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La seguridad del Estado en un mundo cambiante y complejo

https://global-strategy.org/la-seguridad-del-estado-en-un-mundo-cambiante-y-complejo/ La seguridad del Estado en un mundo cambiante y complejo 2021-05-17 08:26:00 Mario Arteaga Blog post Estudios Globales Global Strategy Reports
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Global Strategy Report, 21/2021

Resumen: La seguridad del Estado enfrenta un escenario internacional complejo caracterizado, especialmente, por su constante evolución y altos niveles de incertidumbre, lo cual dificulta la tarea de los responsables de proporcionar ese bien público, indispensable para que el Estado pueda desarrollarse, prosperar y enfrentar amenazas cada vez más poderosas. En este artículo, considerando el escenario descrito, se revisa la validez y capacidad de diferentes enfoques de seguridad y se analizan las implicancias de la política exterior, del ambiente político interno, del conflicto híbrido y del desarrollo tecnológico, en la seguridad del Estado.


Introducción

En este artículo se analiza la seguridad del Estado, como un desafío político y estratégico que cada día es más difícil de conseguir. Lo anterior, debido a que el escenario internacional evoluciona permanentemente, acompañado por niveles de incertidumbre crecientes, los que – en conjunto – dificultan la toma de decisiones y la gestión de la seguridad.

Para demostrar lo expuesto, primero se revisan asuntos conceptuales de la seguridad intentando identificar un modelo o enfoque que se adecúe al escenario descrito; posteriormente, se analizan los propósitos de la política exterior de los Estados y sus repercusiones en la seguridad de los mismos; seguidamente, se analiza el efecto de la situación política interna de los Estados en su propia seguridad; a continuación, se repasan los efectos del conflicto híbrido; y, finalmente, se analizan los efectos del desarrollo tecnológico en la ya citada seguridad.

Las razones que motivan este esfuerzo académico se relacionan con la necesidad de contribuir a que los Estados, en especial su componente el gobierno, consideren que la creación e implementación de políticas y estrategias de seguridad constituye una tarea compleja que debería asumirse con realismo, considerando que los riesgos y amenazas tradicionales persisten; y, teniendo presente, además, que en la actualidad ellos se han incrementado con los mecanismos de acción del conflicto híbrido, con el desarrollo tecnológico y, también, por la difusa frontera que se evidencia entre la seguridad interior y exterior de los Estados.

Debate conceptual  

El año 2010, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, manifestó que en un ambiente de incertidumbre el primer deber de su gobierno era la seguridad de la nación, puesto que ella es fundamental para su libertad y prosperidad (HM Government, 2010). En la misma ocasión, también destacó la importancia de conocer y comprender el ambiente internacional donde se interactuaba. De acuerdo con Cameron y trasladando sus expresiones al escenario internacional presente, es factible establecer que ello se ha transformado en una práctica por parte de los Estados, que no dudan en dejar constancia de las mismas intenciones en sus políticas exteriores y en sus políticas de seguridad y defensa. Lo anterior, se aprecia nítidamente en el concepto de seguridad nacional israelí donde se sostiene que ella “tiene por objeto, ante todo, preservar la existencia del hogar nacional judío” (Mendelberg, 2017: 51), debido a la existencia de constantes que persisten en el tiempo, las cuales corresponden al escenario al que se refería Cameron, pero agravadas por la evolución permanente de las amenazas y por el incremento progresivo de la incertidumbre.

Por su parte, coincidiendo con los casos anteriores, a lo menos en lo fundamental, el gobierno de España, en diciembre del 2017, aprueba su Estrategia de Seguridad Nacional donde se aprecia que ella constituye una política de Estado, caracterizada por su continuidad y su capacidad para “superar las agendas particulares de cada gobierno e implicar al conjunto del sector público”, invitando a la participación activa de la sociedad española a través del fomento de la “cultura de Seguridad Nacional” y entendiendo que las amenazas se han incrementado y evolucionado debido a las manifestaciones del conflicto híbrido y a la mayor potencialidad y capacidad de las ciberamenazas (Gobierno de España, 2017: 16-19) .

Los planteamientos anteriores dejan al descubierto que los Estados, en alguna medida, están retomando el enfoque tradicional de la seguridad, es decir, están privilegiando la figura del propio Estado como objeto referente y, junto con ello, se está generando el espacio político y estratégico para promover el desarrollo de capacidades que conduzcan a un mayor poder nacional, en concordancia con el planteamiento de que la seguridad es un “bien que el Estado debe mantener por sí mismo y con sus propios medios” y que constituye un “bien público” (Attina, 1999: 182-183).

Es interesante la coincidencia que se aprecia entorno a la importancia que se atribuye a la seguridad del Estado, para la supervivencia y prosperidad del mismo. Se suma a ello, el reconocimiento explícito de que las amenazas y la incertidumbre evolucionan y se incrementan, con lo cual el escenario se hace cada vez más complejo y la tarea conseguir la seguridad necesaria se transforma en un esfuerzo que requiere la “continuidad” a la cual se refiere la Estrategia de Seguridad Nacional española.

Profundizando en el requerimiento de “continuidad”, cobra importancia el planteamiento de Colin L. Powel, cuando se refiere a la cooperación internacional y manifiesta que en asuntos tan fundamentales como ella se debe abandonar “la cuestión ideológica y el oportunismo político” (Powel, 2004: 48-57). Esto, debido a que ese planteamiento es aplicable, también, a la Seguridad del Estado si es que se aspira a conseguir ella permita enfrentar las amenazas del presente y del futuro con efectividad mediante un progreso permanente, sin retrasos ni cambios que signifiquen retrocesos o la vuelta a cero.

