El artículo previo mostró cómo las apuestas de España y Rusia por generar comunidades posimperiales basadas en el internacionalismo liberal, la afinidad cultural y el poder blando fracasaron en el transcurso de una década. La falta de estabilidad política interna, la debilidad económica y la pujanza de rivales geoestratégicos del calado de los Estados Unidos impidieron que proyectasen de manera eficaz su influencia sobre sus antiguos dominios. Sus intentos de institucionalizar relaciones posimperiales que les otorgasen ventajas diplomáticas y comerciales se frustraron de manera estrepitosa. Los procesos súbitos de desintegración imperial que se dieron en ambos casos dejaron tras de sí conflictos congelados que tensionaron las interacciones entre España y las repúblicas hispanoamericanas, así como entre la Federación de Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas.
En ambos escenarios históricos hubo dos factores de conflictividad particularmente intensos. En primer lugar, encontramos las cuestiones relacionadas con la seguridad imperial. No debemos obviar que tanto la España isabelina como la Rusia postsoviética, si bien nominalmente se presentaron ante el mundo como Estados nacionales, seguían siendo imperios en varios sentidos. La Monarquía española conservaba sus enclaves coloniales en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y una serie de islas distribuidas por el Atlántico y el Pacífico. Si bien la dimensión territorial de sus posesiones ultramarinas se había visto muy mermada tras la descomposición de sus virreinatos americanos, la importancia de las colonias remanentes se hizo más vital que nunca para la economía peninsular. Cuba experimentaba un boom en su mercado exportador de azúcar gracias a la competitividad de su sistema esclavista. Esto generaba pingües beneficios fiscales y empresariales para el Estado y las elites mercantiles españolas.[1] Filipinas, por su parte, experimentaba un prometedor proceso de metamorfosis productiva. Una vez desaparecido el sistema del Galeón de Manila, el archipiélago se reconfiguró como una economía de plantación capaz de colocar sus productos en los mercados asiáticos.[2] De cualquier modo, no faltaban los incentivos para hallar el modo de reconectar el mercado filipino con Sudamérica y Cuba. Más allá de esta rediviva importancia de las fuentes de riqueza colonial, las islas y archipiélagos se concibieron como bases navales que permitirían generar seguridad para las operaciones de la marina mercante española, que entre 1833 y 1860 se encontró en un proceso constante de expansión, convirtiéndose en una de las más importantes del mundo.[3]
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De lo antedicho se colige que la conservación de las colonias era esencial para la prosperidad económica del conjunto y para reestablecer la condición de potencia que España había perdido tras ser invadida e intervenida en las guerras napoleónicas y en 1823. Los Estados Unidos, sin embargo, amenazaban esta fuente de poder y de riqueza. Su expansión continuada sobre el territorio mexicano convergía con su ímpetu por proyectarse en el Pacífico. No era un secreto para las élites españolas que la posesión de Cuba y Filipinas, llaves del Caribe y del Mar de China, estaba entre los posibles escenarios estratégicos que se barajaban en Washington.[4] En este contexto, como lo adelantábamos en el artículo anterior, los diplomáticos, intelectuales y militares que se citaban en Madrid comenzaron a concebir la arena internacional de las Américas como un escenario marcado por el enfrentamiento entre las razas anglosajona e hispánica. Tal esquema invitaba a considerar que la seguridad de Cuba y de Filipinas —y, por extensión, la de la propia Monarquía española— dependía de que se formase una alianza defensiva entre los países de habla hispana del continente. La estabilización de los convulsos experimentos estatales que estaban teniendo lugar en Hispanoamérica y su unión en un bloque geopolítico liderado por la exmetrópoli fue el ideal que fijó la acción de la política exterior española durante todo el reinado de Isabel II (1844-1868).[5]
