España ante la integración de la industria europea de defensa: diagnóstico y propuestas

Global Strategy Report, 12/2026

Resumen:Europa afronta un triple déficit defensivo: ausencia de estrategia común, escasa voluntad, en general, para ejercer el hard power y una base industrial y tecnológica insuficiente, que se agrava en España al carecer tanto de una estrategia nacional consensuada, como de una inversión presupuestaria sostenida en defensa. Fortalecer la industria de defensa europea implica, desde una perspectiva empresarial, potenciar el papel de la tecnología dual y las PYMEs, que constituyen el verdadero semillero de la innovación disruptiva y que no deben tratarse como actores secundarios. La europeización de la gran empresa, difícilmente alcanzable mediante fusiones forzadas, podría facilitarse a través del Mercado de Capitales Europeo.

Para citar como referencia: Vila González, Manuel (2026), “España ante la integración de la industria europea de defensa: diagnóstico y propuestas”, Global Strategy Report, 12/2026.

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Introducción: el reto defensivo europeo

La invasión de Ucrania por Rusia en 2022 despertó a Europa de un letargo que arrastraba desde 2014, tras la ocupación de Crimea. Entonces la OTAN respondió en la cumbre de Cardiff con el compromiso de elevar el presupuesto de defensa de los aliados hasta un mínimo del 2% del PIB en un periodo de diez años, que ni España ni otros países europeos supieron (o quisieron) cumplir.

En 2025, además, nuestro principal aliado atlántico comenzó a dar signos de agotamiento en su relación con Europa (en parte debido semejante actitud dilatoria) y a mostrar una voluntad inequívoca de no contar con nuestra opinión en muchas de sus decisiones estratégicas, aunque nos pudieran afectar.

En ese contexto, se ha puesto de manifiesto la perentoriedad de disponer de un sistema de defensa continental que nos permita mayor autonomía, para poder hacer frente a las amenazas por nosotros mismos y disponer de tecnología adecuada para asegurar la supervivencia (y la victoria) ante ataques híbridos y riesgos, incluso, de más calado bélico. Alcanzar esa soberanía tecnológica (y estratégica, en consecuencia), implica disponer, inevitablemente, de una política industrial adecuada (Bitzinger, 2009).

Pero no contamos aún con medios suficientes en cantidad y calidad, y el primer lugar común al que se suele acudir es a la inexistencia de un mercado único de la defensa en Europa. Seguimos teniendo mercados nacionales y políticas de fomento de la soberanía nacional en cada país, lo que impide disponer de grandes empresas tractoras capaces de desarrollar los sistemas más complejos por sí mismas y competir por tecnología con los gigantes norteamericanos.

De todas formas, aunque ese problema dejara de serlo algún día, no tendríamos la seguridad de que pudiéramos garantizar nuestra defensa e integridad, siquiera la protección de nuestros intereses vitales. En la ecuación del poder disuasorio, hay un factor que minimiza el resultado cuando su valor es escaso o incluso nulo: la voluntad de utilizar la fuerza en caso de necesidad. Si no existe, la inversión en defensa no sirve para nada. Y los gobiernos europeos carecen de esa firme voluntad, en general.

Y eso está muy relacionado con la gran estrategia de un país o incluso de una organización como la Unión Europea. Es imprescindible que todo país tenga una estrategia nacional clara y duradera, basada en el consenso de sus principales fuerzas políticas.

Por todo lo anterior, podemos decir que el reto defensivo europeo se puede condensar en tres puntos:

– Falta de estrategia común clara (empeorada por la falta de estrategia nacional de algunos de sus miembros),

– Falta de voluntad para ejercer el hard power, y

– Falta de base industrial y tecnológica soberana suficiente.

El caso de España

En España esos problemas generales se agudizan. De entrada, no existe una estrategia consensuada a tan alto nivel, más allá, quizá, de la pertenencia a la Unión Europea como única excepción. Tal carencia se debe a la actual imposibilidad de pactar política exterior alguna, en un momento en el que la aparente prioridad del poder ejecutivo es la permanencia en el poder más que la defensa de los intereses de los españoles y la resolución de sus problemas. Desafortunadamente, en esas condiciones no hay opción alguna de consenso.

