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Geoestrategia nuclear e independencia energética de España

https://global-strategy.org/geoestrategia-nuclear-e-independencia-energetica-de-espana/ Geoestrategia nuclear e independencia energética de España 2021-12-06 19:41:05 Manuel Vila González Blog post Estudios Globales Global Strategy Reports Geopolítica de los recursos
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Global Strategy Report, 50/2021

Resumen: Una política energética carente de sentido estratégico condena a un país a la dependencia tecnológica y diplomática a largo plazo, a un probable e indeseable impacto económico y a otras posibles penurias en términos, incluso, de seguridad. El pasado no se puede cambiar, pero la coyuntura actual nos permite repensar las inercias heredadas y actuar con pragmatismo, dando la bienvenida, de nuevo, a la generación nuclear en nuestro mix energético, prolongando la vida de las plantas de segunda generación en marcha hasta que nuevas instalaciones puedan sustituirlas a la espera de que la fusión nuclear sea una tecnología madura.

Para citar como referencia: Vila González, Manuel (2021), “Geoestrategia nuclear e independencia energética de España”, Global Strategy Report, No 50/2021.


Introducción

Han tenido que pasar muchas cosas para que en España empecemos a ser conscientes del impacto a largo plazo que tienen las decisiones relacionadas con la política energética. Los costes inasumibles de la electricidad que se produce en España están tanto lastrando la competitividad de nuestras empresas (particularmente industriales) y dificultando en consecuencia la recuperación, como empeorando el bienestar de las familias.

En ese contexto se enmarca el tardío reconocimiento de la UE sobre el carácter limpio de la energía nuclear, el reciente anuncio de un nuevo programa nuclear francés y el incipiente optimismo que se respiró a la luz de los nuevos desarrollos en la World Nuclear Exhibition celebrada en París en los primeros días de diciembre.

¿Estrategia energética?

La primera dificultad para abordar el asunto es más conceptual que terminológica. Estamos acostumbrados a calificar como estratégica cualquier actividad que requiera una proyección a largo plazo de lo que vamos a hacer o que tenga una importancia sobresaliente, de forma tal que hablamos con naturalidad de la estrategia de una empresa, de planes estratégicos de ciudades o regiones, de la estrategia de un jugador de ajedrez e incluso de jugadas de estrategia ¡en el fútbol!

En ese contexto hablar de la estrategia de una política energética no nos parece algo absurdo… pero lo es, toda vez que la estrategia se define por tres atributos inevitables. El primero es la existencia de un antagonista cuyos deseos son incompatibles con nuestros intereses y que para alcanzarlos procurará nuestra ruina si le es preciso. El segundo es el ambiente impredecible en el que se desarrollará el duelo entre ambas partes, que podrá ayudar o llegar a incapacitar a una o a las dos partes en mayor o menor grado de forma aleatoria. Finalmente, para que un sujeto se comporte estratégicamente, debe existir un riesgo cierto a su supervivencia. Sin la presencia de ese factor, no puede hablarse sensu stricto de estrategia.

Como se ve, el uso indiscriminado de la jerga militar en cuestiones económicas o políticas (salvo en la diplomacia, quizá) solo es admisible cuando se recurre a la metáfora.

Sin embargo, la política energética puede ser una excepción.[1] No por su indiscutible importancia a largo plazo (la decisión de promocionar o de condenar una tecnología de generación determinada puede tener un efecto durante toda una generación), sino por el hecho de que elegir una fuente de suministro concreta tiene un reflejo inmediato en nuestra posición en el mundo, nos hace fuertes o vulnerables y al expandir nuestros intereses allende los mares, obliga a intensificar el despliegue diplomático y a incrementar los medios de la Armada (como punta de lanza que es de nuestras FF.AA. en relación a la acción exterior española), incapaz de ejercer eficazmente la disuasión sin los cazas embarcados, los submarinos anaerobios (en breve…), las armas de ataque a tierra o la infantería de marina.

