Acostumbrados a oír hablar del entramado militar-industrial de Estados Unidos como el maligno que está detrás de gran parte de los conflictos que tienen lugar a lo largo y ancho del planeta[1], puede sorprender que queramos echar una mirada al papel (sin duda más modesto en sus pretensiones) que a través de sus asociaciones tiene o debe tener la industria de Defensa en España. Pero un análisis de esas características es esencial para poder comprender en su totalidad la voluntad de autodefensa y el esfuerzo que está dispuesta a realizar la sociedad española para proteger su prosperidad y su libertad.
Agrupaciones sectoriales de empresas: el caso particular de la Defensa
Las asociaciones sectoriales reúnen a empresas que tienen en común intereses básicos para su desarrollo y que consideran que coordinando sus acciones pueden alcanzar metas más ambiciosas tanto individual como conjuntamente.
Lo cierto es que toda empresa que se integra en los clústeres y asociaciones busca, en general, hacer crecer su negocio mediante la red de contactos sectoriales que proporciona su mera participación en los eventos que se organicen, el acceso más inmediato a la información del mercado, la mayor proximidad al marco normativo (e incluso la posibilidad de condicionarlo mediante la información veraz al legislador, en algunos casos), la facilidad para exponer en ferias extranjeras especializadas en el seno de pabellones nacionales, o la posibilidad de poner en marcha proyectos tecnológicos conjuntos más ambiciosos de los que podría haber llegado a desarrollar en solitario.
Es bien sabido que existen asociaciones de todo tipo, pero en este caso nos interesan aquellas que tienen el foco en el mundo de la Defensa, sea por agrupación temática de sus intereses (aeroespaciales, navales, ciberseguridad, electrónica, etc.) o sea por su distribución geográfica coincidente, quizá al amparo de alguna empresa tractora local.
Pues bien, en contra de lo que es habitual (salvo quizá en las que tienen una orientación exportadora eminente), las asociaciones vinculadas al mundo de la Defensa destilan un patriotismo que las caracteriza, pues más allá de la promoción comercial o tecnológica de sus miembros se caracterizan porque gran parte de éstos están convencidos de su rol difusor del orgullo de su origen nacional y de la importancia de ‘vender’ la marca España, conscientes de que su crecimiento repercutirá en el de su país, al que podrá proporcionar mayores cuotas de independencia y seguridad.
El ‘ecosistema Defensa’
Hay un mundo en torno a la Defensa que lejos de limitarse a proporcionarnos esa paz de la que disfrutamos (y que tan poco valoramos), nos procura la posibilidad de desarrollarnos tecnológica y económicamente, además de brindarnos la posibilidad de indagar en nuestras orgullosas raíces.
Podemos denominar ‘ecosistema Defensa’ al entramado formado por las diversas partes interesadas, por unos u otros motivos, en el sector (lo que los anglosajones denominan stakeholders); sin entrar en mucho detalle: los miembros de las Fuerzas Armadas, el Ministerio, los grandes fabricantes, su cadena de suministro, los gobiernos regionales y locales, los empleados de las empresas, sus dueños, el legislador, la cúpula militar, la sociedad en su conjunto…
El crecimiento del sector (que ahora es posible, tras la cumbre de la OTAN en Madrid) será bueno para todos ellos y permitirá generar, sin duda, un círculo virtuoso al que ha de contribuir una creciente aprobación social a la inversión en Defensa, que las asociaciones y clústeres han de ser capaces de ayudar a consolidar en paralelo a su labor de facilitación del negocio de sus miembros (que es lo que normalmente se limita a hacer una agrupación empresarial en cualquier otra rama de la actividad económica).
Otra peculiaridad de este ecosistema es la conveniencia de intercambiar ideas y experiencias entre las compañías y los usuarios finales, que no son otros que los ejércitos y la Armada. A nadie se le escapa el potencial de innovación que supone el mero hecho de hacerlo, siquiera sea informalmente. Las asociaciones deben asumir su responsabilidad como vehículos para favorecer encuentros de esas características.