En segundo lugar, desde hace más de dos décadas no parece haber voluntad en la clase dirigente de utilizar las Fuerzas Armadas como herramienta para reforzar las posiciones de España en el contexto internacional (salvo ocasionalmente de la mano de algunos de nuestros aliados de firma combinada), que en muchos casos han pecado de naif, cuando no de contrarias a los intereses del pueblo español, claramente identificado con la libertad y la democracia, y atento siempre a los abusos que nuestra contraparte internacional pudiera verse tentada a cometer malinterpretando nuestra paciencia y nuestra natural solidaridad, a la luz de las cesiones sin contraprestaciones conocidas con las que nuestros dirigentes han regado su actividad exterior incluso con rivales estratégicos; todo lo cual debilita nuestra capacidad de disuasión de forma ostensible e incluso invita a algunos de dichos actores a elevar paulatinamente la osadía de sus invectivas y desafíos.

Finalmente, el tamaño de nuestra industria de defensa es demasiado pequeño como para poder asegurar nuestra soberanía estratégica, como consecuencia de las más de dos décadas de abandono de nuestra Defensa en términos presupuestarios. El reciente incremento de los fondos a tal efecto ha permitido poner en marcha una estrategia industrial de defensa con la intención de paliar este déficit en la medida de lo posible, aunque ya hemos comentado que las políticas industriales de defensa no sirven de gran cosa sin una estrategia nacional clara (la grand strategy de los anglosajones) y sin la voluntad real de uso de la fuerza en caso de necesidad (ataque fragrante a los intereses del pueblo español).

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— Global Strategy (@GStrategy_es) December 10, 2023

Con todo ello encima de la mesa, podemos establecer una primera prioridad de un próximo gobierno en España: establecer una estrategia nacional consensuada con la oposición, estableciendo un criterio claro que guíe la relación de España con el resto de las naciones y que constituya un esqueleto firme que, aun permitiendo introducir algún matiz en función de las diversas sensibilidades de los gobiernos que se sucedan, esté lejos de recibir el aliento y el aplauso de regímenes autoritarios y organizaciones terroristas yihadistas, a ser posible.

Desde el punto de vista de la empresa, solo la tercera cuestión puede ser objeto de análisis, si bien mostrar la preocupación tanto por la falta de consenso geoestratégico, como por la dejación disuasoria, es obligado a todo actor social de importancia, y el sector empresarial lo es como principal -si no único- generador de riqueza.

La industria de defensa ante el reto de la autosuficiencia

Lo que entendemos por la industria de defensa excede el sector secundario, pues hay multitud de empresas de servicios asociados a la logística que requieren las FF.AA. (y no solo de alto valor añadido), así como universidades y centros de investigación que podrían considerarse parte de ese ecosistema. Tampoco es un sector centrado exclusivamente en el ámbito militar, pues hay multitud de empresas presentes en otros mercados y desarrollos de tecnología dual que se emplean en aplicaciones civiles.

Esta doble vertiente es relevante, porque muchas necesidades civiles se resuelven técnicamente con notable precocidad mediante el empleo de soluciones novedosas que, cuando surge la demanda de un potencial uso castrense, ya están suficientemente maduras, abaratando su adquisición e incrementando su fiabilidad.

Dentro de ese entramado industrial nos podemos encontrar con grandes organizaciones que integran los sistemas que adquieren directamente los ministerios de defensa, o con empresas más pequeñas y especializadas, que normalmente son subcontratistas de las anteriores.

Para entender cómo conseguir que la industria de defensa se desarrolle hasta ser capaz de proporcionar lo que Europa necesita para garantizar su defensa, hemos de abordar el reto desde dos ópticas, en función del tamaño de los actores empresariales que intervienen en la solución.

