Global Strategy Report, 14/2025
Resumen: Desde la segunda mitad del siglo XIX, el ejército español se ve envuelto en una larga serie de guerras coloniales que condicionarán su estructura y su participación en la vida política nacional. Este trabajo se interroga bajo una óptica presupuestaria sobre el proceso de construcción de un nuevo modelo de instrumento militar tras la crisis provocada por el desastre de Annual.
Para citar como referencia: Vázquez Ramos, Alfredo (2025), “La financiación del rearme del ejército de África: De Annual al desembarco de Alhucemas (1921-1925)”, Global Strategy Report, 14/2025.
El desastre de Annual del verano de 1921 supuso un formidable mazazo a un ejército español que llevaba décadas tratando de recuperarse de las guerras de Cuba y Filipinas, y desde 1909 estaba embarcado en un cruento conflicto colonial en el Rif. Los sucesos de Annual implicaron la casi total destrucción de las tropas de la Comandancia Militar de Melilla durante la operación dirigida hacia la bahía de Alhucemas, y desencadenaron en la Península un nuevo movimiento de indignación contra la guerra, añadido a la impopular activación de reservistas que ya había provocado importantes protestas en el pasado.
Dada su transcendencia, han sido muy numerosas las publicaciones que, con motivo de aniversarios o conmemoraciones de oportunidad, han abordado los antecedentes, desarrollo y consecuencias del desastre en los ámbitos militares, sociales o políticos de nuestro siglo XX. Pero fue tal el trágico balance en pérdida de vidas humanas que la abundante bibliografía sobre aquella derrota dejó de lado sus secuelas económicas y materiales, un enfoque interesante pero tradicionalmente más desatendido por la historiografía militar contemporánea.
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En el caso del ejército español, era un lugar común hablar de unidades mal pertrechadas, insuficientemente armadas y poco adiestradas. Los pocos estudios sobre el tema lo suelen comparar negativamente con sus pares europeos, y los informes de los agregados militares extranjeros de la época confirman la existencia unidades con materiales escasos y anticuados, sin apenas medios motorizados, carentes de artillería moderna y con graves deficiencias en servicios y suministros. La debacle del verano de 1921 vino a poner de manifiesto de forma trágica las carencias acumuladas en la preparación, medios y recursos materiales disponibles del ejército, pero ¿cuál fue la respuesta inmediata al desastre de Annual?
Entre la documentación histórica que custodia el Tribunal de Cuentas de España figuran tres expedientes de créditos presupuestarios extraordinarios de los años 1921-22 y 1924-25 que pueden permitir vislumbrar los pasos de un proceso de recuperación operativa en una vertiente menos abordada hasta la fecha[1].
El contexto español
Ausente de los campos de batalla de la Gran Guerra, y con unas capacidades industriales y económicas nacionales muy por debajo de sus vecinos, el ejército español concentró su actuación en las campañas de Marruecos en el control de las plazas africanas y en funciones de policía colonial. Annual modificó por completo esa concepción y puso de manifiesto que se contaba indiscutiblemente con un instrumento ineficaz, obsoleto y muy costoso en vidas humanas, al que había que añadir unas pérdidas materiales que los informes elevados a las Cortes cifraban en más de 20.000 fusiles, 400 ametralladoras y 130 piezas de artillería Schneider, sin contar multitud de munición y otros equipamientos [1].

A pesar de que el presupuesto de gastos del Estado español tenía una dimensión reducida, la Hacienda ya arrastraba de forma histórica un déficit crónico, que la escalada militar agudizó desde 1909. El asunto marroquí había impedido cualquier intento de saneamiento de las cuentas públicas y diversos sectores económicos solicitaban con insistencia una modificación de la permanencia en África para no seguir soportando mayores sacrificios económicos [2]. El empleo de créditos extraordinarios, aprobados fuera del proceso presupuestario ordinario, fue utilizado extensivamente por los gobiernos de la Restauración y durante la dictadura de Primo de Rivera, ahondando los desequilibrios económicos. Durante este último periodo, el gasto militar y el programa económico de “regeneración nacional”, se tradujeron en una política fiscal expansiva que requería recursos extraordinarios, financiados fundamentalmente con deuda pública [3].
El gasto público del sostenimiento del protectorado español de Marruecos en todas sus áreas venia recogido desde 1913 bajo un bloque independiente (sección 13) del Presupuesto General del Estado denominada “Acción en Marruecos”. Dentro de la misma se consignaban los créditos para las distintas áreas de actividad de aquellos departamentos implicados en África (Estado, Gobernación, Marina, Fomento y Guerra). Evidentemente, este último ministerio era el que recibía mayores recursos presupuestarios, y tras el descalabro de Annual los créditos ejecutados en gasto militar aumentaron sustancialmente (cuadro nº1).