La situación rusa en las décadas de 1990 y los 2000 era muy distinta en varios frentes, pero, como explicamos en la entrega anterior, la obsesión por securitizar el antiguo espacio imperial se impuso en el putinismo, en especial tras comprobar que su alineamiento con la política exterior estadounidense en Oriente Medio no frenaba la expansión del Occidente geopolítico.[6] En 2004 dicho proceso de ampliación se hizo patente en dos frentes. Por un lado, la OTAN incorporó a un conjunto de países de Europa del Este, conocido como el Grupo de Vilna: Bulgaria, Macedonia, Rumania, Eslovaquia, Albania, Estonia, Letonia y Lituania. La adhesión de las tres últimas amenazaba directamente la gran estrategia de regeneración elaborada tras el desplome de la Unión Soviética. Tres antiguas repúblicas socialistas soviéticas, etiquetadas como parte del “extranjero cercano” se sustraían definitivamente de la esfera de influencia de Rusia y situaban ad-portas de su territorio a un entramado militar que, en sus orígenes, se había fundado para confrontar el poder de la URSS. Asimismo, 2004 también contempló la mayor ampliación histórica de la Unión Europea, que incorporó bajo su paraguas institucional y económico a siete países en el este del continente, entre los cuales también figuraban las repúblicas bálticas. Los presagios no eran halagüeños. Cundieron las alarmas por la seguridad fronteriza de una Federación Rusa que se seguía percibiendo frágil en su cohesión interna y que se entendía ninguneada por los Estados Unidos tras las decepciones descritas en el artículo anterior.[7]
En este punto, el eurasianismo comenzó a postular que el control del “extranjero cercano” no consistía únicamente en una política de influencia, sino en una necesidad existencial, sin cuya consecución peligraba la continuidad misma del Estado ruso. En mayo de 2007 el Kremlin suspendió su participación en el Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa y se inmiscuyó en una serie de disputas con Estados Unidos por el control de los recursos del círculo polar Ártico. Asimismo, el gobierno de Dmitri Medvédev emprendió una enérgica campaña contra el escudo antimisiles que Washington pretendía instalar en Polonia y República Checa. La declaración de independencia de Kosovo también constituyó una fuente de alarma para Moscú, que consideró que el debilitamiento de Serbia, su aliada, formaba parte de las maniobras expansivas de la OTAN. La gran estrategia de la Rusia putinista tomaba forma ante tal concatenación de presiones. El Kremlin concluyó que el único modo de garantizar la continuidad del régimen y del propio Estado ruso frente al desbordamiento de Occidente era intervenir militarmente en sus antiguos dominios imperiales.[8] Estos, a diferencia de los de España, colindaban con su enorme territorio, facilitando la injerencia. Sin embargo, también es de tener en cuenta el elemento marítimo en la noción rusa de la seguridad posimperial. Sus iniciativas anexionistas en Crimea, Abjasia y Osetia del Sur revelan un patrón: el putinismo desea parapetar su control del Mar Negro, que constituye un entorno primordial para el comercio ruso.
España y Rusia iniciaron así, sus políticas de re-expansión posimperial movidas por el miedo que les generó a sus élites la situación de fragilidad geopolítica en que habían quedado sus Estados. Además de la seguridad geoestratégica, hubo un segundo factor que tuvo una importancia no desdeñable en ambos procesos. También tenía que ver con la seguridad, pero en este caso con aquella que demandaban las comunidades de españoles y rusos que habían quedado desperdigados en Hispanoamérica y las antiguas repúblicas soviéticas.
Los súbditos de la Monarquía que habitaban en los nuevos Estados hispanoamericanos destacaron por su beligerancia. Muchos vecinos de las grandes ciudades centroamericanas y sudamericanas decidieron conservar su condición de españoles. Asimismo, tantos otros inmigrantes procedentes de la Península Ibérica se instalaron en las repúblicas, con particular intensidad desde comienzos de la década de 1850. Estas comunidades de españoles resultaron ser un foco de conflictividad: el Ministerio de Estado se encontró con sus oficinas anegadas de peticiones de protección, que denunciaban tendencias hispanófobas en los periódicos, tribunales y autoridades políticas de las repúblicas en las cuales estaban afincados. Asimismo, muchos se presentaban como víctimas de reclutamiento forzoso, gravámenes fiscales arbitrarios o incautaciones en el contexto de las guerras civiles que con frecuencia afectaron a los países hispanoamericanos entre 1824 y 1870. Las propias autoridades de Madrid sabían que había que tomar estas quejas y reclamaciones con cierta distancia, ya que los súbditos españoles estaban con mucha frecuencia inmiscuidos en las luchas políticas internas de las repúblicas y, en ocasiones, pretendían lograr inmunidad por faltas que de verdad habían cometido apelando a la protección diplomática. Era difícil discernir cuándo de verdad se habían cometido abusos y cuándo los que reclamaban en nombre de su españolidad estaban simplemente tratando de lograr un estatus de privilegio. Sea como fuere, al final triunfó una interpretación que validaba la victimización de los españoles instalados en las repúblicas y con ella la idea de que estas eran espacios anárquicos que la Monarquía debía contribuir a ordenar por medio de la diplomacia de las cañoneras.[9]