El papel de las PYMEs en la generación de la innovación

La mayor parte de las empresas del complejo ecosistema industrial de defensa son PYMEs, detrás de las cuales hay empresarios, es decir, ciudadanos o familias que arriesgan su patrimonio para hacer que su compañía sea competitiva en el mercado, sostenible económicamente y atractiva para conseguir y retener talento. Entender esta peculiaridad permite comprender mejor la realidad del sector: toda empresa nace de una idea y del sueño de ponerla en práctica. Muchas de las grandes corporaciones del sector nacieron así.

Una parte significativa de las tecnologías más disruptivas nacen en pequeñas empresas, como consecuencia de la necesidad de resolver un problema técnico con el que se encuentra un cliente o la propia empresa. Eso no debe sorprendernos: las ideas no nacen de las organizaciones, sino de los individuos, de personas que crean soluciones a problemas concretos atando cabos de diversas disciplinas hasta entonces inconexas. Quienes hayan asistido al alumbramiento de alguna de esas ideas geniales entenderán bien el proceso de gestación, y seguramente se lleven las manos a la cabeza cuando se pretende que las grandes empresas agrupen en su seno toda la I+D+i habida y por haber por la vía de la adquisición de start-ups muy especializadas, sin percatarse de que entonces desaparecerá la chispa.

Esa efervescencia creativa solo puede darse en un entorno que premie la osadía y no castigue la heterodoxia ni el fracaso, tan complicado de recrear en una organización grande, salvo que los grupos operativos sean pequeños y autónomos, dado que para que nazcan y se desarrollen soluciones novedosas se necesita un caldo muy especial entre cuyos ingredientes destacan la libertad del agente innovador y la flexibilidad de la organización en la que desarrolla su trabajo, pues la semilla de todo proyecto se realimenta en torno a un pequeño grupo de entusiastas que se empiezan a especializar en una tecnología determinada.

De esa guisa florecen iniciativas protagonizadas por empresas de pequeño tamaño que desarrollan y fabrican catapultas electromagnéticas, vehículos submarinos de profundidad abisal, baterías de muy alto rendimiento, lanzadores espaciales, software BIM, constelaciones de satélites LEO, soluciones avanzadas de radiofrecuencia, componentes del sistema de propulsión de submarinos nucleares, drones aéreos, de superficie y submarinos… por poner algún reciente ejemplo nacional.

Cualquier PYME es susceptible de crecer, y el entorno administrativo debe conspirar para que así sea. La sociedad española (y europea) debe ser capaz de ayudarlas a prosperar, fomentando de abajo a arriba ese caldo de cultivo (y no al revés, por decreto, porque no funcionará), lo que no es fácil, pues el ámbito de una start-up o de una pequeña empresa es, de entrada, local. Podría pensarse que no hay una fórmula mágica para hacer realidad ese deseo más allá del papel que el Estado suele asumir en la innovación tecnológica (Mazzucato, 2013), pero la hay: el fomento de la competencia.

La competencia en el mercado de la defensa

Si aspiramos a tener un mercado europeo de defensa a la altura de las más altas cotas de la tecnología mundial, no basta con hacer converger las diversas grandes empresas nacionales del sector en corporaciones verdaderamente continentales (algo de lo que nos ocuparemos en el próximo epígrafe), bien agrupando especialidades o bien de forma transversal, sino que hemos de poder articular los mecanismos por los que las PYMEs más innovadoras, de suyo locales, puedan ser capaces de llegar a las distintas fuerzas armadas con sus productos y servicios más punteros, probablemente a través de dichas corporaciones.

A tal efecto, se han de constituir foros adecuados para la colaboración entre PYMEs de diversos países, y éstas han de tener la oportunidad de poder suministrar sus soluciones a las grandes empresas integradoras directamente, con independencia de dónde se encuentren y sin cortapisas por parte de las diversas administraciones. Debemos entender que el mercado es Europa, y disponer las reglas adecuadas para hacerlo posible.