Se advierte un individualismo por parte de los Estados, el cual conduce a pensar en la validez de los enfoques de la seguridad colectiva, de la seguridad cooperativa y de la seguridad multidimensional, atendiendo a que todos ellos giran entorno a la cooperación interestatal, requisito que difiere de lo que se plantea en los párrafos precedentes porque en la vinculación interestatal continúan manifestándose el predominio de los propios intereses, la necesidad de consenso político, el abandono o la disminución de la agenda nacionalista y la ausencia del dilema de seguridad al que se refiere Javier Jordán (2013: 182-183).

Al parecer, los enfoques de seguridad que se conocen son insuficientes para garantizar la supervivencia del Estado, para proteger sus intereses nacionales, para asegurar el bienestar de su población y, para contribuir efectivamente a la seguridad internacional cuando ello se requiera. Esto constituye una realidad que debe asumirse, porque de lo contrario, tanto la seguridad de los Estados como la seguridad internacional solo constituirían ideales muy difíciles de alcanzar.

Podría ser que la solución al problema que se plantea se encuentre en un enfoque de seguridad que: inicialmente, responda a los propósitos de cada Estado, los cuales deberían declararse abiertamente, sin ambigüedades, de tal manera que, a partir de ello, se puedan establecer las bases para intentar un sistema que contribuya, verdadera y efectivamente, a la seguridad internacional. Mientras esto no ocurra, el realismo político continuará aplicándose en la concepción de la Seguridad de los Estados, conduciendo a soluciones individualistas como las que se aprecian en estos tiempos.

Por lo tanto, no debe sorprender que el debate conceptual entorno a la seguridad se mantenga, con evidente práctica del realismo político que prioriza las necesidades de cada Estado de manera individual, trasladando a una posición muy secundaria los enfoques que se orientan a fortalecer la seguridad internacional. Para esto, no se debe olvidar que tal como la Paz no es inalterable, tampoco lo es la seguridad del Estado y más aún la seguridad internacional.

Implicancias de la política exterior en la seguridad del Estado

Según Marcel Merle (2008: 355), la política exterior de los Estados constituye un medio a través del cual se intenta cumplir las funciones estatales en el sistema internacional, siendo necesario verificar la sinceridad de lo que en dicha política se expresa y, junto con ello, comprobar si el concepto de política exterior tiene el mismo sentido para todos los Estados que participan en la actividad internacional. Como se aprecia, en el pensamiento de Merle se advierte desconfianza porque aún cuando la política exterior de un Estado busca adherir a los postulados y normas del Derecho Internacional Público, es probable que ella sirva a otros propósitos que se ocultan intencionalmente.

En el contexto de las relaciones internaciones, en general, se acepta que la política exterior facilita acuerdos por la vía del mecanismo de la cooperación y que ella se caracteriza por su dinamismo y evolución debido a asuntos que ocurren tanto en el ámbito interno de los Estados como en la interacción de ellos en el sistema internacional. Simultáneamente, ingresando al campo del realismo político y recurriendo a la experiencia, también se asume que las ideologías y los nacionalismos exacerbados influyen en la política exterior de los Estados y, en tal sentido, se admite que ellas pueden contener amenazas implícitas para otros, las cuales no se advierten fácilmente. Al respecto, no se debe pasar por alto el planteamiento de Morgenthau (1986: 14), cuando manifiesta que es una tarea clave establecer la motivación de la política exterior de los Estados, al igual que verificar si lo que allí se declara es la realidad o un disfraz.

Debido a lo anterior, es fundamental ser cuidadoso y racional cuando se analiza la política exterior de un Estado, por más altruista que ella parezca, porque podría estar asociada a un propósito político y estratégico particular, quizás oculto, como podría ser el incremento del poder nacional para conseguir algún grado de dominación directa o indirecta. Actuando de esta manera, se conseguiría “minimizar los riesgos y maximizar los beneficios”, como sostiene Morgenthau (1986: 19), cuando se refiere a la política exterior.

Con respecto a la dominación indirecta, se concuerda con lo que plantea Pedro Baños (2018), cuando invita a reflexionar con respecto a que dicho propósito político y estratégico corresponde a una estrategia utilizada por los Estados que detentan un alto grado de poder nacional, para imponer sus propios intereses y controlar a otros Estados, sin tener que recurrir al empleo de la fuerza, evitando de esa manera el conflicto armado o violento. Según Baños, en la dominación indirecta se acciona por la vía de la cooperación, para así llegar a ejercer influencia en asuntos económicos, tecnológicos, de seguridad, militares y políticos, pudiendo ampliarse a lo cultural, la preservación del medio ambiente, la salud e inclusive a asuntos tan fundamentales y particulares como la seguridad y la defensa nacional. Por lo visto, se trata de practicar una oferta conciliatoria y generosa, que inicialmente puede cumplirse, pero que más tarde se transforma en una herramienta de presión a la cual los Estados favorecidos son incapaces de oponerse, debiendo alinearse con las exigencias que les plantee el Estado supuestamente benefactor.

Para evitar caer en la trampa debe entenderse que, por lo general, la política exterior de un Estado se orienta a generar simpatías y adhesión en lo político, en lo filosófico y en lo social, entre otros, con el propósito de aumentar su prestigio y conseguir mayor influencia sobre otros Estados y organizaciones internacionales, intentando un alineamiento para que su poder nacional se fortalezca y pueda ser utilizado con mayor libertad de acción en el contexto internacional, de tal manera que la obtención de sus propios objetivos se facilite. 