Así pues, podemos concluir que una decisión de política energética, en general, es estratégica (en terminología popular), por su impacto a largo plazo en la competitividad de la industria nacional, que lucha con sus competidores en desventaja si el precio de la electricidad es más alto. Pero, además, en términos conceptualmente más puros, es geoestratégica, por cuanto nos hace dependientes de ciertas regiones del globo en las que deberíamos pasar a tener cierta mínima presencia en defensa de nuestros intereses.

En el caso de España son el Golfo de Guinea, el Mar Caribe, el Golfo Pérsico y el Mediterráneo, tanto por el crudo (que en 2020 provino de dieciocho países diferentes, si bien en un 46% lo hizo de Nigeria, México y Arabia Saudí), como por el gas (Argelia suministró el 29% del consumo en 2020, complementado por otros catorce países en menor proporción).[2] Excepto por un par de países centroasiáticos de origen, el resto de las naciones proveedoras de hidrocarburos tienen acceso por mar, lo que es muy significativo para entender el papel de la Armada en la defensa de nuestros intereses energéticos y económicos.

De aquellos polvos…

Autarquía energética

El comportamiento económico del régimen del general Franco se caracterizó en su segunda mitad por lo que se denominó tecnocracia, cuya intención, a partir del plan de estabilización de Ullastres, fue elevar el paupérrimo nivel de vida de los españoles que la guerra civil nos legó mediante la transformación de la economía a una de mercado según el espejo del resto de los países europeos.

En lo que se refiere a la política energética, el marchamo autárquico de aquellos años configuró una estructura eléctrica basada en el carbón (cuyo origen nacional, pese al coste, estaba garantizado), en la generación hidráulica (que además permitía plantear planes de regadío en regiones hasta entonces ajenas al mismo) y en la fisión nuclear, que dio origen a un ambicioso plan para nuclearizar España y promocionar un desarrollo tecnológico sin precedentes. Aquel planteamiento era notable tanto desde un punto de vista económico (los costes de producción eran bajos), como estratégico. Solo la necesidad de importar el petróleo para el transporte ensombrecía el planteamiento energético.

Moratoria nuclear

Con la llegada de la monarquía constitucional España se abrió al mundo, dejó de percibir el exterior como una amenaza genérica y permitió la libertad de expresión, con la que llegó la oposición popular a las centrales nucleares (que se iban extendiendo por el territorio nacional poco a poco), presumiblemente azuzada indirectamente en su momento por la antigua URSS, cuya metodología de intoxicación ha refinado con la llegada de las redes sociales Rusia, como se ha podido comprobar en muchos procesos plebiscitarios occidentales o en la pantomima independentista que sufrimos en 2017 en España.

Aquel “nucleares no, gracias” tan exitoso prendió en la gente con un falso argumento ecologista (como ha demostrado el paso del tiempo), y se basó en el miedo que los residuos radiactivos crearon en una sociedad por primera vez sensible al daño que el ser humano estaba haciendo a su entorno vital. La torpe gestión que en la época hacían algunos gobiernos (también occidentales) de dichos residuos no ayudó mucho a cambiar la percepción de los votantes.

En aquel contexto, tan favorable a la demagogia energético-medioambiental que entonces nacía, la acción criminal de ETA provocó el desastre al secuestrar y asesinar en 1981 a José Mª Ryan, ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz en construcción, cuyas obras quedaron suspendidas, hasta que en 1984 el gobierno del presidente González decidió aplicar una moratoria que acabó en 1991 con la paralización del programa nuclear español, dejando a medio hacer (en distintos grados de avance) siete centrales, tal como se recogió en la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico de 1994.

A partir de 1996, y durante dos décadas, la factura de la luz incluyó un suplemento para que las empresas eléctricas pudieran amortizar las cuantiosas inversiones en las que habían incurrido, del todo inútiles por decisión política. Desde entonces se ha extendido la aplicación de suplementos para subvencionar todo tipo de impactos negativos debidos a decisiones políticas, encareciendo la factura y creando una inseguridad jurídica que espanta la inversión, y más aún cuando gran parte de nuestro parque de generación, hasta hace menos de quince años totalmente en manos españolas, está ahora controlado por empresas foráneas.