En este contexto, cobra especial relevancia el papel de asociaciones que, como el Clúster de la Industria de Defensa (CID), buscan dar protagonismo a aquellas empresas que brindan servicio a las necesidades de las FF.AA., pero que no contratan directamente con el Ministerio en muchos de los casos por ser subcontratistas de las grandes empresas del sector (TIER 2 o incluso TIER 3).

La labor de estas asociaciones como puente directo entre las Fuerzas Armadas y las empresas resulta esencial para que las FF.AA. conozcan lo que se cuece detrás de la cortina que inevitablemente interponen sus interlocutores directos, y para que las empresas subcontratistas accedan de primera mano al conocimiento sobre las necesidades futuras de nuestra Defensa para mejor orientar sus inversiones y sus programas de I+D+i.

Ese enfoque desde la PYME (y desde la subcontratación) es totalmente complementario a la labor de las asociaciones que agrupan a quienes contratan directamente con la Administración, en particular con Defensa, o a los grandes integradores de sistemas, quizá con más vocación de lobby (presumiblemente del sector empresarial al Ministerio).

En los últimos dos años, sin embargo, al calor del incremento de la inversión en Defensa e impulsadas por los gobiernos autonómicos, con el apoyo en muchos casos de la DIGEID (en su lógico ánimo por ordenar el sector) y de las grandes asociaciones mencionadas (que pretenden canalizar todo contacto con Defensa a través de ellas), han aparecido multitud de asociaciones regionales, en una muestra de interés hacia el sector que parece certificar el final de gran parte de la animadversión social (o al menos de la de nuestros representantes, lo que no deja de ser un importante primer paso que debemos a la valentía del gobierno cuando decidió doblar el presupuesto de Defensa) hacia todo lo que tiene que ver con nuestra defensa.

No obstante, regionalizar un monopsonio a nivel nacional (y quién sabe si algún día europeo) no parece muy sensato, y, de hecho, ya se están dando los primeros pasos para la federación de clústeres nacionales de diversos aliados europeos con intención de promover, desde la iniciativa privada, esa interacción y fomentar así la colaboración sin renunciar a la competencia, haciéndola posible, de hecho, en cada uno de los mercados nacionales mediante la cooperación entre PYMEs continentales.

La ambición de la pequeña y mediana empresa por aportar su conocimiento al esfuerzo defensivo nacional, una vez olvidada en gran parte la parálisis y el complejo que suponía hasta hace bien poco para muchas compañías españolas tanto la significación en el sector, como su acceso indirecto a Defensa (al hacerlo a través de integradores), puede ocasionar cierta desazón en la Administración, debido a la imposibilidad de ordenar directamente su desarrollo de acuerdo con los criterios dirigistas que emanan de la Estrategia Industrial de Defensa de 2023 (recientemente actualizada), capaz de condicionar incluso la ubicación de las iniciativas inversoras en el sector, no solo por su letra, sino incluso aún más por su aplicación en la práctica.

Es difícil hacer entender en determinados estamentos que condicionan nuestra política industrial de Defensa que la competencia es el fuego incentivador en el que se cocinan los desarrollos tecnológicos. Pero hemos de insistir en ello. El mercado de la defensa es un monopsonio, como ya hemos señalado; al ser el Estado el único comprador, concentra todo el poder de negociación en el lado de la demanda, y puede utilizar el presupuesto como herramienta para intentar remodelar el sector industrial de la defensa de acuerdo con su visión particular sobre cómo tienen que ser las cosas. Ese riesgo es, en teoría, menor en un Ejecutivo de corte liberal, pero muy alto en caso de gobiernos con mentalidad intervencionistas, al margen de su espectro ideológico (pero como consecuencia de él).

Ese desequilibrio concurrencial, por lo tanto, se da en mayor proporción en la adjudicación directa de programas y sistemas desde el Ministerio, lo que quizá sea inevitable en gran medida. Pero se ha de hacer lo posible para que semejante mecanismo no se replique aguas abajo. La subcontratación por parte de los integradores puede y debe ser más abierta en función del número de subcontratistas cualificados que compitan en cada subsector, lo que es del interés de toda gran empresa, al regirse por criterios económicos.