Es importante poner atención a políticas exteriores donde se declara, normalmente con vehemencia, la intención de desarrollar el intercambio económico y comercial, mejorar las condiciones para la inversión financiera, introducir recursos económicos para la modernización de los Estados, desarrollar relaciones amistosas, promover el intercambio tecnológico, apoyar el desarrollo de la infraestructura crítica nacional, colaborar en el aseguramiento de la salud de la población, llegando a ofrecer recompensas. Asumiendo esto, en el análisis y evaluación de la política exterior de un Estado, se debe confrontar la citada propuesta con otras declaraciones contenidas en la misma política exterior, por ejemplo con aquellas donde se sostiene que se priorizan y se persiste en la obtención de los propios intereses nacionales, que predominará la práctica de la autodeterminación, que no se aceptará la subordinación a bloques de potencias o a organizaciones internacionales aún cuando se pertenezca a aquellas, que se respalda a los Estados alineados políticamente y, que se continuará desarrollando las capacidades nacionales para asegurar la defensa y la seguridad nacional. La realización de este proceso permitirá establecer la existencia de contradicciones entre los verdaderos propósitos de una política exterior y la oferta que se propone a la sociedad internacional y, con ello, debería quedar al descubierto cuál es la verdadera pretensión política de un Estado disminuyendo los riesgos para sus pares.

Adicionalmente, una política exterior estatal engañosa y contradictoria incrementa la incertidumbre, especialmente en el nivel político, dificultando el accionar del Estado en la zona gris del conflicto híbrido, donde los actores no se identifican con claridad y sus actuaciones no constituyen un reto suficiente para justificar una respuesta fuerte, inclusive armada, porque se actúa sin sobrepasar los límites de los acuerdos y de tal manera que la duda política y estratégica se instala en quienes deben tomar decisiones propias de esos niveles. Lo anterior, debido a que los mecanismos de acción asimétricos se potencian al contar con el encubrimiento que dificulta establecer la realidad, especialmente cuando se trata de dependencia política y económica e intervención en asuntos internos. A lo anterior, se suma el efecto del apoyo internacional que el Estado, que amenaza, obtenga, debido al incremento de su prestigio por la vía de la política exterior que ha implementado.

En el escenario expuesto, es importante que los Estados moderen el optimismo y la confianza, evitando caer en la falacia de que es posible igualar las políticas exteriores para una mejor convivencia internacional, porque caer en la trampa de una política exterior disfrazada, definitivamente podría colocar en peligro la seguridad del propio Estado. En esto, la práctica del pensamiento estratégico, en especial de su componente el pensamiento crítico, es esencial para aproximarse a la realidad política, teniendo presente que en la contienda internacional no siempre se actúa con el pragmatismo ateniense que se evidencia en el famoso Diálogo de Melos que relata Tucídides (2014: 539-549), donde la amenaza se manifiesta directamente y sin entuertos.  

La seguridad del Estado y el ambiente político interno             

Asumir la existencia de una difusa frontera entre la seguridad interior y la seguridad exterior del Estado, es motivación más que suficiente para analizar cuáles son los efectos del ambiente político interno en la seguridad del Estado. Al respecto, y a priori, se destaca que buenos niveles de gobernabilidad y de estabilidad política, constituyen fortalezas para impulsar acciones que sirvan para alcanzar la prosperidad y tranquilidad que facilitan el desarrollo del Estado. No en vano, el propio Aristóteles se refiere a lo peligroso que es cuando “se introduce el desorden en la república” (1992: 132), porque ello puede conducir a la disolución de las asociaciones, a la insuficiencia de las leyes existentes, a situaciones que favorezcan la insurrección y a que los “demagogos” impulsados por el “deseo de agradar al pueblo” practiquen la “política confiscatoria por medio de los tribunales” (1992: 132). Al respecto, Aristóteles advierte, también, que ante tal escenario, se debería fortalecer la seguridad de la república adoptando medidas precautorias y promulgando leyes que sirvan a la conservación de ella. En consecuencia, se infiere que el orden al interior del Estado, traducidos en gobernabilidad y estabilidad política, influye en la seguridad de ese mismo Estado.

Asumiendo lo anterior, es fundamental recordar que la gobernabilidad se mide a través de indicadores tales como: la efectividad del gobierno, la calidad del marco regulatorio general, la ausencia de terrorismo, la ausencia de violencia generalizada, la participación de los diversos sectores de la sociedad nacional, el grado de control de la corrupción, la situación del estado de derecho y la estabilidad política. Por su parte, la estabilidad política, también reconocida como estabilidad democrática, se sustenta en dos componentes principales: el primero es un alto nivel de tolerancia política, en tanto que el segundo se refiere a la situación del sistema de apoyo a la estabilidad (Arteaga, 2015: 141-145).

La estabilidad política, siendo también uno de los indicadores de la gobernabilidad, adquiere importancia especial debido a que su existencia en niveles positivos implica que los ciudadanos están otorgando legitimidad a sus instituciones, reconocen los poderes del estado y valoran su accionar, y respetan los derechos de todos los sectores de la sociedad nacional. Con respecto a su componente, la tolerancia política, para ella se destacan los siguientes indicadores: el respeto a la libertad de expresión, el derecho a voto y el derecho a las demostraciones políticas y sociales pacíficas. Por su parte, con relación al sistema de apoyo a la estabilidad política se distinguen, como indicadores, el respeto a los derechos ciudadanos, el respeto a las instituciones políticas y la garantía del legítimo juicio ante los tribunales instituidos (Arteaga, 2015: 142).