El mecanismo de los presupuestos extraordinarios se articulaba por medio de las figuras de los suplementos de crédito (un crédito ya existente que se ampliaba) y créditos extraordinarios (un nuevo crédito para una necesidad imprevista), que se aprobaban por Real Decreto del Gobierno y posteriormente las Cortes sancionaban [4]. Si consideramos que el peso del gasto militar en esta sección presupuestaria para Marruecos oscilaba entre el 87% y el 90%, el gasto medio de las campañas del Rif se puede estimar en torno a 370 millones pesetas anuales entre 1921 y 1926[2].
Si a este importe le añadimos el presupuesto ordinario inicial del Ministerio de Guerra (sección cuarta), que en estos años también aumentó, pasando de 167 millones de pesetas (1920) a 443 millones (1925), y al que también se incorporaron otras modificaciones extraordinarias, podemos estimar que el gasto militar global superaba el 20% del total de los Presupuestos Generales del Estado para el periodo y supondría entre el 4 y el 5% del PIB [5].
Los ejercicios inmediatamente posteriores al Desastre dispararon las asignaciones excepcionales para la “Acción en Marruecos”. Entre el 16 de agosto de 1921 y julio de 1922 se concentraron nada menos que en 10 expedientes de suplementos de crédito y créditos extraordinarios por valor de 452 millones de pesetas. Los ejercicios posteriores se mantuvieron ligeramente por debajo de ese límite, pero fueron en todo caso muy elevados -particularmente en el año de la preparación del desembarco-, hasta que el final de la campaña en 1927 proporcionó un respiro a la carga financiera del Estado.

Las cuentas públicas no ofrecen una información muy detallada del desglose de los importes asignados a gasto militar en Marruecos en el escenario post-Annual, sin embargo si es posible observar con carácter general que las principales partidas lo constituían las retribuciones, subsistencias y vestuario (se crearon 4 nuevas Banderas del Tercio reforzadas y 1 nuevo Grupo de Regulares), los servicios de artillería (adquisición de munición y piezas), ingenieros (explosivos y material de fortificaciones), y los servicios de transporte y los hospitales; partidas que en su conjunto absorbían en torno al 65-70% del total de los nuevos créditos. De forma más modesta se dotaba de recursos para la adquisición de material para el servicio de aeronáutica (embrión de la fuerza aérea expedicionaria).
Los informes del Tribunal de Cuentas: recuperar y rearmar
“El contratiempo militar sufrido en el protectorado español de Marruecos”, como lo califica el primer expediente analizado, supuso que el 4 de agosto de 1921 (menos de una semana después del fin del desastre) el Intendente General del Ministerio de la Guerra dirigiese a Hacienda una solicitud de suplemento de crédito por valor de 112.637.850 pesetas para reponer con urgencia el quebranto de elementos perdidos en Annual y restituir el material enviado desde la península para salvar la situación [6]. La ley de presupuestos permitía ampliar casi de oficio los créditos cuando fuerzas de la península se incorporasen al ejército de África, pero esto no afectaba a la adquisición de materiales. Había que recurrir a un presupuesto adicional.
El expediente reconoce que “son tan poco precisos los datos que hasta la fecha se tienen del material perdido (…) que las cifras que se incluyen son las que de momento se consideran indispensables (…) ni tampoco que los créditos que se solicitan deban tomarse como definitivos y suficientes (…)”. Los importes tienen un carácter tan genérico y poco detallado que el examen de la Intervención muestra sus dudas ante las demandas formuladas, recomendando que el crédito se limitase únicamente a las atenciones inmediatas de las fuerzas de la Comandancia de Melilla por el equipo perdido o inutilizado, excluyendo otros servicios militares y la ejecución de obras en la península, que deberían consignarse como gastos “normales” en el presupuesto ordinario (Cuadro nº2). No obstante, acepta la competencia del Consejo de Ministros para aprobar por vía ejecutiva los presupuestos extraordinarios, oyendo al Consejo de Estado en pleno, y dando cuenta posteriormente a las Cortes.
El Consejo de Estado informa a continuación en los mismos términos que la Intervención, sobre la imposibilidad de formar un juicio respecto a los importes reclamados “ya que solo se acompañan relaciones de lo que hay que comprar sin datos, estudios o razonamientos que los justifiquen”.