La dificultad de integración de la gran empresa de defensa europea

Normalmente, al hablar de la integración industrial europea de la defensa, se está pensando en la de las grandes corporaciones, más que en cómo las PYMEs pueden acceder a la totalidad del mercado y no solo, fundamentalmente, al de su propio país de origen. Y es inevitable que todos pensemos en la experiencia de Airbus como caso de éxito y modelo a seguir. De hecho, se ha llegado a hablar, aunque con poco éxito hasta la fecha, de un “Airbus naval” en el que podrían integrarse los principales astilleros militares de la Unión Europea.

Sin embargo, no es habitual que se impongan soluciones como esa frente a la reticencia a “perder soberanía nacional” industrial. En toda integración europea el pez grande se come al chico. Fusión es un eufemismo para no tener que hablar de absorción en aquellos países cuyas empresas sean de menor tamaño relativo, como ocurrió, de hecho, con la española CASA en el ejemplo citado. Ese miedo ha elevado siempre la resistencia nacional ante este tipo de operaciones (Fiott, 2019).

Una reacción preventiva poco imaginativa a este hecho consiste en forzar la construcción de un “campeón nacional” que pueda, en un momento dado, llegar a integrarse en un eventual grupo europeo en igualdad de condiciones. Es lo que estamos viendo en España en los últimos dos años, al margen de la lógica del mercado e incluso de las necesidades concretas de las Fuerzas Armadas, es decir, con demasiados daños colaterales. Por eso una fusión forzada políticamente es posible que no sea la mejor solución, ni en el ámbito local, ni en el europeo.

La alternativa natural, que es la simple colaboración entre diversas empresas, tampoco parece que sea una solución viable en los grandes programas, como se está evidenciando en el desarrollo del programa Future Combat Air System.

Además, una fusión entre competidores europeos actuales restringiría el mercado, elevaría los precios en consecuencia y limitaría el incentivo para desarrollar nuevos productos y soluciones. Eso constituye un argumento para no construir monopolios artificialmente, ni en el ámbito nacional (donde pueden llegar a convertirse en monopolios bilaterales), ni en el continental.

Entonces, ¿cómo compatibilizar la necesidad de incrementar el músculo industrial europeo de los integradores (que deben ser auténticas empresas tractoras para las PYMEs) con la dificultad de fusionar los grandes campeones nacionales actuales en los diversos sectores?

Europeización de las grandes compañías de defensa

Empecemos por analizar qué significa que una empresa sea europea. En el subconsciente de los ciudadanos europeos, probablemente tres cosas.

La primera, que la propiedad de la empresa sea “europea”, no nominal y mayoritariamente alemana o francesa, por poner un ejemplo. Aunque el hecho de ser mayoritariamente del capital de un país miembro de la Unión Europea convierte automáticamente esa empresa en europea, deberíamos hablar de que todo capital comunitario tenga igual posibilidad de acceder a la propiedad de cada empresa. Nada debería impedir en la práctica que capitales con origen distinto al lugar de origen inviertan en una industria europea, cosa que ahora mismo condicionan las legislaciones nacionales.

Esa premisa se puede solucionar, más allá de una fusión cualquiera entre grandes empresas de diversos países, en el mercado de capitales. Cierto es que en la Unión Europea hay libertad de movimiento de capitales y que el hecho de que una empresa cotice en una bolsa europea permite el acceso a su propiedad, salvo por algunas barreras regulatorias… Un camino explorable para europeizar la industria de defensa del continente, pues, puede ser la constitución de una bolsa específica para valores europeos tecnológicos y de defensa, que pueda de esa forma evitar susceptibilidades localistas y atraer capital de todo el continente hacia proyectos de soberanía colectiva.

