, con apoyos de distintas potencias de Oriente Medio y norte de África.

También ha acelerado la finalización de algunos conflictos la mayor voluntad y competencia de la comunidad internacional a la hora de mediar en ellos. En las décadas posteriores a la Guerra Fría se produjo un perfeccionamiento de los instrumentos de prevención de conflictos (conflict prevention), buenos oficios (peacemaking), misiones de imposición de la paz (peace enforcement), mantenimiento de la paz (peacekeeping), y construcción de la paz (peacebuilding). En la práctica, las fronteras entre un tipo de instrumento y otro son borrosas, por lo que es frecuente que los despliegues militares internacionales destinados a mantener la paz y crear condiciones de seguridad que favorezcan la recuperación posconflicto reciban el nombre genérico de misiones de paz o misiones de estabilización (este último dentro del vocabulario de las fuerzas armadas). Un análisis de la primera década de las misiones de paz tras el fin de la Guerra Fría reveló que la presencia de fuerzas de paz redujo en un cincuenta por cien la probabilidad de conflicto y evitaba en un 75 por ciento la vuelta a las hostilidades una vez que las fuerzas internacionales se retiraban (Fortna, 2008: 173).

El desbloqueo del Consejo de Seguridad tras el fin de la Guerra Fría potenció las misiones de paz y de estabilización posconflicto en las décadas siguientes. Las fuerzas de paz (cascos azules) que en su comienzo en la década de 1950 se habían destinado fundamentalmente a facilitar el desarrollo pacífico de los procesos de descolonización y a evitar guerras entre Estados, pasaron a dedicarse mayoritariamente a proteger la distribución de ayuda humanitaria y a mantener la paz en contextos de conflicto armado interno (Pugh, 2018: 318). Las misiones de paz han ido adquiriendo complejidad por varias razones (Pugh, 2018: 318-319):

• A diferencia de las misiones de separación de fuerzas armadas de distintos Estados –precedidas por una labor diplomática internacional que facilita el acuerdo de paz o de alto el fuego–, en los conflictos armados internos el despliegue de los cascos azules se produce cuando todavía no hay una paz que mantener, sino un tenue cese de las hostilidades (y en ocasiones ni eso).
• La autorización del país anfitrión continúa siendo imprescindible para que Naciones Unidas, y otras instituciones participantes, desplieguen las fuerzas que van a llevar a cabo la misión. Pero al mismo tiempo, la incapacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas acaba dando lugar a menudo a un régimen de ‘soberanía compartida’ con participación de la comunidad internacional. Dicha participación incluye la puesta en práctica de procedimientos orientados a favorecer el desarrollo democrático, el respeto de los derechos humanos y la transmisión de valores que pueden entrar en conflicto con la cultura política de la sociedad y los intereses de sus élites.
• El auge de las misiones de paz durante el periodo posterior a la Guerra Fría se ha materializado en un incremento sustancial del número de efectivos, que contrasta con el periodo previo donde sólo se cruzó la barrera de los 20.000 cascos azules desplegados en un mismo año con motivo de la misión de Naciones Unidas en el Congo, aprobada en 1960.
• Finalmente, diferentes instituciones regionales (por ejemplo, Unión Europea y Unión Africana) han ido adquiriendo mayor protagonismo en los despliegues de fuerzas en concurso con Naciones Unidas. La participación de estas ‘coallition of the willing’ ha resultado indispensable para la funcionalidad de los despliegues y para sostener el compromiso internacional con las misiones de paz.

Número de efectivos de las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Fuente: United Nations Peacekeeping.

Las características que hemos venido analizando explican la complejidad asociada a la resolución definitiva de las guerras civiles. Normalmente son conflictos que enfrentan a múltiples actores, lo que dificulta llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes. También es habitual que ninguno de ellos sea capaz de prevalecer militarmente sobre los otros y que cada uno se haga fuerte en áreas concretas con fronteras más o menos definidas. Se genera además una dinámica económica que hace rentable la guerra para algunos de sus protagonistas (narcotraficantes, señores de la guerra, vendedores de armas, ciertos sectores del gobierno, etc.). En otros casos, aunque se llegue a un acuerdo, algunas de las partes son después incapaces de aplicarlo en su zona sin recurrir al empleo del terror, que ha sido su principal instrumento de control hasta ese momento (Kaldor, 2001). Otro factor que contribuye a la prolongación de las guerras civiles es la intervención de un país apoyando a alguno de los contendientes –aunque con una agenda propia– y, por lo general, de lado de las fuerzas contrarias al gobierno. Una práctica que como ya hemos señalado fue común durante la Guerra Fría, y que es de nuevo reconocible en Oriente Medio.

El fin negociado de los conflictos internos se distingue de las guerras entre Estados porque uno de los contendientes (en el caso de que sean sólo dos actores en liza) debe desarmarse y dejar de existir como grupo combatiente. También requiere que el Estado cuente con la capacidad suficiente para implementar los acuerdos de paz, algo que no siempre se da. Como consecuencia, puede ser necesaria la intervención de una tercera parte que ayude a poner en práctica el proceso de paz; e incluso así –sobre todo, si la debilidad del Estado es extrema, como ha sucedido por ejemplo en Somalia o Burundi– la intervención extranjera tampoco garantiza la finalización definitiva del conflicto. Por otra parte, la intervención exterior puede chocar con la cultura política de las élites y de la sociedad, generándose dilemas como los experimentados en los últimos años por la Unión Europea en el Sahel, donde la deriva autocrática de países como Mali ha dificultado los esfuerzos por capacitar a sus fuerzas armadas a la hora de hacer frente a los desafíos internos que afronta el país.

La reconstrucción del Estado y la recuperación de la actividad económica precisan de la creación de entornos de seguridad. Las fuerzas militares y policiales que participan en las misiones de paz tienen ese objetivo. En paralelo, las agencias internacionales y las ONGs contribuyen a la regeneración del tejido social, político, administrativo y económico del país. Pero la ayuda internacional es siempre complementaria al esfuerzo que deben realizar la población y las elites locales para entregar las armas y sentar las bases de una paz duradera. La experiencia de la década de 1990 (marcada por el auge de las operaciones paz) demostró que es posible salir de la espiral de violencia y recuperar paulatinamente la normalidad. El principal problema se encuentra en los lugares donde las estructuras estatales han colapsado parcial o totalmente y donde a la vez resulta muy difícil lograr su restablecimiento. Así sucede a día de hoy en Somalia, Sudán. Yemen y otros países que combinan la guerra civil con la mala fortuna de ocupar los primeros puestos en el índice de Estados frágiles.

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