Como se aprecia, los indicadores de la gobernabilidad, sumados a los componentes e indicadores de la estabilidad política, son instrumentos que permiten establecer si existe o no un buen ambiente político interno, que permita el funcionamiento del Estado en condiciones de normalidad, sin que se manifiesten vulnerabilidades que puedan afectar su seguridad interior y, por la estrecha relación existente, que pongan también en peligro su seguridad exterior.

Otro asunto, relacionado con lo anterior y que puede influir en la gobernabilidad y en la estabilidad política, es el excesivo distanciamiento entre los poderes del Estado. Al respecto, se sostiene que son tres aparatos distintos a los que la realidad actual les impone adaptarse a las nuevas condiciones para que su acción sea efectivamente contributiva. Esto se debe a que el Estado es sujeto de mayores exigencias por parte de la sociedad nacional y de los actores del sistema internacional, en un contexto donde la democracia ha adquirido mayor dinamismo e inestabilidad. Históricamente, la separación de los poderes legislativos, judicial y ejecutivo, se sostenía en la necesidad de evitar la acumulación de poder al interior del Estado, proclamándose para ello la independencia de cada uno de esos poderes.

Actualmente, aceptando y respetando la tarea que a cada poder le corresponde, se advierte que es necesario una mayor cercanía entre los tres poderes, para así contribuir más al funcionamiento efectivo del Estado, porque se estima que de esa manera se minimizaría el riesgo de que se produzcan fisuras políticas, económicas, judiciales y especialmente sociales, las que agravadas por una solución inoportuna y por el diálogo y acuerdo tardío entre los citados poderes, podrían reducir la gobernabilidad y la estabilidad política, facilitando el accionar de actores externos en beneficios de sus propósitos. Tal vez, una motivación para que se produzca mayor cercanía entre los poderes ya mencionados, sin invadir sus respectivos espacios de acción, se encuentre en la búsqueda de la unidad que fortalece la moral nacional y que, a la vez, permite enfrentar los mayores esfuerzos en pro de la seguridad y supervivencia del Estado.  

Con respecto al ámbito político interno, Raymond Aron, advierte sobre el riesgo que representa el alejamiento entre el asunto político y las aspiraciones de la sociedad nacional, manifestando que ello constituye una “causa profunda de inestabilidad” y una disociación peligrosa entre “el poder político y el poder social” (2015:90). Para evitar el alejamiento al que se refiere Aron y con ello el riesgo que se le asocia, es indispensable que los que participan del quehacer político, entre ellos los que integran el poder ejecutivo y el poder legislativo, especialmente, sean capaces de entender el ambiente que existe al interior del Estado en su amplio contexto. Para que lo anterior sea posible, es fundamental que los políticos, en general, posean conocimiento, preparación y experiencia, sumando a ello virtudes propias del líder que prioriza el bien común y la seguridad y prosperidad del Estado, por sobre sus propios intereses e ideología política, porque de lo contrario predominará la disputa y la competencia por el poder, alejándose de los intereses del “poder social”. Es decir, se produciría la disociación y el alejamiento que puede conducir a la inestabilidad política y a la debilidad de la gobernanza, generándose un ambiente político interno complejo que puede afectar tanto la seguridad interior como exterior del Estado, porque la moral nacional, que implica unidad de esfuerzos y que según el planteamiento realista es uno de los elementos del poder nacional, podría ser peligrosamente debilitada. 

Pero la situación es aun más compleja, porque tal como lo señala Aron, la inestabilidad política, en su condición más grave, también pueden conducir a procesos reversivos que transformarían el ambiente político interno por la vía del desconocimiento de la legalidad y el abandono de la competencia política pacífica. Con lo anterior, se podría romper el equilibrio que existía entre fuerzas contrarias, generándose espacio para retornar a sistemas políticos anteriores, como podría ser el paso de un sistema democrático a “la revolución” que explota el descontento de la sociedad nacional. Este fenómeno político, impacta negativamente el carácter y la moral nacional, degradando la determinación para afrontar esfuerzos que sirvan a la seguridad del Estado y a su supervivencia.  

Conforme a lo expuesto, es muy probable que al existir un ambiente político interno descompuesto, la seguridad interior del Estado se encuentre afectada y vulnerable frente a amenazas de diverso orden. Esto, a veces, se pierde de vista porque los actores políticos del Estado enfocan sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones para los problemas que son de su incumbencia personal e interés, sin que lo relacionen con la seguridad que, por consecuencia, pasa a una posición secundaria e inclusive se pierde de vista.

Lo peligroso es que una situación política interna en descomposición, sumado a carencias en seguridad interior y a la falta de acción política, por las razones que sean,  conforman vulnerabilidades que facilitan el accionar de las amenazas debido a que; primero, se reduce el apoyo de la sociedad nacional para que el gobierno del Estado desarrolle sus acciones de política exterior; y, segundo, porque se otorga espacio para que eventuales adversarios lleven a efecto acciones de desestabilización, de apoyo a grupos opositores y de operaciones de desinformación, entre otras, con el propósito de incrementar la disminución de los niveles de gobernabilidad y de estabilidad política, por la vía de los mecanismos de acción del conflicto híbrido que se ha convertido en una amenaza potencial para los Estados.