Desde luego, la puesta en marcha de la Unión del Mercado de Capitales (UMC, iniciativa lanzada en 2015), solventaría el problema, pero las reticencias nacionales que están alargando el proceso no nos permiten ser muy optimistas. Quizá podría establecerse de inicio una bolsa de valores europea específica para empresas de defensa y de tecnología dual, como primer paso para contribuir a mitigar todo reparo nacional a integrar definitivamente la industria de defensa europea.

La segunda idea que asociamos los europeos a la adscripción nacional de una empresa es la ubicación geográfica de sus plantas. Aquí Airbus es un buen ejemplo, pues la integración de diversas empresas reparte de entrada la distribución de todas ellas, y con el tiempo será la propia competitividad y tecnología de cada una de las instalaciones la que determinará el destino de las inversiones y por lo tanto su crecimiento o expansión.

Finalmente, el tercer factor importante es dónde se ubica la sede social. Probablemente ese será el último gran obstáculo, pues solo puede haber uno, y estamos muy lejos de pensar en Europa en términos no nacionales. Quizá la defensa nos dé la oportunidad de empezar a hacerlo.

Financiación de la industria de defensa

En la actualidad, aun sin presupuesto nacional desde que se aprobó el de 2023, la financiación de la inversión española en Defensa fluye hacia los grandes contratistas a través de distintas fórmulas. Eso permite, en teoría, la llegada de fondos a los subcontratistas de cada programa a través de las grandes empresas. Pero a nadie se le escapa que esa no es la forma de hacer crecer el músculo de las muchas empresas innovadoras que están desarrollando (o pueden desarrollar) soluciones imaginativas y eficientes a muchas de las necesidades de nuestras FF.AA.

La PYME requiere vías concretas de obtención de fondos para poner en marcha sus planes de inversión e I+D+i, y recurre a la banca como su fuente natural de financiación. Sin embargo, ésta ha sido hasta hace poco más de un año, no ya reacia, sino en general abiertamente hostil a la industria de defensa. Estamos, por tanto, de enhorabuena, aunque aún hay matices cuando la afectación militar no es disimulable (se diferencia entre “defensa” y “armamento”, por ejemplo).

España no tiene tampoco un ecosistema sólido, masivo y avanzado de capital riesgo, lamentablemente, como puede ser el de EE.UU., aunque sí ha fondos y family offices que no se arredran ante este tipo de etiquetas (aunque en algún caso también se apuntan a la distinción mencionada).

Fondos y bancos temen el “riesgo reputacional” de que determinados clientes o inversores les asocien con la guerra… y no con la paz, quizá porque el ciudadano español medio carece de la cultura de defensa mínima con la que evitar esa eventualidad. Aunque parezca que caricaturizamos la situación, lo cierto es que hasta ahora no les ha quedado mucha más alternativa a algunas PYMEs que invisibilizar las líneas de negocio puramente militares y poner el foco en los productos o servicios civiles, para pasar a ser empresas aeronáuticas, espaciales, de comunicaciones, navales o de componentes de automoción. No se oculta la dualidad, pero cualquier aplicación hacia el lado más oscuro de la Fuerza se presenta como mero potencial.

En este contexto se impone de nuevo el contacto directo, siquiera informal, entre la PYME tecnológica dual y las Fuerzas Armadas, para así desarrollar el embrión de nuevas soluciones autóctonas y escalables, quizá mediante nuevos programas específicos de acción directa. La PYME que dispone de tecnología dual tiene que seguir desarrollando soluciones innovadoras a los problemas de nuestras FF.AA. Esa dinámica la impulsa a crecer, y para hacerlo necesita financiación estable y un entorno que no la asfixie, además de un mercado mínimamente lucrativo: sin rentabilidad se reduce la asunción de riesgos y por lo tanto el impulso innovador que caracteriza a muchas de estas empresas.

