Rodrigo Escribano RocaGlobal Strategy Report, 2/2026
Resumen: Este ensayo ofrece un análisis histórico de largo plazo sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela, situándola dentro de los patrones recurrentes de la geopolítica hemisférica desde el siglo XIX hasta el presente. A partir de un recorrido por las doctrinas y prácticas que han encuadrado el despliegue del poder estadounidense en la región, el texto sostiene que la actuación de Washington rara vez ha respondido a objetivos democratizadores, sino a una jerarquía de prioridades relativamente estable: excluir a potencias rivales del hemisferio, asegurar el control de puntos estratégicos y proteger inversiones y recursos. Desde esa perspectiva, la captura de un líder o la caída de un gobierno —aunque sea un objetivo inmediato alcanzable— no equivale a la reconstrucción del Estado ni a la fundación de un orden democrático duradero. La experiencia histórica muestra, por el contrario, que el “día después” de la intervención suele abrir escenarios de anomia institucional, violencia estructural, tutelas externas erráticas y reacciones de potencias o actores desplazados. El ensayo revisa casos históricos paradigmáticos (México, Cuba, Haití, Nicaragua, Guatemala y la propia Venezuela, entre otros) para argumentar que las intervenciones tienden a perpetrar, agravar o transmutar los problemas que pretenden resolver y a generar escenarios altamente inestables. La conclusión invita a enriquecer los diagnósticos exclusivamente centrados en las ambiciones de la potencia interventora y a examinar los factores estructurales internos que han configurado a ciertos Estados latinoamericanos como espacios recurrentemente intervenidos, marcados por la fragmentación política, la debilidad del consenso democrático y la incapacidad de articular proyectos autónomos de integración y desarrollo regional. Dichos males históricos explican que el recurso al poder externo reaparezca una y otra vez como sustituto fallido de una imaginación política propia, capaz de generar órdenes verdaderamente sólidos y prósperos.
Para citar como referencia: Rodrigo Escribano Roca (2026), “Poder prestado, caos heredado: lecciones de historia internacional para la Venezuela post-Maduro”, Global Strategy Report, 2/2026.
Les dedico este ensayo a mis queridos amigos Leonardo y Mirka. Porque ninguna consideración histórico-política desmerece la nobleza valiente de sus causas y el dolor, digno y aciago, de sus respectivos exilios. Por eso, deseo fervientemente que mi diagnóstico sea errado, al menos en lo que refiere a las tinieblas que se ciernen sobre el futuro inmediato.
Aprendices de brujo: sobre los peligros del poder prestado
¿Qué relación guardan entre sí Mickey Mouse, el escritor romántico Johann Wolfgang von Goethe y la política intervencionista desplegada por la administración de Donald Trump en Venezuela? A primera vista, ninguna. Sin embargo, es posible descubrir un hilo invisible que conecta a los tres si reflexionamos sobre los peligros que aparecen cuando alguien trata de alcanzar sus fines valiéndose de poderes externos que se sustraen a su control. En el epicentro de este vínculo se sitúa la fábula poética titulada El Aprendiz de Brujo.[1] Fue Goethe el que la alumbró a finales del siglo XVIII, pero a muchos les será conocida por su versión disneywaltiana, que apareció en el célebre largometraje Fantasía (1940).[2] En este, Mickey Mouse —que hace el papel del protagonista original de la poesía de Goethe— interpreta al aprendiz de un hechicero algo antipático. Este le encarga al ratón humanoide tareas rutinarias y agotadoras, como barrer y sacar agua de un pozo. Embriagado por igual de curiosidad y de un sano afán de reposo, Mickey decide robar el sombrero mágico de su maestro y utilizar sin permiso un sortilegio que permite que su escoba funcione por sí sola, sustituyéndole en sus fastidiosos quehaceres. El encantamiento da resultado; el utensilio de limpieza cobra vida, obedece las órdenes del ratón y su trabajo se automatiza. Pero pronto el poder delegado comienza a operar sin control. La escoba obtiene voluntad propia y, en su afán de depositar el agua del pozo en el depósito de la casa, provoca una inundación. Cuando Mickey trata de evitar el desastre cortando al objeto hechizado en mil pedazos, este comienza a multiplicarse. Un ejército de escobas rebasa al aprendiz. Su éxito inicial ha desembocado en un caos destructivo que ya no está en sus manos detener.[3] El problema del relato no radica en la intención inicial de su protagonista —razonable, incluso benévola—, sino en su recurso a una fuerza externa cuya lógica ya no puede ser domeñada por aquel que la activó. El aprendiz descubre demasiado tarde que el verdadero precio del poder regalado no reside en su invocación, sino en la pérdida de control sobre las consecuencias que este desencadena.