Sin embargo, la situación podría agravarse, porque lo que se expresa en el párrafo anterior originaría una pérdida de poder nacional, haciendo que otros Estados se vuelvan más poderosos y que se pierda el equilibrio del poder que minimiza el riesgo de la aparición del Dilema de Seguridad que podría ser el preámbulo de un conflicto internacional, inclusive armado. Derivado de esto, se puede inferir que el ambiente político interno del Estado no solo puede afectar su seguridad interior, sino que también su seguridad Exterior y, con ello la Seguridad Nacional.        

El conflicto híbrido y sus implicancias en la seguridad del Estado

Con anterioridad, se ha mencionado la relación que existe entre el conflicto híbrido y la seguridad del Estado, destacando que aquello se facilita porque esta modalidad de conflicto explota espacios que se generan por la difusa frontera que existe entre la seguridad interior y la seguridad exterior del Estado.

Inicialmente, se recuerda que el conflicto híbrido corresponde a una forma de interacción interestatal, donde se desarrollan acciones tanto convencionales como asimétricas que, de acuerdo con numerosos autores, se llevan a efecto mediante acciones tales como: amenazas contra la infraestructura del Estado a través del ciberespacio, presiones económicas y diplomáticas, de operaciones de desinformación, empleo de grupos de poder no militares, asociación con el crimen organizado y ejercicio del terrorismo. Al respecto, las amenazas que se derivan de esta modalidad de conflicto, según lo señala la Comisión Europea, son de “carácter evolutivo” y constituyen una preocupación para la “defensa y la seguridad nacional” (2016: 2).

En el conflicto híbrido participan las capacidades tanto convencionales como asimétricas del Estado, buscando generar superioridad política y estratégica para la obtención de los propios objetivos, sin recurrir al empleo de las capacidades militares o postergando su empleo. Al respecto, se puede afirmar que el comprometimiento en un conflicto híbrido corresponde a una decisión política y estratégica del Estado, atendiendo a las complejidades que implica actuar convencional y asimétricamente de manera casi simultánea. Adicionalmente, se debe tener presente que el conflicto híbrido no es algo nuevo y reciente, sino que, tal como lo señala el Centre de Doctrine d’Emploi des Forces del Ejército de Tierra de Francia, con lo cual se concuerda, esa modalidad de conflicto “siempre han formado parte del conjunto de elementos guerreros de la humanidad y en todas épocas” (2007: pp. 14 – 16).

El conflicto híbrido tiene particularidades que aumentan la complejidad y la incertidumbre del conflicto tradicional, implica la voluntad política necesaria para resolver el empleo de los recursos del poder nacional en conjunto con otras capacidades que surgen del variado catálogo asimétrico que ofrece productos tales como: acciones clandestinas, presión política, intervención política y económica, terrorismo, ataques cibernéticos y operaciones de información, entre otros. En este mismo contexto, la voluntad política cumple un rol fundamental cuando se opta por esta modalidad de conflicto que implica, a lo menos, riesgos políticos, jurídicos y económicos, que pueden producir rechazo, desprestigio e inclusive sanciones en el contexto internacional. Sin embargo, como la realidad lo demuestra, todo depende de la estatura política y estratégica del Estado, es decir, si éste corresponde a una potencia mundial, un Estado intermedio o un Estado pequeño, porque es muy probable que una potencia mundial que se comprometa en un conflicto híbrido no tenga que enfrentar la presión política de otras potencias ni de organismos internacionales, a diferencia de lo que no ocurriría con un Estado pequeño con alta dependencia política, estratégica y económica. Un ejemplo de esto se aprecia en los antecedentes de la anexión de Crimea por parte de Rusia, el año 2014, donde se constata la voluntad política de Putin, el accionar híbrido y la ausencia de la sanción internacional, aunque, en justicia, es justo reconocer los esfuerzos del Grupo de los 7, en la Cumbre de Taormina (Italia, mayo del 2017), donde se exigió que Rusia cumpliera los acuerdos de Minsk.

Anteriormente se manifestó que mediante el conflicto híbrido se intenta economizar recursos del poder nacional,lo que significa, entre otros asuntos, implica retardar el empleo de las capacidades militares del Estado. Para ello, se articulan acciones en el contexto político, estratégico, diplomático y económico, donde destacan presión política ante la comunidad y organismos internacionales para afectar la posición del Estado objetivo, operaciones de desinformación para reducir la unidad nacional y debilitar la moral de la población, intervención indirecta en asuntos internos del Estado y ataques encubiertos a la infraestructura crítica, sumando a esto, acciones políticas para debilitar la estabilidad política y económica y la gobernanza del otro Estado.

En el conflicto híbrido también se emplean capacidades cibernéticas que permiten intervenir los sistemas de control de infraestructura vital como las comunicaciones, la distribución de energía eléctrica y la distribución de agua potable; atacar los sistemas financieros públicos y privados, incluyendo los internacionales, para así afectar el prestigio del Estado objetivo; degradar y neutralizar los sistemas de alarma nacional y de alerta temprana para reducir la libertad de acción y la capacidad de mando y control en todos los niveles, con lo cual se incrementa la incertidumbre y el estrés político y estratégico.