Por su parte, los rusos que habitaban en los territorios de países como Georgia o la propia Ucrania se convirtieron también en una fuente de conflictividad, de manera muy intensa en sus provincias fronterizas. Osetia del Sur y Abjasia, con poblaciones mayoritariamente rusas, se habían separado de facto de Georgia a las alturas de 2008. Cuando esta república organizó una intervención militar con el objetivo de recuperar estos territorios en agosto de aquel año, las peticiones de auxilio de sus habitantes justificaron una violenta reacción rusa. En Ucrania el problema se concentró en su zona oriental. Los rusos, que representaban a un 17% de la población total del país, llegaban a ser mayoría en Crimea y rozaban el 40% en la cuenca del Donbás, en los óblasti de Lugansk y Donetsk. Los mismos se organizaron políticamente a lo largo de los años 90 y 2000 para defender la implementación de un modelo federal en la república exsoviética. En 2004 una encuesta realizada en Donetsk reveló que hasta un 39,5% de la población llegaba al extremo de reclamar su independencia e incorporación a Rusia. En Crimea, las pretensiones políticas de reincorporación a Rusia se remontaban al Movimiento Republicano por Crimea, liderado por Yuri Meshkov en 1994. Sin embargo, su consolidación como república autónoma bajo la soberanía ucraniana conjuró el secesionismo temporalmente. Ahora bien, la inestabilidad que afectó al país, los movimientos entre bastidores del Kremlin y las continuas tensiones étnicas le dieron aliento a la conformación de grupos armados prorrusos que en febrero de 2014 tomaron el parlamento de Crimea y los aeropuertos de Sebastopol y Simferópol. Lograron con ello la convocatoria de un referéndum que, bajo las presiones de Moscú y el descontento con la situación de Ucrania, arrojó un resultado demoledor a favor de la independencia y posterior incorporación a Rusia.[10] En resumen, la política posimperial cada vez más agresiva del Kremlin tuvo como factor legitimador las constantes quejas de los ciudadanos con pasaporte ruso que demandaban protección de los abusos de Georgia o de la extrema derecha ucraniana.
El anhelo de seguridad estatal y las demandas de protección de las diásporas de españoles y rusos esparcidas por los viejos espacios imperiales espolearon sendas oleadas de intervencionismo. Pero estas no habrían sido posibles si tanto España como Rusia no se hubieran encontrado con una coyuntura favorable, marcada por un cierto repunte económico y por un escenario internacional aparentemente propicio.
El ascenso al poder de la Unión Liberal en 1858 y los acontecimientos que lo encuadraron generaron la sensación de que era el momento de que España pudiera poner en ejecución la política intervencionista que habían recomendado sus representantes diplomáticos y comerciantes en Hispanoamérica desde hacía casi dos décadas. Por primera vez desde el derrumbe del absolutismo un gobierno se mantendría en el poder por más de cuatro años. El “gobierno largo” —apodo con que el gabinete de Leopoldo O´Donnell pasaría a la posteridad— generó la ilusión de que la inestabilidad endémica de la España constitucional había acabado y de que todo el arco político liberal podría aunar sus esfuerzos para servir a la gran estrategia de regeneración imperial que se había diseñado desde la Década Moderada (1844-1854).[11] La economía española, por su parte, saboreaba las mieses de un crecimiento capitalista súbito, espoleado por las inversiones anglo-francesas y por auge de la exportación agropecuaria. Esto aumentó de forma drástica la capacidad recaudatoria y de endeudamiento de la hacienda.[12]
De inmediato, un lobby de parlamentarios vinculados a los emporios mercantiles de la costa peninsular promovió la inversión de los superávit presupuestarios en la Real Armada. Esta había experimentado una regeneración sostenida desde el paso del Marqués de Molins por el Ministerio de Marina en 1848, pero aún adolecía de cierto atraso tecnológico y de una notable falta de homogeneidad. Los presupuestos extraordinarios aprobados entre 1858 y 1863 permitieron la construcción y compra de fragatas de hélice de última generación, e incluso de una de las novísimas fragatas blindadas que se fabricaban en los astilleros franceses, la famosa “Numancia”.[13]