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La historia de Goethe remite, en realidad, a un motivo recurrente de la literatura, el cine y la mitología: el impulso que en ocasiones nos mueve a los seres humanos a transformar el mundo de acuerdo con nuestra voluntad recurriendo a un poder superior y prestado. Apelamos a este tipo de poder porque —ya se presente bajo la forma de un hechizo mágico, de una pócima prodigiosa, de un diablillo seductor o de una sofisticada Inteligencia Artificial— promete ser más eficaz, rápido o decisivo que nuestras propias capacidades.[4] Sin embargo, una vez activado, este puede rebasar los fines que lo justificaban y acabar reclamando un precio muy superior al previsto por aquel que lo despertó. Se trata esta de una intuición cargada de sabiduría antropológica, de la cual nos han intentado avisar múltiples relatos culturales que, desde registros muy distintos, insisten en el mismo esquema narrativo.
Pensemos en el mito del rey Midas. El dios Dioniso le otorga a este el don de tornar todo aquello que toca en oro. Pero tamaño regalo, solicitado por Midas con el fin benévolo de obtener la prosperidad material, acaba haciendo su propia vida inviable.[5] En la misma línea, Calderón de la Barca previno contra los peligros del poder prestado en su obra El mágico prodigioso. El protagonista de esta, movido por un afán legítimo de sabiduría y plenitud, llega a un acuerdo con el demonio para acceder a un conocimiento que excede sus limitaciones humanas, descubriendo más tarde que el precio del auxilio sobrenatural es la pérdida progresiva de su autonomía moral.[6] La prevención se repite en narraciones contemporáneas que van de lo prosaico a lo solemne. Fijémonos, por ejemplo, en los pactos demoníacos a que se avienen graciosamente los pecadores pop del musical Hazbin Hotel[7] o en la tragedia prometeica que desatan los delirios nucleares de la colosal Oppenheimer de Christopher Nolan.[8] Como en El Aprendiz de Brujo, la gran cuestión que recorre todas estas historias no reside en el fin perseguido por sus protagonistas —casi siempre ético o positivo—, sino en la delegación de la voluntad del protagonista en un poder externo o superior —la magia, el diablo, la energía nuclear— que, una vez activado, comienza a imponer condiciones propias.
Las desventuras de Midas y del aprendiz de brujo pueden emplearse a modo de parábolas útiles para arrojar una mirada crítica sobre las posturas optimistas que, en los últimos meses, ha desencadenado la política intervencionista de Estados Unidos en Venezuela. Washington comenzó implementando en las costas caribeñas una versión actualizada de la diplomacia de las cañoneras —con despliegues navales, incautaciones y ataques contra embarcaciones aparentemente ligadas al narcotráfico—.[9] Esta aventura militar, presentada como una operación antidrogas, alcanzó su punto álgido el pasado 3 de enero, cuando la Casa Blanca anunció que fuerzas estadounidenses habían capturado a Nicolás Maduro y lo habían retirado del país. La propia administración Trump ha reivindicado esta serie de acciones como condición de posibilidad para una “transición” tutelada del país sudamericano.[10] La injerencia angloamericana ha tenido como teloneros a varios dirigentes del campo opositor venezolano y a amplios sectores del exilio, quienes la han interpretado como el único instrumento capaz de deshacer el nudo gordiano amarrado pacientemente por el chavismo. María Corina Machado ha vinculado explícitamente su estrategia opositora con la intervención estadounidense, presentándola como un acontecimiento benéfico, capaz de forzar el advenimiento de la democracia representativa.[11]
Como Midas o como Mickey, estos actores han invocado un poder externo con la esperanza de que —habida cuenta de su potencia y eficacia— logre lo que ellos no han logrado tras años de elecciones manipuladas, represiones feroces y exilios forzosos. Sus anhelos son perfectamente legítimos. Es comprensible su escepticismo ante la posibilidad de que el régimen aposentado en Caracas abra por sí solo un genuino proceso transicional. La maraña de clientelas político-militares, intereses criminales y apoyos sociales que lo sostiene parece demasiado intrincada como para deshacerse por cuenta propia.[12] Sin embargo, ¿es previsible que una intervención de esta naturaleza abra efectivamente un horizonte de regeneración democrática, paz y prosperidad? ¿Resulta verosímil que una eventual cooperación pragmática entre Washington y los sectores dominantes del propio régimen —como la ahora presidenta en funciones Delcy Rodríguez— pueda producir resultados?