Además, en el conflicto híbrido se intenta influir en la población del Estado recurriendo a actividades de desinformación, presión psicológica sobre los grupos de poder, generación de desconfianza y descrédito de las autoridades de gobierno e integrantes del poder legislativo y del poder judicial, apoyo a grupos y organizaciones disidentes, fomento del desorden social, desobediencia a la autoridad, desconocimiento de las leyes instituidas e inclusive de la Constitución Política del Estado y ataque a las fortalezas vitales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Según Mariano Bartolomé (2019), en el conflicto híbrido es concebible recurrir al crimen organizado, algunas veces asociado con el accionar terrorista, para: acceder a recursos financieros, impulsar la corrupción, desconocer las leyes vigentes, degradar la capacidad de las instituciones fundamentales, desacreditar la acción policial y de las fuerzas armadas, fomentar el desorden social, atentar contra la infraestructura vital del Estado y para socavar la institucionalidad. Lo señalado, junto con infringir el Derecho Internacional Público, conlleva el riesgo político de que el Estado que recurre a estos mecanismos de acción pueda ser acusado de falta de compromiso con los acuerdos establecidos y de amenazar la seguridad y la paz internacional. Esto, al parecer, no preocuparía demasiado a quienes ostentan mayor poder y priorizan sus propios intereses.

De acuerdo con Frank G. Hoffman (2007), en esta modalidad de conflicto convergen las capacidades convencionales y las capacidades asimétricas del Estado, restándole nitidez a la frontera que separaba lo convencional de lo irregular o asimétrico, lo que se agrava más aun cuando intervienen otros actores estatales que actúan mediante la práctica del terrorismo, del crimen organizado o de la combinación de ambos. Uno de los mayores peligros de esta modalidad de conflicto, lo constituye su accionar en la zona gris a la cual se hizo referencia anteriormente, porque sus consecuencias pueden ser mucho mayores, duraderas y con efectos difíciles de dimensionar, especialmente en lo social y en lo económico, sin olvidar la gobernabilidad y la estabilidad política del Estado objetivo.

Habrá que considerar también las tendencias que se aprecian con respecto al conflicto híbrido, las cuales no solo indicativos de evolución, sino que también de que aumentarán sus capacidades. Dichas tendencias indican que los ciberataques contra la infraestructura crítica se acentuarán, lo mismo ocurrirá con las campañas de desinformación y la intervención en los asuntos internos de los Estados, que se continuará empleando la coerción económica, que el empleo de los mecanismos de acción híbridos será cada vez más sinérgico y los Estados intentarán desarrollar mayores capacidades para oponerse a la amenaza híbrida porque perciben que es la más peligrosa para su Seguridad Nacional.

Desarrollo tecnológico y seguridad estatal

En la historia del mundo, el desarrollo tecnológico ha contribuido a producir transformaciones sociales, políticas, económicas, industriales, empresariales, en las personas y, también, en el ámbito de la seguridad y de la defensa. Esto, ha obligado a alejarse del pensamiento tradicional (lineal) para acercarse más al pensamiento lateral y, a la vez, ha sumido a los actores de la Sociedad Internacional en una profunda incertidumbre, obligando a desarrollar procesos de toma de decisiones que obligan a practicar el pensamiento estratégico (o superior), en todos los ámbitos y niveles.

Por otra parte, desde la sociología de la ciencia, el desarrollo tecnológico es un proceso científico que se mantiene en el tiempo y, por lo mismo, es difícil, por no decir imposible, establecer cuales serán sus alcances. Así, Thomas Kuhn sugiere, en su obra “La estructura de las revoluciones científicas”, que la ciencia no satisface intereses “turbios para fines más o menos inconfesables” (Beltrán, 1995: 210). Como el planteamiento de Kuhn no se ha asumido como verdad, se mantienen las dudas y ello ha producido inseguridad no solo en el ámbito científico, sino que también en el ámbito político y, por ello, no es absurdo pensar que la inseguridad se encuentra presente en los actores internacionales que presencian los avances y efectos del desarrollo de la tecnología.

Con respecto a la Seguridad del Estado, este desarrollo ha influido en la complejidad del escenario multidimensional, incrementándola, puesto que los cambios generados obligan a quienes tienen la responsabilidad de asegurar y defender a enfrentarse con nuevas tecnologías caracterizadas por su fácil empleo, facilidad de adquisición y, en algunos casos por su alto nivel de letalidad. Al respecto, concordando con Kissinger, los cambios que se derivan del desarrollo tecnológico pueden hacer más complejo el ámbito de la seguridad del Estado. Igualmente, se concuerda con la advertencia que realiza el Ministerio de Defensa del Reino Unido cuando se refiriere al progreso tecnológico asociado a la Cuarta Revolución Industrial y sostiene que los avances podrían tener “implicaciones extensas y desafiantes” (Centro de Desarrollo, Conceptos y Doctrina, 2014: 5) y que ello debe ser asumido por los Estados en beneficio de su propia seguridad.  

Actualmente, la seguridad estatal también está sintiendo los efectos del desarrollo tecnológico por la relevancia estratégica y política que este tiene. Es lógico que así sea, porque la existencia de drones con capacidades de vigilancia y de ataque, sistemas de armas autónomas, nanotecnología, armamento láser (aun en desarrollo) y nanosatélites, entre otros avances, incrementan los riesgos y amenazas y, en tal sentido, la tarea de proporcionar seguridad al Estado se hace cada vez más compleja; primero, porque se percibe que la posibilidad de producir mayor daño se ha incrementado y; segundo, porque se dificulta, aún más, la identificación y localización de los potenciales agresores, con lo cual el anonimato estratégico y político se ve favorecido, especialmente, cuando se accione en el ciberespacio, porque sus particularidades contribuyen a la acción sorpresiva y al encubrimiento de ella, dificultándose la respuesta.