La puesta en forma del músculo naval español coincidió con el despliegue de una política de re-expansión imperial —en su vertiente formal e informal— que, de manera coyuntural, dio la impresión de ser exitosa y de cumplir simultáneamente tres objetivos: dotar de legitimidad interna a la Unión Liberal y al régimen monárquico constitucional isabelino; obtener ventajas extraeconómicas para el comercio español derivadas de la firma de tratados desiguales o de anexiones territoriales; y brindarle seguridad a la posición geoestratégica de España en ultramar.[14] La intervención realizada en conjunto con Francia en la Conchinchina (1858-1862) logró granjearle a España un acceso privilegiado a los mercados de mano de obra del país, si bien es cierto que en la prensa cundió la opinión de que, de haber tenido una marina de guerra más poderosa, la Monarquía habría logrado ventajas mucho mayores. La guerra con Marruecos (1859-1860) no terminó en las conquistas formales que muchos habrían querido, en buena medida debido a que la Royal Navy actuó para limitar las pretensiones de O´Donnell. Sin embargo, se logró la firma de un tratado que reforzó la posición de la Monarquía en el área, otorgándole prebendas financieras y comerciales.[15] La re-anexión de Santo Domingo, ejecutada a demanda de su gobierno en 1861, tendría una corta duración y resultaría en un desastre, pero en 1863 todavía parecía que España había reforzado de manera significativa su posición en el Caribe. Por último, la participación de la Monarquía como socia de los imperios francés y británico en la intervención tripartita en México se saldó de una manera extrañamente exitosa para España. La deposición del gobierno de Juárez prometía que se obtendría el pago de la deuda que se demandaba. Asimismo, el solo hecho de figurar junto a las dos grandes potencias europeas como una actriz relevante hacía que Madrid percibiera que su regeneración geopolítica se estaba consumando. Por último, la decisión del general Prim de retirar a sus tropas cuando había quedado claro que la Napoleón III pretendía imponer la instalación de un trono constitucional fue percibida positivamente por muchos gobiernos hispanoamericanos.[16]
En síntesis, la retahíla de invasiones y aventuras expansivas que la Unión Liberal impulsó fue congruente con la gran estrategia de regeneración geopolítica que se había elaborado durante las décadas previas y, entre 1858 y 1863, dio la impresión de que esta estaba llegando a buen puerto. Casi era posible decir que un segundo imperio español, basado en el dominio de enclaves insulares estratégicos, en el poder naval y en la proyección del comercio peninsular existía ya en el terreno de los hechos. Otro elemento importante coadyuvó a la euforia de las elites españolas: el gran enemigo a batir, los Estados Unidos, se hallaba en un momento de suma debilidad. Su guerra civil, que se venía anunciando por lo menos desde una década atrás, estalló en 1861 de la manera más violenta e incierta posible. El desgarro interno de la federación angloamericana se hizo patente en su incomparecencia ante la intervención tripartita en México o la reanexión de Santo Domingo. Todo hacía vaticinar que la otrora temible república imperial se fragmentaría o que, en todo caso, quedaría mermada en sus capacidades. A este respecto, las élites político-intelectuales españolas no se contentaron con tomar nota de la súbita postración angloamericana, sino que interpretaron esta como el síntoma de un cambio más general en los equilibrios de poder devenidos de las guerras napoleónicas. De ahí que calculasen que España podía participar en una entente de potencias europeas para revigorizar su influencia en el Hemisferio Occidental. La expectativa era que Francia y Gran Bretaña acogerían a la Monarquía española como socia en una suerte de imperialismo colaborativo que devolvería a esta a la mesa de las grandes potencias.
La coyuntura, de acuerdo a los imaginarios descritos, no podía ser más favorable. Los dirigentes unionistas, presionados por las demandas del capital mercantil, por las comunidades de españoles en América y por la prensa, entendieron que era el momento de poner en marcha el plan que llevaba formulándose desde la década de 1840: enviar unidades de la Real Armada a las costas sudamericanas del Pacífico. La idea es que una escuadra española pudiera sentar las bases para el establecimiento de una estación naval, proteger los intereses y prerrogativas de los súbditos allí afincados y, de ser posible, forzar la firma de un tratado desigual con la más díscola de aquellas repúblicas, Perú. La iniciativa se percibió como necesaria para aprovechar la debilidad angloamericana, restaurar la influencia española y promover coactivamente el alineamiento geopolítico de los países de habla hispana.[17] Esta constelación de ideas condujo a la organización de la Escuadra del Pacífico, que zarpó de Cádiz, como contábamos en nuestro primer artículo, en agosto de 1862. Un año y medio más tarde, ejecutaría una intervención armada en Perú.