Geoestrategia del gas

No parece, pues, que con la llegada de la democracia hiciéramos un ejercicio de maestría estratégica en cuestión de generación energética. La paralización del programa nuclear español provocó la necesidad de buscar fuentes alternativas de generación de energía. Surgieron así las centrales de ciclo combinado y la consecuente necesidad de asegurar el suministro de gas natural, toda vez que pasábamos a depender del exterior en términos energéticos, más allá del tradicional petróleo que se requería para el transporte aéreo, marítimo y por carretera.

Se acordó entonces con Argelia el suministro de su gas natural, a través de un gasoducto en el Estrecho de Gibraltar que atravesaba Marruecos, permitiéndole beneficiarse de dicho paso en lo que sin duda fue una jugada bien tejida, habida cuenta de las rencillas que había (y sigue habiendo) entre los dos países del Magreb. En contraprestación, pasaba entonces el suministro de gas a depender no de uno, sino de dos vecinos con los que no siempre ha ido todo rodado. Consecuentemente, se inició la construcción de diversas terminales de regasificación en los puertos españoles (Bilbao, Gijón, Ferrol, Huelva, Cartagena, Sagunto y Barcelona), para poder importar gas natural licuado (GNL) desde otras áreas geográficas, diversificando el riesgo.

Se tuvo el buen criterio de no basar el consumo en el gas ruso, como hizo el resto de Europa, por razones que casi cada invierno se hacen patentes en diversas naciones de Europa del Este. Cometida la torpeza nuclear, la estrategia aplicada con el gas fue la adecuada y se complementó con la esencial red de almacenes subterráneos de gas (aprovechando antiguas explotaciones) y con la decisión del gobierno del presidente Aznar de poner en marcha un segundo gasoducto submarino, directamente desde Argelia atravesando el Mar de Alborán por el Este, que hoy en día ha resultado de gran utilidad debido al cierre del tramo marroquí como consecuencia de la tensión entre ambos países africanos.

Renovables al rescate

Con la llegada del siglo actual explotaron las energías renovables, se multiplicaron los huertos solares, se llenaron las colinas españolas de grandes aerogeneradores (que superan en la actualidad el número de veinte mil, y cuya instalación tampoco fue ajena a la oposición social y ecologista, debido a su impacto innegable en el paisaje) y se llegó a creer que este tipo de generación de energía eléctrica podría resolver para siempre la crisis climática que se considera ligada a la emisión de gases que provocan el efecto invernadero como consecuencia del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, la dificultad no resuelta de almacenar energía frustró pronto el optimismo exacerbado, pues no siempre luce el sol o sopla el viento.

… estos lodos.

La mayor concienciación (al menos en occidente) sobre lo que primero se llamó calentamiento global y más tarde cambio climático supuestamente inducido (¿acelerado?) por la acción del ser humano, ha ido llevando a lo largo de las últimas dos décadas a un embrionario y accidentado compromiso multilateral para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que plantea la sustitución de los combustibles fósiles tanto en la generación de electricidad como en el transporte.

El efecto en España de esos compromisos ha sido la paulatina eliminación de las grandes centrales térmicas de carbón que tradicionalmente habían operado con seguridad y costes conocidos no sujetos a los vaivenes de los mercados del petróleo y el gas;[3] aunque el carbón era el combustible más contaminante de todos cuantos se empleaban en el mix energético español, la eliminación de esta generación térmica convencional ha tenido su reflejo en el coste de la energía que consumimos, como consecuencia del sistema de fijación de precios establecido en la UE.