Finalmente, ya se ha comentado la posibilidad de utilizar una bolsa europea para la financiación de las grandes corporaciones en caso de que la Unión Europea sea capaz de sacar adelante la iniciativa de la UMC, que permitiría que se difuminara en parte la percepción nacionalista de la propiedad de las compañías, por mucho que la lógica económica impusiera a largo plazo que cualquier empresa europea cotizada acabara teniendo un 24% de capital alemán o un 9% de capital español, por ejemplo, en función de la capacidad proporcional de ahorro e inversión de cada economía. Siguiendo esa lógica, Francia (el accionariado francés) acabaría disponiendo de alrededor de un 16% de la propiedad de las empresas de armamento de la Unión, cuando la realidad es que su actual proporción en el tejido industrial de defensa europeo es mucho mayor, dada su mayor inversión relativa (¡y absoluta!) en defensa de las últimas décadas y su tradicional propensión a comprar material propio. En esas circunstancias, es fácil de entender la reticencia gala a todo proceso de convergencia industrial de defensa en la UE.

Qué necesita la industria de defensa europea

La industria de defensa no necesita sino lo que la propia Defensa de España (o de Europa, según el ámbito del que estemos hablando) para garantizar nuestra seguridad internacional, y no requiere sino lo que toda industria para poder desarrollarse. La particularidad está en que cuando hablamos de sus necesidades, no nos referimos a la intersección de ambos conjuntos (industria por un lado y defensa por otro), sino a un entorno más extenso que agrupe y envuelva a ambos y que sea, por ende, más complejo que cualquiera de ellos por separado; conjunto que, de facto, se convierte exclusivamente en Defensa en caso de guerra, cuando éste (que forma parte del conjunto “industria+defensa” en época de paz), crece hasta abarcarlo todo, incluyéndose al “sí mismo” anterior y a todo lo que entonces se consideraba “lo demás”.

Lo primero que necesitamos, por encima de la financiación, es una estrategia. Lo mismo que España necesita una estrategia nacional consensuada (lo que los anglosajones llamarían “gran estrategia”), que nos permita entender nuestras capacidades y señalar a nuestros competidores estratégicos, definiendo las líneas de acción para alcanzar objetivos comunes claramente identificados, Europa en su conjunto ha de hacer el mismo ejercicio. En ambos casos en forma de consenso generalizado.

A partir de ahí, la certidumbre sobre la financiación sostenida es fundamental. No hay innovación ni inversión en las empresas sin una mínima seguridad sobre las reglas de juego, por eso es imprescindible tener una visión a largo plazo sobre el presupuesto con el que contarán las diversas Fuerzas Armadas para abordar sostenimiento e inversiones.

La segunda prioridad ineludible para un próximo gobierno de España en términos de Defensa, por lo tanto, es acordar un marco legal de financiación a largo plazo con los principales partidos del arco parlamentario, buscando de nuevo el consenso que tanto se ha echado de menos en la última década, no solo para establecer una estrategia nacional, sino para poner en marcha ese cuerpo legislativo de referencia que permita la financiación del esfuerzo defensivo patrio.

De la gran estrategia, por otro lado, han de emanar las sectoriales. No nos referimos únicamente a las militares, aquellas que marcan la pauta en cada uno de los dominios. La sociedad europea debe demandar a sus dirigentes estrategias de carácter civil sin las que todo esfuerzo defensivo quedaría cojo, en los ámbitos educativo, sanitario, de infraestructuras de transporte o energético, por ejemplo. Todos ellos son, en última instancia, palancas de la resiliencia continental ante los desafíos geoestratégicos a los que nos estamos viendo sometidos de forma creciente.

Así, Europa debe dejar de imponer un modelo artificial de “sostenibilidad”, que tanto ha perjudicado nuestra industria (el automóvil es el ejemplo más eminente) y ha fortalecido la de nuestros competidores sistémicos internacionales, debe redefinir su política de inmigración y potenciar reformas continentales pendientes basadas en una lógica económica que permita mantener toda mejora de carácter social a largo plazo; todo lo cual tiene mucho que ver, en ese conjunto amplio “industria+defensa” al que hacíamos mención, con nuestra defensa colectiva.