Objetivos básicos de toda asociación empresarial en el ámbito de la Defensa
Y es que toda asociación empresarial tiene como prioridad posibilitar el negocio de sus miembros mediante la organización de eventos para que se puedan conocer mejor y buscar eventuales sinergias (networking), o para que se conecten con posibles clientes y proveedores mediante ferias o misiones, además de informar a los asociados de cuantos proyectos públicos de colaboración o subvenciones sectoriales se publiquen.
Sin embargo, más allá de lo obvio, una asociación empresarial centrada en el mundo de la Defensa debe tener, en buena lógica, un par de objetivos adicionales eminentes a más largo plazo que exceden su propio ámbito interno de actuación.
Uno de ellos es actuar en coordinación con otras organizaciones semejantes del sector para asegurar la consolidación del crecimiento del presupuesto de Defensa hasta al menos el 2% del PIB, tal como reflejan los compromisos gubernamentales desde 2014, de nuevo ratificados en la reciente cumbre de la OTAN en Madrid. Para conseguirlo, se ha de facilitar el consenso parlamentario para la redacción y aprobación de una Ley de Financiación de la Defensa que evite la incertidumbre de los refrendos presupuestarios anuales y que permita obviar los alambicados procesos financieros multianuales de los grandes programas militares.
Por otro lado, debería incluir entre sus prioridades colaborar con la difusión de la cultura de defensa, con la intención de que la opinión pública acabe entendiendo mejor tanto a sus Fuerzas Armadas como la perentoriedad de incrementar el esfuerzo presupuestario en ese terreno. Se lograría así que la sociedad fuese consciente de la importancia económica y tecnológica de la actividad ligada a nuestra defensa y que se impregnase también de una historia deudora de las innumerables gestas bélicas de nuestros antepasados, aún presente a través de un ingente patrimonio histórico en algún caso pendiente de rehabilitación.
Código ético en las asociaciones empresariales del sector Defensa
Toda empresa o asociación tiene una serie de normas autoimpuestas para la contención de las legítimas aspiraciones allí donde puede alcanzarse asintóticamente el límite de lo permisible. Sin ánimo de ser exhaustivos, dado que en algunas ocasiones solo son reglas implícitas, estas serían las más recomendables:
La primera norma es actuar siempre dentro de la legalidad. Quiere eso decir que el comité ejecutivo de toda asociación debe velar por que sus miembros respeten la ley y no vendan, por ejemplo, material sujeto a embargo a determinados mercados sujetos a sanciones internacionales refrendadas por España.
La segunda regla es la no discriminación de socios en virtud de su tamaño; lo cual no sería muy práctico, dado que el talento no lo hace, y que las complementariedades pueden surgir entre empresas muy diversas en ese aspecto. La propia cuota anual (imprescindible para la sostenibilidad de las asociaciones) es ya filtro suficiente, en muchas ocasiones, para la pertenencia de microempresas. Se da el caso, en algunas asociaciones, de que esa cuota es variable en virtud del tamaño de la empresa asociada.
En tercer lugar, toda asociación debe ser neutral entre sus asociados, pues debe procurar el acceso de todos sus miembros a mercados de interés común y a las convocatorias públicas que les atañan (inversión, I+D+i, internacionalización…), así como promocionar el networking sectorial, tal como se ha dicho al describir los objetivos. Quiere eso decir que, en caso de competencia comercial entre varios asociados, el comité ejecutivo no debe inmiscuirse, ni tomar partido por ningún asociado en concreto.
El cuarto principio consiste en la obligación de incentivar el progreso de los asociados en términos de calidad, de compromiso tecnológico o de simple mejora en la gestión, para lo que además de muchas de las actividades que ya se han mencionado, es vital la interrelación entre los asociados. Quizá no es fácil apreciar la componente ética de esta práctica, ya que no deja de ser un medio habitual para promocionar la colaboración tecnológica, difundir la innovación, fomentar la inversión industrial y la exportación, etc. Pero el particular carácter del sector permite que el sentimiento de pertenencia que las empresas desarrollan en determinadas circunstancias se exacerbe cuando confluye con el hecho de que dichas mejoras, una vez agrupadas, constituyen un incremento del valor competitivo de una nación y contribuyen a su progreso y bienestar.