Con ser suficientemente preocupante, tanto en términos sociales como económicos, que el precio mayorista de la energía eléctrica se haya disparado en un año de 35 (Octubre 2020) a 260 €/MWh (Noviembre 2021), también ha dejado en evidencia la debilidad de España como consecuencia de las malas decisiones energéticas del pasado. Sin entrar en mucho detalle, al cierre masivo de las centrales térmicas de carbón se une nuestra dependencia del gas natural argelino, que entre otras cosas nos hizo ser comprensivos con determinadas demandas de su gobierno, para acabar por costarnos un disgusto con el régimen alauita en consecuencia. Es probable que se hubiera podido gestionar mejor la crisis, pero el origen de la misma se gestó hace décadas y tuvo que ver con la tradicional deficiente preparación de nuestros gobernantes (más preocupados por los horizontes legislativos que por el largo plazo) a la hora de tomar decisiones estratégicas, en este caso energéticas.

Además, el precio internacional de los hidrocarburos está alcanzando precios que no se veían desde 2014, y la influencia que tiene esa evolución en la economía nacional es crítica, por cuanto los presupuestos anuales se basan en crecimientos prospectivos que se estiman de acuerdo con el precio internacional del petróleo y del gas, entre otras cosas. En un ambiente político que llega a demonizar la austeridad de la propia administración, el incumplimiento de los ingresos presupuestados genera más deuda pública (o sea, “de todos”) e hipoteca el futuro crecimiento de nuestro PIB.

La política energética seguida hasta la fecha, además, apunta al agravamiento del problema: el cierre programado de las centrales nucleares de segunda generación que operan en España con solo diez años de extensión de sus vidas (cuando en países de nuestro entorno se están autorizando treinta con las debidas inversiones para su modernización), aboca inexplicable e inevitablemente al desastre tanto por los costes de la electricidad (y seguridad del suministro), como debido a la creciente dependencia internacional a la que nos vamos a ver sometidos.

El reto energético del segundo cuarto del siglo XXI

Si nos creemos el discurso del cambio climático y en consecuencia la necesidad de que a largo plazo el transporte por carretera sea eléctrico y el transporte aéreo o marítimo se base en la combustión de hidrógeno, tendríamos que estar pensando en el origen de la electricidad que se va a requerir para hacer posible semejante machada, habida cuenta de que los automóviles usarán baterías que requerirán ser recargadas cada día (las consecuencias estratégicas de la disponibilidad de litio para la fabricación de baterías avanzadas podría ser objeto de otra larga reflexión) y que el hidrógeno se produce mediante electrolisis en un proceso enormemente demandante de energía, que bien puede generarse por la combustión de hidrocarburos (“hidrógeno gris”) o por medios ajenos a la emisión de gases de efecto invernadero (”hidrógeno verde”).

Solo electrificar directa o indirectamente el transporte de personas y mercancías requerirá doblar la potencia instalada, poco más o menos. En esas circunstancias, no hay alternativa a la energía nuclear. Todos los países serios parecen haberse dado cuenta, y en Europa tenemos nuevos programas nucleares en Gran Bretaña y Francia, sin ir más lejos. Solo aquellos gobernantes que no saben revertir la cultura antinuclear que se ha estado alimentando desde los años ochenta o que se dejan llevar por prejuicios (¿ideológicos?) incomprensibles cierran los ojos ante esta realidad. Alemania y España son dos ejemplos paradigmáticos de ese comportamiento negacionista, pues ni siquiera el clamor estratégico e industrial es capaz de poner sobre la mesa del debate parlamentario el asunto en cuestión.

La mera extensión del plazo de operación de las centrales nucleares españolas hasta los sesenta años permitiría evitar un mayor colapso de nuestro sistema energético en términos tanto económicos como estratégicos y daría seguridad jurídica a las inversiones para la modernización de las plantas en servicio, cuya explotación debe ir acompañada de la cancelación de la enorme y absurda carga fiscal que se le impone a la energía nuclear en España (hasta el extremo de pagar impuestos ligados a la generación de gases de efecto invernadero…).