La memoria que acompañan a las relaciones de gastos elaborados por los jefes de los diversos servicios del Ministerio incide en los aspectos más discutibles de la petición; no se trataba tanto de valorar la destrucción de material militar, sino de habilitar nuevos créditos (particularmente para los servicios de artillería y de aeronáutica) justificados con el argumento del envío precipitado a África de equipos y pertrechos, dejando desguarnecidas las plazas peninsulares, así como la oportunidad de constituir una auténtica una fuerza aérea, postergada por la guerra europea. La gravedad del momento es tal que en menos de dos semanas se aprueban por vía ejecutiva unas dotaciones extraordinarias que casi duplicaban el presupuesto ordinario: El rearme se puso en marcha.
Este esfuerzo económico fue mantenido en los años posteriores a Annual. Las carencias crónicas de materiales siguieron requiriendo nuevos créditos extraordinarios aprobados por procedimiento de urgencia por el Directorio Militar. En ese sentido, los planes para el desembarco en Alhucemas ya debían estar muy avanzados en el verano de 1924, porque en el mes de junio el jefe de las fuerzas navales del norte de África propone la adquisición de un nuevo grupo de barcazas clase K [7].
Este segundo expediente del Tribunal de Cuentas documenta el proceso de aprobaciones sucesivas para la autorización de un crédito extraordinario (es decir, no previsto) para la compra por gestión directa al Reino Unido de uno de los equipos más llamativos de la ofensiva de 1925. Se trata de 6 barcazas de desembarco por importe total de 36.000 Libras esterlinas (907.200 pesetas), negociado a través de un intermediario. La oferta se consideraba ventajosa económicamente por las autoridades del Ministerio de Marina porque correspondía a los excedentes de Gallipoli y permitiría a la Armada constituir un grupo de hasta 26 barcazas en total, en buenas condiciones operativas[3].
El último ejemplo de este proceso es el tercer expediente del Tribunal de Cuentas, que con fecha 9 de septiembre de 1924, registra un nuevo suplemento de crédito para la fabricación y adquisición de material y munición para el ejército de África por importe de 51.069.601 pesetas [8].
En este caso la motivación se centra en la conveniencia de que las fábricas de armas nacionales mantuviesen el ritmo de producción de fusilería, ametralladoras pesadas, cartuchería, pólvoras, granadas de mano y proyectiles de artillería. Se trataba de hacer compatible el responder a las elevadas tasas de consumo de las operaciones en el protectorado y reforzar a la vez la capacidad industrial nacional en aquellos materiales que el tejido empresarial-militar español podía producir con eficacia.
Un nuevo instrumento militar: El coste económico del protectorado del norte de Marruecos
Las derrotas coloniales no fueron un fracaso exclusivo de España. Todas las potencias europeas que incursionaron en África tuvieron que pagar, en un momento o en otro, un alto precio por ello. Los casos británicos en las guerras zulús (1879), los italianos en Adowa (1896) o los franceses en la ofensiva rifeña sobre Uarga (1925) muestran que, incluso ejércitos experimentados y bien equipados podían ser masacrados por fuerzas indígenas.
Abrumada por el colapso histórico y el drama humano que supuso Annual, la nutrida literatura sobre las campañas de Marruecos pasó por alto que el ejército de julio de 1921 no era el del desembarco de Alhucemas de septiembre de 1925. Durante este breve periodo, el ejército de África conoció un proceso de rearme y modernización operativa inédito en la historia militar española. Esos años fueron cruciales para el éxito en la consecución de los objetivos militares en el Protectorado y prefiguraron el ejército de posteriores enfrentamientos[4].
Durante las primeras operaciones conjunto-combinadas en los meses previos al desembarco, los franceses descubren, con cierta sorpresa, la superioridad de medios de los contingentes españoles en ciertas áreas operativas (fortificaciones desmontables, vehículos blindados, centros logísticos embarcados, estiba de combate, barcazas, camiones cisterna, hospitales de campaña modulares, sistemas de bombeo de agua, heliógrafos de larga distancia, 160 aviones). El oficial de enlace francés en la operación escribe admirado en los informes a su Estado Mayor, “el ejército español es ahora un instrumento sólido y perfectamente probado”.

Desde el planeamiento operacional y la actuación conjunta y combinada, hasta las innovaciones tácticas y la profesionalización de los efectivos, pasando por el despliegue de una moderna panoplia de materiales disponibles, el resultado es asombroso. El esfuerzo económico que casi triplicó el presupuesto del Ministerio de la Guerra, permitió llevar a cabo un proceso inédito de rearme en cuatro años para construir un nuevo instrumento militar y clausurar el penúltimo conflicto colonial.
