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Confinados y hacinados: la población reclusa de América Latina y el Caribe ante el COVID-19

El COVID-19 se ha cobrado la vida de más de 14.000 personas y los contagios superan los 340.000 casos. Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir contagios se encuentran algunas de las siguientes: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol; mantener al menos un metro de distancia entre personas; o solicitar atención médica a tiempo si se presentan algunos de los síntomas de la enfermedad. Además, los gobiernos de distintos países están adoptando medidas de confinamiento obligatorio para evitar el contacto entre personas y ralentizar o evitar los contagios. Pues bien, cientos de miles de personas no podrán seguir dichas recomendaciones ni evitar las conglomeraciones: la población reclusa, especialmente de América Latina y el Caribe.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaborado por Nathalie Alvarado y Viviana Vélez-Grajales, publicado en septiembre de 2019 bajo el título Dentro de las prisiones de América Latina y el Caribe: Una primera mirada al otro lado de las rejas, da buena cuenta de ello. Desde el año 2000, la población reclusa en América Latina y el Caribe aumentó un 120%, mientras en el resto del mundo lo hizo en un 24%. La superpoblación que caracteriza las cárceles de la región es tal que, “en promedio, en una celda vive un 45% más de personas de las que debería haber”. El hacinamiento en el que vive la población reclusa de América Latina y el Caribe se traduce en: falta de camas (solo el 42% de los internos duerme en una cama); falta de acceso al agua potable (el 20% no cuenta con acceso); y cobertura sanitaria insuficiente (el 71% de los reclusos indicó recibir o haber recibido atención médica).

No hay que ser ningún experto para saber que estas no son las mejores condiciones para evitar contagios de cualquier tipo de enfermedad. La falta de espacio, agua y limpieza, así como de acceso a comida de buena calidad (sobre las raciones mejor no hablar), hacen de los reclusorios de la región espacios de catástrofe sanitaria ante un eventual contagio masivo de COVID-19 en su interior. Esto es algo que ya están comenzando a percibir los presos. Por ejemplo, el pasado sábado, los reclusos de más de diez cárceles colombianas se amotinaron por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus.

Tanto en Colombia como en otros países de la región se están proponiendo restricciones en los centros penitenciarios al objeto de evitar contagios, medida bastante problemática. En los sistemas penitenciaros de América Latina y el Caribe, son las familias las que suplen la mayoría de las necesidades básicas de los reclusos (alimentación, ropa, productos de aseo…), por lo que la prohibición de visitas contribuiría a acentuar la ya de por sí paupérrima situación en la que viven los privados de libertad de la región. Así, al margen de dichas restricciones, los gobiernos de los distintos países de la región tendrían que hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo evitar un contagio masivo dentro de unas prisiones en las que una parte importante de las personas duermen en el suelo y las condiciones de salubridad brillan por su ausencia?

Una alternativa podrían ser los permisos de libertad por plazos determinados (en este caso, hasta que se logre controlar la enfermedad), aunque hay otras muchas que podrían reducir el número de reclusos. Las cárceles no deberían ser espacios completamente ajenos al resto de la sociedad. Si se lanzan una serie de recomendaciones y se adoptan medidas de carácter obligatorio en el conjunto de una determinada sociedad, ¿por qué los gobiernos no crean las condiciones para que en el interior de las cárceles también se puedan seguir esas recomendaciones y cumplir con las medidas?

Recordemos que el único derecho del que se priva a los reclusos (al menos en teoría) es el de la libertad, no de ningún otro. Sin embargo, sociedad y autoridades miran hacia otro lado ante las violaciones a los derechos humanos que se producen en el interior de las cárceles. ¿Mirarán hacia otro lado si se producen contagios masivos de COVID-19 y mueren, quizás, cientos de reclusos? Me temo que tendremos la respuesta dentro de unos meses, porque no parece que se vayan a adoptar medidas para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios en un futuro inmediato. Desgraciadamente, mientras que las autoridades de la región sigan confundiendo las cárceles con basureros humanos, estos centros serán incapaces de gestionar situaciones de crisis como la actual.

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José Carlos Hernández

Investigador predoctoral FPU en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada y editor técnico de la Revista de Estudios en Seguridad Internacional

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