Conclusión

En suma, la integración de la industria española en la europea es deseable, por cuanto elevará el nivel tecnológico de muchos de nuestros suministros y evitará el veto de uso en todos aquellos sistemas que se conciban y fabriquen en el continente (sin esa condición, no tiene sentido).

Para conseguirlo necesitamos, en primer lugar, una estrategia nacional (y europea) de consenso y una estrategia industrial inteligente derivada de ella, que señalen objetivos claros y proporcionen la certidumbre presupuestaria que la industria reclama. Sin esa brújula, cualquier esfuerzo inversor, por cuantioso que sea, corre el riesgo de despilfarrarse en iniciativas incoherentes entre sí.

En segundo lugar, es preciso fomentar una mínima competencia a todos los niveles y europeizar la industria de los diversos países, lo que bien podría hacerse con la puesta en marcha definitiva de la UMC, quizá en una versión preliminar centrada en los sectores tecnológicos y de defensa. Esta vía resultaría menos traumática que las fusiones forzadas y más eficaz que la mera colaboración contractual, que tantas veces se revela insuficiente en los grandes programas.

En tercer lugar, quizá el aspecto más novedoso que se pretende subrayar, la PYME no es un actor secundario ni un mero proveedor de segundo rango: es el semillero de la innovación real, el lugar donde nacen las ideas disruptivas que luego los grandes integradores escalan y despliegan. Proteger ese ecosistema, facilitarle el acceso directo a las Fuerzas Armadas (para favorecer el conocimiento mutuo) y a los mercados europeos, y dotarle de financiación estable es tan urgente como cualquier programa de grandes plataformas.

Sin embargo, el impulso europeizante no nos puede hacer perder de vista que la prioridad de la Defensa es disponer del mejor material a nuestro alcance, por encima de su procedencia, por lo que tendremos que seguir comprando a nuestros aliados occidentales hasta que seamos capaces de disponer de equipos con prestaciones comparables.

El futuro está por escribir, y son quienes trabajan en la industria y en las instituciones políticas quienes deben esforzarse por mejorar la situación en la que nos encontramos. La defensa de Europa (y la de España dentro de ella) depende tanto de la voluntad política para invertir como de la capacidad industrial para transformar esa inversión en soberanía tecnológica real.

Mientras, la integración industrial del sector en la UE requerirá tiempo, al menos hasta que el porcentaje del PIB dedicado a defensa se haya mantenido en parecidos términos durante un periodo lo suficientemente largo como para que el tamaño de las industrias locales sea proporcional al volumen del PIB de cada uno de los países miembros.

El camino de España para hacer posible esa transición hacia la excelencia defensiva es el consenso de los españoles, tanto en términos geoestratégicos, como regulatorios y financieros, lo que facilitará a su vez evitar la inoperancia del esfuerzo defensivo nacional por renuncia de la voluntad de uso de la fuerza en caso de necesidad.

Referencias

Bitzinger, Richard A. (2009), The Modern Defense Industry: Political, Economic and Technological Issues, Santa Barbara: Praeger Security International.

Comisión Europea (2024), White Paper on European Defence — ReArm Europe, Bruselas: Comisión Europea.

Draghi, Mario (2024), The future of European competitiveness: a competitiveness strategy for Europe, Bruselas: Comisión Europea.

Estrategia Industrial de Defensa 2023, Madrid: Ministerio de Defensa.

Estrategia de Seguridad Nacional 2021, Madrid: Presidencia de Gobierno.

Fiott, Daniel (2019), «Defence industrialisation in Europe: the community of practice», Journal of European Integration, vol. 41, nº 5, pp. 611–625.

Mazzucato, Mariana (2013), The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Londres: Anthem Press.

OCDE (2022), Defence Procurement and SMEs: Improving Access and Innovation, París: OECD Publishing.

VV.AA. (2022), El futuro de la OTAN tras la Cumbre de Madrid 2022 (“Cuaderno de Estrategia Nº 211”), Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos.

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Editado por: Global Strategy. Lugar de edición: Granada (España). ISSN 2695-8937