El giro intervencionista del putinismo también llegó en una época de relativa prosperidad económica. Si bien, como en el caso de España, el modelo económico posimperial era radicalmente distinto al de la Unión Soviética, Rusia logró crecer al compás que marcó el alto precio de los hidrocarburos en el mercado mundial durante la primera década del presente siglo —ello merced a su especialización como una exportadora de materias primas energéticas—.[18] Al mismo tiempo, a las alturas de 2008, el liderazgo de Putin y sus clientes políticos parecía incontestable. Ello merced a la combinación de altos niveles de apoyo popular —refrendados en las elecciones de 2012— y a una panoplia de artimañas iliberales para neutralizar y reprimir a una posición de por sí dividida. No es baladí tomar en consideración que el régimen encontró en el nacionalismo y el euroasianismo militarista y eslavófilo una ideología aglutinante. De ahí que la puesta en marcha de un imperialismo posimperial explícito en el “extranjero cercano” a partir de 2008 cumpliera el tripe fin de legitimación interna, aseguramiento de rutas terrestres y marítimas esenciales para la exportación de hidrocarburos y contención de la expansión del Occidente geopolítico, concebido cada vez más como un “otro” irreconciliable.[19]
Para cuando el gobierno ruso ordenó la llamada “operación militar especial” en suelo ucraniano en febrero de 2022 ya había impulsado, al igual que la Unión Liberal, una serie de iniciativas imperialistas de apariencia exitosa. Como ya hemos adelantado, en 2008 el Kremlin protagonizó una invasión en toda regla de los territorios, nominalmente georgianos, de Osetia del Sur y Abjasia. Su contundente victoria sobre Georgia, con la consiguiente creación de dos repúblicas que, en la práctica, son protectorados rusos, se topó con la incomparecencia del Occidente geopolítico. La asertividad del euroasianismo agresivo creció. El siguiente escenario fue Crimea. La Rusia y la Ucrania postsoviéticas habían mantenido relaciones plácidas hasta finales de los 90, con unos gobiernos —Kravchuk (1991-1994) y Kuchma (1994-2004)— que tuvieron orientaciones mayoritariamente prorrusas. Sin embargo, esto comenzó a cambiar en las elecciones de 2004, cuando el candidato pro-occidental Viktor Yúshenko, tras unas primeras votaciones invalidadas por acusaciones de corrupción, se impuso al candidato prorruso Víktor Yanukóvich, en lo que se llamó la Revolución Naranja. Desde entonces se acentuó la divisoria entre unos “naranjas” que mostraban una inclinación creciente hacia la OTAN y hacia la asimilación de las poblaciones rusófonas y unos “azules” que eran refractarios a la alianza atlántica y que planteaban un modelo de Estado que le reconociese cierto grado de paridad y autonomía a la población rusa. En principio, la hostilidad rusa para con los gobiernos naranjas se mantuvo en el terreno de la moderación, limitándose Moscú a presionar por medio de la subida de los precios de los suministros energéticos. Cuando el azul Yanukóvich ascendió al poder en 2012 la relación se estrechó de nuevo, con un tratado bilateral que reducía mucho los costes del combustible para Ucrania y parecía devolver a esta a la esfera de influencia rusa.[20]
Sin embargo, en noviembre de 2013, las protestas contra el gobierno de Yanukóvich, propulsadas por el descontento popular, por fuerzas de derecha y por la aquiescencia de ciertos sectores prooccidentales de la élite sacudieron el país, teniendo su epicentro en la plaza Maidán de Kiev. El ejecutivo se desmanteló, dando lugar a un gobierno de transición. El Kremlin vio cómo su influencia sobre Ucrania se desvanecía mientras un movimiento prooccidental y defensor de la entrada en la OTAN tomaba las calles. Fue este escenario el que dio lugar a la promoción de una rebelión interna de las milicias prorrusas de Crimea en febrero de 2014 y a su posterior anexión a la Federación de Rusia. La parálisis de un Occidente aún golpeado por la crisis económica de 2008, refrendó el recetario intervencionista de Moscú. Al mismo tiempo, el Kremlin dispuso la presencia de contingentes de su ejército en la frontera con los óblasti de Lugansnk y Donetsk, en los cuales se habían organizado milicias prorrusas. Estas comenzaron a reclamar, recurriendo a la violencia, que los nuevos gobiernos que se instalasen en Kíev se aviniesen a respetar la cooficialidad de la