La periódica revitalización de la literatura divulgativa sobre los episodios del teatro de operaciones de África va lentamente completando el vacío bibliográfico sobre el decisivo componente económico que determinó las diversas campañas de Marruecos. Los expedientes del Tribunal de Cuentas, aunque piezas fragmentarias, son testigos de una página poco visibilizada de la política presupuestaria y de la historia militar de España; una historia que por poco que se la interrogue tiene casi siempre un valor ejemplar.
Bibliografía
[1]. COURCELLE-LABROUSSE, Vincent y MARMIÉ-MANIGLIER, Nicolas (2018). La Guerre du Rif : Maroc 1921-1926, Éditions Tallandier, pág.89.
[2]. GONZALEZ CALBET, M. (1987). La Dictadura de Primo de Rivera: El Directorio Militar, Ediciones El Arquero Madrid, pág. 202.
[3]. LA PORTE, P. (2006). Marruecos y la crisis de la Restauración 1917-1923, Ayer 63 (3), págs. 53-74.
[4]. CASASOLA BALSELLS, V. y PEREZ CHAMORRO, A. (2015). El gasto público por la “Acción en Marruecos” tras el desastre de Annual (1921-1922), Revista Española de Historia de la Contabilidad, pág. 117.
[5]. PALAFOX GAMIR, J. (1986). La política presupuestaria de la Dictadura de Primo de Rivera: ¿Una reconsideración necesaria?. Revista de Historia Económica, Año IV, nº2, pág. 395. Para las cifras de los Presupuestos Generales del Estado, ver la Gaceta de Madrid (varios números) y Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística (1850-1942). Para deflactar estos importes a valores reales, en una etapa de fuerte inflación, MALUQUER DE MOTES, J (2013) “La inflación en España: un índice de precios de consumo”. Estudios de Historia Económica nº64, Banco de España.
[6]. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO. – Secretaría General. – Ejercicio presupuestario 1921-1922. – Sección 4.ª Guerra y Sección 13.ª Acción de España en Marruecos. – Expediente de concesión de varios suplementos de crédito por valor de 112.637.850 ptas. para reponer elementos perdidos por el Ejército de África. Archivo General del Tribunal de Cuentas. Signatura 718407/008
[7]. TRIBUNAL SUPREMO DE LA HACIENDA PUBLICA. – Secretaría General. – Ejercicio presupuestario 1924-1925. – Sección 13.ª Acción de España en Marruecos. Ministerio de Marina. – Expediente de concesión de un crédito extraordinario de 907.200 ptas., equivalentes a 36.000 £ a un capítulo adicional para adquirir por gestión directa seis barcazas de desembarco para los servicios de las fuerzas navales del Norte de África. Archivo General del Tribunal de Cuentas. Signatura 718412/003
[8]. TRIBUNAL SUPREMO DE LA HACIENDA PUBLICA. – Secretaría General. – Ejercicio presupuestario 1924-1925. – Sección 13.ª Acción de España en Marruecos. – Ministerio de la Guerra. – Expediente de suplemento de crédito de 51.069.601 ptas. al capítulo 3.º, número «Servicios de Artillería», con destino a la fabricación y adquisición de material y municiones para nuestro ejército en África. Archivo General del Tribunal de Cuentas. Signatura 718412/015
[9]. COMÍN COMÍN, F. (1999). El desarrollo del Estado del bienestar en España. Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, págs. 7-38.
[1] Quiero mostrar mi agradecimiento por estos hallazgos documentales a D. Agustín Torreblanca López, subdirector de gestión documental, archivo y bibliotecas del Tribunal de Cuentas de España, sin cuya disposición y amable colaboración este artículo no hubiera sido posible.
[2] Unos 1.300 millones en euros de 2025 según estimación sobre precios actualizados por inflación de 1925 a 2025.
[3] Un precio unitario por barcaza de aproximadamente unos 531.000€ en valores de 2025; estimación sobre precios actualizados por inflación de 1924 a 2025, Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido.
[4] Como señala Francisco Comín [9], “los fracasos militares exteriores no surgían tanto del cuestionado valor de los soldados como de la precaria dotación presupuestaria”. Desde un principio el aspecto económico fue decisivo en la reorganización del ejército colonial, hasta el punto que la constitución del Tercio de Extranjeros en enero de 1920 solo fue aprobada justificando expresamente que no representase en ningún caso un aumento del presupuesto del Estado, y que su gasto se compensase con la reducción de efectivos en el protectorado: es decir, no cubrir de bajas, proceder al licenciamiento de tropa, y repatriar unidades peninsulares en número suficiente.
Editado por: Global Strategy. Lugar de edición: Granada (España). ISSN 2695-8937