Durante ese plazo podrá acometerse la construcción de nuevas centrales de tercera generación, mucho más seguras aún, como los AP1000 de Westinghouse o los EPR de Framatome (en construcción en Reino Unido y Francia), que alcanzan potencias de hasta 1.600 MW por reactor… pero que requieren inversiones descomunales, totalmente esquivas a toda sombra de duda sobre la seguridad jurídica a largo plazo.

Ya es factible pensar incluso en abordar proyectos de cuarta generación, con reactores más pequeños e intrínsecamente seguros en algún caso, de la que forman parte diseños modulares (Small Modular Reactors, SMRs) o capaces de utilizar como fuente de energía el combustible gastado de otras centrales, de forma que los residuos radiactivos se reduzcan de forma significativa y acorten su vida espectacularmente.[4]

La apuesta (geo)estratégica

La moratoria privó a España de un desarrollo más efectivo de su industria nuclear, que pese a las dificultades propias de la paralización ha sabido conservar su buen hacer, hasta el extremo de que mantiene su capacidad para construir en su práctica totalidad una central nuclear nueva, si bien bajo diseño foráneo, pues en su momento no pudo llegar a desarrollar su propia tecnología en el proceso y en los equipos.

Por ese motivo, cualquier nuevo programa nuclear debe tener en consideración el origen de la tecnología a utilizar, que, en el actual contexto mundial, solo podría ser en nuestro caso o americana o francesa. Con los desarrolladores y constructores de ambos países mantienen las empresas españolas excelentes relaciones, siendo capaces de fabricar los diversos equipos nucleares tanto bajo el código estadounidense ASME III, como de acuerdo con las reglas galas RCC-M.[5]

Reino Unido, perdida por los años de inactividad la capacidad autóctona de afrontar una tarea tal, optó por adjudicar a EDF la construcción (y operación) de sus primeras dos nuevas centrales (cuatro reactores). En esos proyectos trabajan un buen ramillete de empresas españolas. La propia Francia ha anunciado un nuevo programa nuclear, que afrontará, en buena lógica, con tecnología local. Son los principales precedentes recientes en nuestro entorno geopolítico, más allá de una Turquía que se ha echado en manos rusas para dotarse de cuatro reactores ya en construcción.

España deberá elegir socio tecnológico (si bien siempre es factible dotar a cada una de las eventuales nuevas centrales de una tecnología diferente), si acaba abriendo los ojos y decide -con el imprescindible consenso de gran parte del arco parlamentario- dotarse de independencia energética y afrontar con garantías y bajo coste el reto climático, acercándose a las cero emisiones que solo el uso de la energía nuclear complementada con las renovables permitirá abordar.

Mientras se hacen realidad esas eventuales nuevas inversiones, del todo aconsejables tanto desde el punto de vista estratégico como desde el económico, es imperativo alargar la vida de las centrales en operación hasta el máximo posible.

Se está trabajando conjuntamente (y España tiene un destacado papel en el ITER, el proyecto de este tipo más emblemático) para hacer factible la generación de electricidad mediante energía nuclear de fusión. Pero es un proyecto a tan largo plazo que, mientras esa tecnología llega a su madurez, no podemos permitirnos el lujo de perder la habilidad de construir equipos e instalaciones nucleares que hemos sabido conservar.

Y como el movimiento se demuestra andando, parece que la decisión más adecuada (desde un punto de vista estratégico), es la renovación de las actuales plantas para la extensión de sus vidas hasta los sesenta años, así como la construcción de nuevas centrales de última generación hasta la llegada de la fusión. La selección de los socios, como en su momento hicimos al optar por el gas natural, es ya una cuestión casi más geopolítica que técnica, aunque la importancia de la transferencia de conocimiento para que nuestras empresas nacionales se imbuyan en la última tecnología ha de condicionar siempre la elección.

La cuestión de los residuos

El principal inconveniente de la fisión nuclear es la radiactividad residual del combustible gastado. La próxima generación de reactores permitirá en algunos casos el uso de esos residuos como fuente de energía, solucionando en gran parte el problema, avanzando un paso más en la minimización del riesgo que se ha ido consiguiendo con el paso de los años.