lengua rusa, a concederle autonomía a sus provincias y a comprometerse a no entrar en la OTAN. Aún con todo, el Kremlin se mantuvo a la expectativa, sin pronunciarse en favor de la secesión de estas provincias, pero prestándoles una ayuda informal que permitió que, de facto, se independizasen de la administración de Kiev. El 25 de mayo de 2014 ascendió al gobierno de Ucrania Petró Poroshenko, un líder decididamente antirruso. En este punto se entró en un conflicto congelado, en el que Poroshenko, vigilado por una opinión pública cada vez más occidentalista, no se avino a negociar en términos sustantivos con los óblasti rebeldes. Sin embargo, el Estado ucraniano mostró su incapacidad para obtener el control militar de los mismos. De cualquier modo, la relación ruso-ucraniana estaba visiblemente envenenada. Tras la elección de Zelenski en 2019, el tono antirruso del ejecutivo ucraniano se exacerbó y los pasos para integrarse en la OTAN amenazaron con acelerarse.[21]
En este punto el nuevo imperialismo putinista llevaba años reafirmándose. Sus intervenciones en Georgia y en Crimea habían resultado un éxito y no habían concitado represalias serias por parte de Estados Unidos o la Unión Europea. La Bielorrusia de Aleksandr Lukashenko, por cierto, se había configurado como una colonia informal de Moscú. Incluso en teatros más distantes, como Líbano y el Sahel, Rusia comenzó a perfilarse como una potencia capaz de proyectar su poder, ya fuera por medios formales —como la ayuda militar y energética brindada al régimen de Gadafi— o informales —como las acciones del Grupo Wagner en África central a partir de 2018—.[22]
Este éxito aparente de la gran estrategia de regeneración imperial de Rusia fue acompañada, como en el caso de la España isabelina, por una percepción de debilitamiento de su gran némesis geopolítica, los Estados Unidos. Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones generales de 2016, la política exterior de esta superpotencia pareció emprender una senda errática, que amagaba con el retraimiento de su papel como gendarme del orden liberal en todo el mundo. Si bien la administración de Joe Biden trató de invertir esta imagen, lo cierto es que su credibilidad quedó muy mermada tras la accidentada retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021. A estas alturas, todo hacía presagiar que existía una clara estructura de oportunidad para devolver a Ucrania a la esfera de influencia de Moscú. Si la España isabelina se decidió a orquestar su intervención posimperial sobre Perú ante el debilitamiento de los Estados Unidos, la Rusia putinista pergeñó su “operación militar especial” en circunstancias similares. Es más, esta última también interpretó la regresión geopolítica estadounidense como un síntoma de un cambio estructural en los equilibrios del poder mundial y, en este contexto, contó con la aquiescencia de una potencia en ascenso: China jugó aquí el papel que le tocó a la Francia de Napoleón III.
Llegamos aquí a la antesala de nuestro último artículo, en el cual analizaremos el desarrollo de las dos intervenciones posimperiales que nos ocupan y de las guerras que devinieron de las mismas. Lo que ha quedado claro hasta aquí es que las aventuras bélicas de España en el Pacífico sudamericano y de Rusia en Ucrania respondieron a patrones procesuales comparables: una potencia posimperial mermada que percibe que su seguridad territorial está amenazada; solicitudes de protección por parte de una diáspora de súbditos/ciudadanos nacionales que habitan en los antiguos centros del poder imperial; un momento de crecimiento económico coincidente con un ciclo exportador; la percepción de una estructura de oportunidad estratégica favorable a la re-expansión derivada de un debilitamiento de la principal némesis geopolítica —en ambos casos, los Estados Unidos—; y aliados poderosos con cuya aquiescencia era posible contar. La próxima entrega nos revelará si las veleidades que derivaron de ambas intervenciones tuvieron consecuencias comparables. Confiamos en que sea un paso de importancia para la elaboración de una teoría de los conflictos posimperiales que se ponga al servicio de los estudios estratégicos.
“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CSIC. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”
[1] Josep M Fradera, Colonias para después de un imperio (Barcelona: Bellaterra, 2005).