Muchos de los avances tecnológicos que aportan al incremento del poder militar, aún pueden ser regulados empleando herramientas de control establecidas y aceptadas internacionalmente. Sin embargo, existen otros, como la producción de armas biológicas y nucleares, que se desarrollan amparadas en el secreto, conduciendo a la sospecha de que ello sí podría emplearse para fines más o menos inconfesables y turbios, en oposición a lo manifestado por Kuhn (Beltrán, 1995:210). Se agrega a lo anterior, que la letalidad y el peligro que reviste ese tipo de armas genera altos niveles de inseguridad debido, especialmente, a las dificultades para controlar su desarrollo y para regular su empleo.

De acuerdo con León Serrano (2020:381-384), el desarrollo tecnológico tiene asociado riesgos, que él ha bautizado como “riesgos tecnológicos estratégicos”, los cuales deben ser analizados cuidadosamente para implementar medidas de mitigación de sus efectos. Actualmente, pudiera ser que uno de los mayores riesgos se encuentre en la ausencia de regulaciones internacionales, que permitan limitar el desarrollo de tecnología que ponga en peligro la vida humana y el medioambiente, sumando a ello, regulaciones para ejercer el control internacional. El problema en esto, es que el desarrollo tecnológico se relaciona con uno de los elementos del poder nacional, las capacidades militares, que de acuerdo con el paradigma realista, consideran la tecnología como uno de sus componentes, a tal punto que se le distingue como “el factor material más importante del poder político de un Estado” (Morgenthau, 1986: 43).

En estos días, en el desarrollo tecnológico se advierten tendencias que, en el contexto de la seguridad del Estado, deben ser analizadas e incorporadas si fuera conveniente, con agilidad política y estratégica, para evitar vulnerabilidades y amenazas que pongan en peligro dicha seguridad. Entre las citadas tendencias, destacan: disponer de tecnología avanzada capaz de interoperar con agilidad estratégica; alta disponibilidad de inteligencia para atenuar los efectos de la amenaza en el escenario multidimensional, especialmente cuando ella acciona en el ciberespacio; desarrollo de capacidades para enfrentar amenazas como el terrorismo y los delitos cibernéticos; y modificaciones de los procesos de formación política y estratégica, que implican un cambio de mentalidad para anticiparse a los desafíos, asumir riesgos y desarrollar la resiliencia que permita realizar esfuerzos de alta exigencia física y sicológica, de manera persistente.

Es indudable que el desarrollo tecnológico, por una parte, aporta nuevas capacidades que potencian el poder nacional, pero por otra, también produce desequilibrios tecnológicos que pueden transformarse en limitaciones, vulnerabilidades y , finalmente, en amenazas para la seguridad del Estado. Asumiendo como propio este escenario, es fundamental comprender los alcances del desarrollo tecnológico y de las tendencias que le acompañan, para así poder desarrollar esfuerzos, de todo orden, que contribuyan a la creación, innovación e implementación de capacidades tecnológicas que a lo menos mantengan el equilibrio, sin abandonar la intención de alcanzar ventajas que aporten más a la seguridad. Para ello, algunos Estados, fundamentalmente las potencias mundiales, orientan sus esfuerzos a conseguir el liderazgo tecnológico por la vía de la invención, de la inversión, de la implementación oportuna y, manteniendo un ritmo de desarrollo tecnológico que les permita establecer tendencias en este ámbito. Por otra parte, Estados con menores capacidades, optan por la cooperación tecnológica y la asociación estratégica, sumando iniciativas para atraer a inventores e inversionistas para así mantener algún grado de independencia en cuanto a tecnología. Como sea, lo fundamental es conseguir que el desarrollo tecnológico se convierta en un aliado y no constituya una amenaza para la seguridad del Estado.

Conclusión

Comprender, profundamente, el ambiente internacional en que la seguridad del Estado cumplirá sus funciones, constituye un esfuerzo superior para todos quienes tienen responsabilidades con respecto a este bien público. No es tarea fácil cuando el escenario es complejo, difuso e incierto, menos aun cuando los actores internacionales, donde los Estados continúan siendo figuras destacadas, interactúan guiados por sus agendas particulares que, en algunas ocasiones, los inducen a asumir conductas que podrían ser contradictorias con respecto a lo que declaran en sus políticas exteriores y a los compromisos que asumen cuando suscriben acuerdos internacionales.

Cuando se afirma que los responsables de proporcionar seguridad al Estado deben realizar esfuerzos superiores, ello se refiere a que deben practicar el pensamiento estratégico, porque es la única herramienta que les permitirá comprender el ambiente internacional como se requiere. Así, serán capaces de establecer: primero, la realidad existente, con la mayor certeza que sea posible; segundo, identificar asuntos que han ocurrido con anterioridad, para no repetirlos o para impedir que ocurran nuevamente; tercero, impedir que se asuman soluciones que no son tales, entendiendo que proporcionar seguridad al Estado nunca ha sido un asunto fácil; y, cuarto, identificar soluciones para que la seguridad se proyecte al futuro constituyendo un esfuerzo de continuidad que supera los planes de los gobiernos de turno.