Adoptar una política seria a este respecto, maximizando la seguridad de acuerdo con la tecnología hoy disponible y dando confianza a la sociedad mediante la información de los verdaderos riesgos de los residuos, es la clave para que se acepte con naturalidad la existencia de la energía nuclear.

La reciente e incomprensible paralización de la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) ha dificultado por un lado la transmisión de todo discurso tranquilizador, y obligado por otro a la puesta en marcha de almacenes temporales individuales (ATIs) en cada una de las plantas en operación, donde se han de guardar las barras de combustible gastado (que hasta ahora descansaban en las piscinas preparadas para ello) en contenedores construidos al efecto.

Compiten para construir los ATIs dos empresas norteamericanas, si bien una es de capital francés, lo que permitiría dejar abiertas las puertas a futuras decisiones geoestratégicas en ambos sentidos si llegase a darse el caso de una revisión de la política energética española con amplio consenso parlamentario que diese luz verde a una apuesta nuclear con gran sentido de Estado en lo económico, lo tecnológico, lo medioambiental y lo estratégico.

De la selección del proveedor tecnológico depende o bien que los contenedores se introduzcan en celdas neutrónicamente blindadas en el interior de enormes construcciones de hormigón permanentemente monitorizadas (caso de la empresa de capital francés), o bien que se entierren en el suelo con más dificultad para la monitorización. También que se transfiera la tecnología a los socios españoles (que construirían la totalidad de la instalación y los equipos) en el primer caso, o bien que se fabrique en EE.UU. todo aquello que protegen las patentes (impidiendo acceder a su tecnología a sus eventuales subcontratistas españoles, que se limitarían en el mejor caso a hacer calderería sin mucho valor añadido).

Además, una adecuada decisión permitiría internacionalizar la actividad de varias empresas punteras españolas que podrían acompañar al licitante franco-americano en algunos de sus proyectos internacionales (tanto en ingeniería como en fabricación) o incluso garantizar el suministro de uranio que monopoliza una empresa pública española tanto para dar continuidad a la generación local de energía nuclear de fisión en las próximas décadas (con independencia del devenir que tengan las explotaciones mineras de uranio en suelo peninsular), como para exportar el combustible a otros países, con las implicaciones estratégicas a nuestro favor que operaciones comerciales de esas características podrían implicar.

Y es que mantener e incrementar el saber hacer nuclear español, exige elegir a los socios adecuados desde los puntos de vista de la seguridad medioambiental y sanitaria a largo plazo, que tanto tiene que ver con la tecnología empleada, del compromiso real con la transferencia de dicha tecnología y del acceso de empresas españolas a nuevos mercados, todo lo cual acrecienta nuestra independencia geoestratégica, sin duda.

El debate sobre la estrategia nuclear nacional

El diablo está en los detalles. Como vemos, cierta licitación de una empresa pública (en este caso la encargada de gestionar los residuos radiactivos en España), puede tener un impacto innegable en la posición de España en el mundo y como ocurre con la adopción de determinados sistemas de armas, elevar (o no) el nivel tecnológico patrio.

Lo cierto es que en el caso de los medios de defensa el debate se traslada a las revistas especializadas y aun a la prensa general, donde se argumenta sobre la conveniencia de que se adquiera tal o cual avión (recordemos el lejano programa FACA), barco o carro de combate (recientemente los vehículos de combate de infantería 8×8 que habían de equipar al Ejército de Tierra), dadas las consecuencias industriales y operativas que una decisión tal puede acarrear.

Sin embargo, hay decisiones civiles que tienen una influencia geoestratégica más acusada que el origen de un sistema de armas determinado, como todo lo relacionado con el origen de nuestras fuentes de energía o la adquisición de la tecnología adecuada para su generación o explotación. A pesar de esa relevancia, la cuestión energética nunca se ha tratado como un problema estratégico por nuestros dirigentes: en el mejor de los casos se han limitado a hacerlo como una mera cuestión económica, en el peor, la materia ha sido objeto de demagogia electoralista.