[2] María Dolores Elizalde, «El viraje de Filipinas hacia Asia en el filo de los siglos XVIII y XIX / The Philippines’ Turn towards Asia at the Cusp of the 18th and 19th Centuries», Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 31 de enero de 2020, https://revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/501.
[3] Rodrigo Escribano Roca y Pablo Guerrero Oñate, «Navalismo y panhispanismo como horizontes de regeneración imperial en España (1814-1862)», Anuario de estudios americanos 79, n.o 1 (2022): 205-38.
[4] Adam D Burns, American Imperialism: The Territorial Expansion of the United States, 1783-2013 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017).
[5] José Antonio Salvador González Pizarro, La política de España en América bajo Isabel II (Mutilva Baja (Navarra): Newbook, 1999).
[6] Por “Occidente Geopolítico” entendemos la matriz institucional que ha servido a la coordinación y consolidación de la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados en el mundo tras la segunda guerra mundial: Timothy Garton Ash, «Posimperial Empire», Foreign Affairs, 18 de abril de 2023, https://www.foreignaffairs.com/ukraine/europe-war-russia-posimperial-empire.
[7] Silvia Marcu, Geopolítica de Rusia y Europa Oriental (Barcelona: Editorial Síntesis, 2021), 28-29.
[8] Marcu, 54-102.
[9] Rodrigo Escribano Roca y Pablo Guerrero Oñate, «The Naval Rearmament Movement in Times of the Liberal Union: Public Opinion, Strategic Culture and Navalism in Spain (1858–1863)», War in History 31, n.o 3 (2024): 268-89.
[10] Vasile Rotaru y Miruna Troncotă, Russia and the Former Soviet Space: Instrumentalizing Security, Legitimizing Intervention (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018).
[11] Rodrigo Escribano Roca y Pablo Guerrero Oñate, «Diplomacia de las cañoneras a la española. Los orígenes de la Escuadra del Pacífico (1833-1863)», Illes i imperis, n.o 25 (21 de diciembre de 2023): 209-38, https://doi.org/10.31009/illesimperis.2023.i25.10.
[12] Xavier Tafunell y Albert Carreras, Entre el imperio y la globalización: Historia económica de la España contemporánea (Editorial Crítica, 2018).
[13] Fernando de Bordejé y Morencos, Crónica de la marina española en el siglo XIX: 1800-1868 (Madrid: Ministerio de Defensa, 1999).
[14] Juan Antonio Inarejos Muñoz, Intervenciones coloniales y nacionalismo español: la política exterior de la Unión Liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón III (1856-1868) (Madrid: Sílex, 2010).
[15] Mikel Gómez Gastiasoro, «El imperio informal, de modelo a herramienta conceptual: Estado de la cuestión para el estudio de la España del siglo XIX», Historiografías: revista de historia y teoría, n.o 25 (2023): 155-75.
[16] Agustín Sánchez Andrés y Pedro Pérez Herrero, Historia de las relaciones entre España y México, 1821-2014 (Madrid]; Morelia; Madrid [etc.: Instituto universitario de investigación en estudios latinoamericanos, Universidad de Alcalá ; Instituto de investigaciones históricas, Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo ; Marcial Pons [diff., 2015); Juan Antonio Inarejos Muñoz, «Les interventions extra-européennes de la Unión Libéral (1856-1868). Une tentative d’impérialisme informel ?», Outre-Mers 410-411, n.o 1 (2021): 123-41, https://doi.org/10.3917/om.211.0123.
[17] Rodrigo Escribano Roca y Pablo Andrés Guerrero Oñate, «Navalism and Imperial Culture in Spain: The origins and celebration of the Chincha Islands War (1834–1868)», The Mariner’s Mirror 109, n.o 3 (3 de julio de 2023): 297-314, https://doi.org/10.1080/00253359.2023.2225312.
[18] Antonio José Sánchez Ortega, Rusia, el poder y la energía (Madrid: Plaza y Valdés, 2014).
[19] David White, «Russian Eurasianism, an ideology of empire», National Identities 18, n.o 4 (1 de octubre de 2016): 425-27, https://doi.org/10.1080/14608944.2015.1069127.
[20] Carlos Taibo, Rusia frente a Ucrania: Imperios, pueblos, energía (Los Libros De La Catarata, 2022), 57-110.
[21] Taibo, 89-137.
[22] David Oualaalou, The Dynamics of Russia’s Geopolitics: Remaking the Global Order (Springer International Publishing, 2021).