La quinta regla consiste en permitir que las Fuerzas Armadas dispongan del mejor equipamiento según su propio criterio. Es lógico pretender que todo el armamento que requieren nuestros ejércitos y la Armada se construya aquí. ‘Aquí’ es en España, no en el resto de Europa. Pero puede darse el caso de que en las evaluaciones de un ejército salga mejor parado un sistema determinado que resulta no ser el que se produce localmente. Hay que respetarlo. Hay unos requisitos que se han de cumplir y si la industria local no es capaz de alcanzarlos, tendrá que espabilarse para la próxima ocasión (lo que seguramente le abrirá puertas hacia la exportación, además); se puede en cualquier caso mitigar el efecto llegando a acuerdos, de la mano del propio Ministerio cuando sea factible, para ensamblar o construir aquí componentes de dicho sistema exterior, como se ha hecho siempre con la política de compensaciones.
Un ejemplo reciente a este respecto es la elección del helicóptero antisubmarino que ha de dotar a las F110. Ante una eventual imposición del NH90 europeo, la elección de la Armada es la del MH60 estadounidense, pues el primero no permite el mismo nivel de integración con el buque y es más complejo a la hora del mantenimiento. Así pues, no deja de ser una cuestión de eficiencia operativa, que es lo que el gobierno debe priorizar (algo que no siempre se ha hecho en las últimas décadas), ante lo que la industria nacional no tiene derecho a protestar.
Esta norma es seguramente la más difícil de aceptar, no solo por las empresas, sino también por la propia administración, que abusa del argumento del impacto tecnológico e industrial (social, en consecuencia) que tienen las inversiones en defensa, para ganarse el favor de la opinión pública. La falta de cultura de defensa de la población reduce sin duda el argumentario del que dispone para tal fin.
Finalmente, hay un sexto principio autoimpuesto que consiste en el amor a España, esto es, en querer lo mejor para la nación que se ayuda a proteger con el esfuerzo de la dirección y las plantillas de las empresas asociadas. La consecuencia de esta norma es la colaboración de las asociaciones sectoriales de Defensa en la difusión de la cultura de defensa o en la transmisión al legislador de la realidad del sector, para facilitar la elaboración de una Ley de Financiación de la Defensa consensuada entre la mayor parte de los grupos, que permita asegurar la planificación a largo plazo y la consecución de los hitos que la política de Estado haya establecido en relación a nuestras capacidades.
Conclusiones
Más allá de las labores propias de toda asociación empresarial, aquellas que centran su actividad en el ámbito que nos ocupa han de tener características propias: por un lado, han de actuar conscientes de su papel en el ‘ecosistema’ que les es propio y por otro, han de contribuir a que la sociedad española sea sensible a la necesidad de la inversión en Defensa.
Además, han de velar por la aplicación de un código ético muy particular, que al margen de normas de más amplio espectro (cumplimiento de la legalidad, no discriminación, neutralidad entre sus socios o promoción de la interrelación entre todo ellos), incluye la aceptación del criterio militar a la hora de decidir la pertinencia de los diversos sistemas de defensa que se incorporan a las Fuerzas Armadas, o su implicación para la difusión de la cultura de defensa en la sociedad (historia, patrimonio, valores castrenses, pensamiento estratégico…).
Con esos mimbres, las asociaciones empresariales del sector defensa han de coordinarse y asumir su responsabilidad para intentar que el poder legislativo sea consciente de una realidad que por lo general le es distante, como primer paso para que las distintas fuerzas parlamentarias consensuen una ley de financiación de la Defensa que permita saber a qué atenerse a largo plazo, sin los vaivenes propios de la negociación presupuestaria anual e incluso ajena a los cambios de legislatura.
[1] Incluso se le ha llegado a responsabilizar de la invasión de Rusia a Ucrania, siguiendo la estela de Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, cuando en febrero de 2022 afirmó expresamente que EE. UU. la había provocado.