Cuando esas decisiones pertenecen a empresas privadas es difícil hacer poco más que condicionarlas, pero si son empresas o entidades públicas quienes han de tomarlas se ha de imponer el sentido estratégico, pues se convierten en una cuestión tanto de política industrial, tecnológica y exportadora, como incluso diplomática, y han de ser supervisadas por un estadio superior que disponga de la suficiente perspectiva, más allá de la conveniencia coyuntural de quienes ocupan los puestos de decisión de las empresas concernidas.

El problema fundamental de la energía nuclear en España

Parece evidente que, al margen de la cuestión de la gestión de los residuos que acabamos de comentar,  la energía nuclear cumple con todas las bondades que se suelen atribuir a las energías renovables que han florecido en las últimas dos décadas: las ecológicas, medioambientales y climáticas (cero emisiones de gases de efecto invernadero), las económicas (energía más barata para conseguir competitividad y bienestar), las tecnológicas (desarrollo e innovación industrial propia) y las estratégicas (reforzando la independencia geoestratégica de la nación).

Sin embargo, en oposición a la generación eólica o solar, la energía nuclear garantiza un suministro eléctrico de más calidad por no estar sujeto a las inclemencias meteorológicas, y eleva el nivel tecnológico a lo más alto de la escala industrial. En esas circunstancias, ¿qué extraño mal paraliza la decisión de los gobernantes españoles cuando se trata de impulsarla?

Indudablemente, la falta de cultura nuclear (en general, científica) de la sociedad española, debida al casi imperceptible pero persistente adoctrinamiento antinuclear (que ha azuzado durante una generación el miedo frente a lo desconocido) y al hecho de que las decisiones políticas estén al albur de una opinión pública que los propios dirigentes propiciaron directa o indirectamente en su momento para justificar sus decisiones de antaño, en algún caso contrarias a las que realmente convendrían en la actualidad (quizá incluso en el momento en el que fueron tomadas).

La larga gestación de un cambio de cultura en una sociedad, exige que sean los dirigentes y representantes públicos quienes se responsabilicen de tomar las decisiones adecuadas valientemente, liderando a la ciudadanía hacia una nueva percepción de una realidad que convenía ocultar en su momento por mero cálculo electoral.

Así, se ha repetido tristemente con la energía nuclear el esquema que provoca que los gobiernos españoles incumplan sistemáticamente el compromiso que con sus aliados tienen desde 2014 de destinar un 2% del PIB a Defensa: la falta de cultura de defensa de la sociedad española lo hace peligroso, por cuanto la demagogia puede prender con facilidad en el corazón buenista de todo votante honrado, que es ajeno, por no haber sido educado para asumirlo, a la competencia, la lucha y el esfuerzo que se requiere para mantener cierto estatus en la selva internacional.

Todo ello debilita la posición de España en el mundo, impidiéndola imponer su criterio propio y haciéndola dependiente de sus aliados y amigos, en el mejor caso. Al español medio le da igual la imagen de España en el mundo, ignorante como es de la influencia que tiene en su bienestar cotidiano el hecho de que su país sea “blandito” a los ojos de la comunidad internacional. El resultado de esa falta de cultura nuclear y de defensa del pueblo español (así de su escasa visión global), es la fidedigna reproducción que muestran sus representantes de las actitudes a las que da lugar una mentalidad así.

Conclusiones

Es perentorio considerar las decisiones relacionadas con la generación de energía como una cuestión de Estado, toda vez que es algo que por el elevado importe de las inversiones y su largo plazo de amortización se debe consensuar entre gobierno y oposición, para evitar la inseguridad jurídica que nos ha caracterizado en la última generación, y promover un desarrollo tecnológico puntero, tan ligado a la industria nuclear, que está un escalón por encima de cualquier otra en términos de calidad y de seguridad.