Es indispensable que la tarea de conseguir seguridad para el Estado se aleje de ideologías y asuntos políticos particulares, porque lo contrario sería una señal de que el gobierno y los sectores políticos no han entendido que lo que se requiere es proporcionar un bien público vital, que en una condición extrema contribuirá a la supervivencia del Estado. Es por esto que el gobierno, la población y el sector político de la sociedad nacional, deben poseer conocimiento, preparación y experiencia al respecto, porque es indispensable que sean capaces de anteponer el bien común y la seguridad y prosperidad del Estado a cualquier interés e ideología política particular. Esto, constituye un gran desafío a nivel nacional, que implica, mentalidad estadista por parte de los gobiernos; formación cívica superior por parte de la población y, especialmente, del sector político; debiendo poseer, todos ellos, una Cultura de Seguridad Nacional internalizada para así entender lo indispensable y vital que es dicha seguridad. Lamentablemente, en muchos casos se aprecia la ausencia de estas condiciones.

Los diferentes enfoques de seguridad, también conocidos como paradigmas, no son suficientes para proporcionar la seguridad que el Estado requiere en la actualidad, siendo muy probable que tampoco lo sean en el futuro, porque como ya se expresó, el escenario internacional evoluciona constantemente y está demostrado que cada vez es más complejo, fenómenos que se producen con mayor frecuencia y rapidez que la implementación de mecanismos para el fortalecimiento de la seguridad del Estado. Además, como algunos de esos enfoques funcionan basados en la existencia de intereses comunes que generan acuerdos cooperación, es que los propósitos de la seguridad colectiva y cooperativa se encuentran degradados por el predominio de intereses particulares de los Estados, que esos actores no dudan en expresar en sus respectivas políticas exteriores y en las generalidades de sus políticas y estrategias de seguridad nacional. Asumiendo esta realidad, se valida el planteamiento de Attina en el sentido de que la seguridad es un bien que el Estado debe mantener por sí mismo y con sus propios medios.

Es muy probable que la comprensión errada de la política exterior de un Estado, pueda generar exceso de confianza y optimismo en sus pares, porque ven en ellas oportunidades favorables para sus fines, sin advertir la existencia de riesgos e inclusive amenazas para su propia seguridad, porque ellas se encuentran ocultas en el discurso. Esta situación, sumada al predominio de ideologías e intereses políticos transitorios al interior del Estado podrían degradar aun más la seguridad, permitiendo que intervengan algunos de los mecanismos de acción de la amenaza híbrida propia del conflicto de este tipo.

Un ambiente político interno alterado, ya sea por inestabilidad política, por  falta de gobernabilidad o por la combinación de ambas, también favorece el accionar de la amenaza híbrida, porque facilita la intervención en los asuntos internos del Estado, la desinformación, el terrorismo, el crimen organizado, el apoyo a grupos opositores y el ataque a la infraestructura critica y a la estructura económica del Estado. Esta situación, junto con degradar el poder nacional, también podría afectar la seguridad del Estado, generando condiciones desfavorables en el caso de un conflicto interestatal, especialmente, cuando la contraparte opta por el conflicto híbrido.

El desarrollo tecnológico favorece el conflicto híbrido porque proporciona capacidades que permiten accionar en la zona gris con mayor libertad de acción, amparado en el anonimato y aumentando los niveles de incertidumbre. Esto, constituye un riesgo importante, sino una amenaza, para la seguridad del Estado, porque dificulta los procesos de toma de decisiones políticas y estratégicas relacionas con dicha seguridad, dificultando la práctica de la iniciativa y generando pérdida de libertad de acción. Por lo anterior, es indispensable poseer capacidades tecnológicas que permitan detectar y contrarrestar las acciones del adversario, manteniendo – idealmente – una ventaja tecnológica que potencie la propia seguridad.

En un escenario de cambio constante, caracterizado por la complejidad y la incertidumbre, es vital que el Estado proteja su población, territorio, soberanía y gobierno, de manera permanente, contra todo tipo de amenazas, considerando que en la actualidad estas últimas puede ser tanto internas como externas. Esta seguridad debe ser coherente con la particularidades políticas y estratégicas del Estado y responder a sus necesidades específicas, razón por la cual debe estar basada en sus propias capacidades y no en la cooperación internacional, con esto se asume que la seguridad del Estado debe ser independiente, sin que ello sea impedimento para fortalecerla mediante la cooperación en el contexto internacional, eso sí, evitando comprometerse en acuerdos que puedan contener riesgos y probables amenazas.

La seguridad de Estado siempre ha enfrentado amenazas y ellos mismos, junto con organizaciones supranacionales como la Unión Europea, sumado a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, entre mucho más , no han escatimado esfuerzos para identificarlas, caracterizarlas, determinar la cantidad de ellas y dimensionar su capacidad de producir daño. Sin embargo, a ellas se deberían sumar: la amenaza que representa un ambiente político interno alterado y en descomposición, la amenaza que representan políticas exteriores pocos claras y contradictorias que invitan a la cooperación, pero al mismo tiempo, contienen intenciones de dominación indirecta, el conflicto híbrido poseedor de la amenaza hibrida sobre la cual la Unión Europea no ha dudado en advertir a sus integrantes y al mundo en general y, también, la amenaza que podría surgir del desarrollo tecnológico que genera ventajas que alteran el equilibrio de poder.

Es innegable que la seguridad del Estado constituye un bien común de carácter público, razón por la cual corresponde al propio Estado proveerla, asegurando su continuidad y autosuficiencia y entendiendo que compromete a toda la sociedad nacional, porque lo que se encuentra en juego es, nada menos, que la supervivencia del Estado con todos sus componentes.  

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Editado por: Global Strategy. Lugar de edición: Granada (España). ISSN 2695-8937

Mario Arteaga

General de División del Ejército de Chile (retirado) y Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España

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