Las decisiones sobre el perfil energético que adoptará España en las próximas décadas son decisiones estratégicas, por cuanto de ellas depende gran parte de nuestra independencia y de nuestro desarrollo económico, así como nuestro bienestar medioambiental y deben por lo tanto tener la misma consideración que las decisiones diplomáticas, las de seguridad nacional y las de defensa.

La inevitable ligazón de nuestro destino a largo plazo con el origen de las fuentes de energía que hayamos de seguir importando nos convierte en protagonistas (o rehenes) de consideraciones geoestratégicas, que definen, entre otras cosas, la entidad y los principales roles de nuestra Armada.

Así pues, toda decisión sobre nuestra política energética (y en particular si está relacionada con la energía nuclear), debe ser considerada estratégica, y tomada en el contexto de un amplio consenso parlamentario por sujetos que dispongan de la visión a largo plazo que España se merece, con pragmatismo y al margen de toda ideología, para que se puedan imponer, de facto, las razones ecológicas, medioambientales y climáticas (cero emisiones de gases de efecto invernadero), económicas (energía más barata para conseguir competitividad y bienestar), tecnológicas (desarrollo e innovación industrial, servicio de mayor calidad) y estratégicas (reforzando la independencia geoestratégica de la nación).

La descarbonización de las próximas décadas requerirá cantidades masivas de energía para la recarga de los automóviles eléctricos y para generar hidrógeno verde. Solo el uso de la energía nuclear lo hará posible y dar la espalda a esa realidad nos apartará tanto del desarrollo tecnológico más puntero, como del acceso a un suministro más barato que evitará la exclusión de nuestros productos de los mercados internacionales por falta de competitividad.

Referencias

Cobos Urbina, Enrique (2021), Comunicación nuclear: orientación, estructura e implementación, Pamplona: Biblioteca Dircom-EUNSA

De Paoli, Luigi (2013), La energía nuclear: elementos para un debate, Barcelona: Alianza Editorial

García, Alfredo (2020), La energía nuclear salvará al mundo, Barcelona: Planeta

Gates, Bill (2021), Cómo evitar un desastre climático, Barcelona: Plaza & Janés

González Moreno, Enrique y Ruiz Hernández, Valeriano (2010), Energía nuclear, Madrid: Catarata-CSIC

Lozano Leiva, Manuel (2010), Nucleares ¿por qué no?, Barcelona: Debolsillo

Palazuelos, Enrique (2009), El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial, Madrid: Ediciones Akal

Varios autores (2014), Cuadernos de Estrategia 166Energía y geoestrategia 2014, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos

Varios autores (2015), Energía y geostrategia 2015, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos

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Varios autores (2019), Energía y geostrategia 2019, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos

Varios autores (2020), Energía y geostrategia 2020, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos

Varios autores (2021), Energía y geostrategia 2021, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos


[1] Como bien parece reivindicar el Instituto Español de Estudios Estratégicos con su publicación anual “Energía y Geoestrategia”.

[2] De acuerdo con los datos incluidos en “Energía 2021”, la guía anual editada por el Foro de la Industria Nuclear Española.

[3] En 2018 la potencia instalada en las trece centrales térmicas operativas era de 9.215 MW, mayor que la correspondiente a las centrales nucleares en marcha (Energía 2021).

[4] Es el caso de Moltex, el proyecto canadiense en el que participa la ingeniería española Idom, con el que se pretende dar una segunda vida a los residuos nucleares mediante su proceso de reciclado WATSS y su reactor SSR-W, basados en el uso de sales fundidas.

[5] Aunque solo tres fabricantes españoles disponen en la actualidad del sello nuclear. Ver en https://caconnect.asme.org/directory (ASME Certificate Holder Search; Country: Spain, Certificate Type: NPT).


Editado por: Global Strategy. Lugar de edición: Granada (España). ISSN 2695-8937

Manuel Vila González

Colaborador del Centro de Pensamiento Naval de la Escuela de Guerra Naval de la Armada y Director General de Newtesol, S.L

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