Las fábulas revisadas nos arrojan pistas sombrías al respecto: ¿no serán demasiado colosales las fuerzas que se están desatando como para que los sueños bienintencionados de los protagonistas de esta historia —ya sean los líderes de la oposición o los sectores súbitamente colaboracionistas del chavismo— lleguen a buen término?, ¿no rima sospechosamente el poderío de la Casa Blanca con los sortilegios incontrolables que pusieron en jaque a Mickey Mouse? La metáfora, si bien puede resultar frívola, es sugerente. Ahora bien, es solo una metáfora. Únicamente un diagnóstico histórico que desgrane las causas y consecuencias que han presidido el intervencionismo estadounidense en las Américas durante el último siglo y medio puede ayudarnos a desentrañar la cuestión en toda su complejidad.
Para ir más allá de las proclamas y de las ilusiones extremadas, conviene formular algunas preguntas que se sustraigan a las lógicas de análisis más inmediatistas. ¿Estamos ante un suceso episódico, fruto de una coyuntura excepcional, o ante la manifestación de determinantes geopolíticos estructurales que se repiten con regularidad en la historia del hemisferio? ¿Es posible detectar patrones históricos que arrojen luz sobre las consecuencias previsibles de la intervención estadounidense en Venezuela? Y, en función de las respuestas a estas interrogantes, ¿qué promesas y qué peligros encierra la invocación del poderío de Washington para los distintos actores implicados y para las sociedades que habrán de convivir con sus efectos a medio y largo plazo?
Doctrinas, corolarios y buenas vecindades: los orígenes del intervencionismo estadounidense en las Américas (1808-1933)
Varios análisis periodísticos y jurídicos han calificado el bloqueo naval y el anuncio de la captura de Nicolás Maduro como episodios anacrónicos, como vestigios de una praxis de política internacional propia de los tiempos de la Guerra Fría.[13] De tales lecturas se desprende la convicción —extendida durante décadas— de que la pax americana sobrevenida tras la caída de la Unión Soviética en 1991 habría logrado naturalizar el respeto al derecho internacional en las relaciones interamericanas, clausurando así definitivamente la coyuntura de lucha anticomunista en que Washington trataba a sus vecinos del sur como sus “patios traseros”.[14] Sin embargo, la historiografía reciente sobre la política exterior de los Estados Unidos en América Latina apunta en otra dirección. De acuerdo con autores señeros en la materia, como Julian Go[15] o Rebeca Herman,[16] lejos de constituir una anomalía, la intervención armada, la diplomacia de las cañoneras y la injerencia extraterritorial han sido rasgos recurrentes de la actuación hemisférica angloamericana. La tónica imperial que Washington le otorgó desde el segundo tercio del siglo XIX a su trato con las repúblicas vecinas no ha desaparecido del todo en ningún período. Más bien ha modulado sus formas y su intensidad en función de las necesidades geopolíticas de cada contexto histórico. Los ocupantes de la Casa Blanca habrían recurrido al poder blando —influencia cultural, programas de ayuda económica, foros multilaterales— en momentos de hegemonía incontestada y habrían empleado su poder duro —bloqueos navales, invasiones o apoyo logístico y propagandístico a cambios de régimen— en escenarios de competencia estratégica, ya fuera frente a las monarquías europeas en el siglo XIX, frente a la URSS durante la Guerra Fría o frente a China en la actualidad. Bajo este prisma, el paréntesis de relativa quietud hemisférica que se extiende desde 1991 hasta la presente década no comportaría tanto la superación del intervencionismo como un ciclo excepcional de hegemonía sin rivales, hoy visiblemente agotado.
Durante el período comprendido entre 1776 y 1865, la política de los Estados Unidos hacia la América española y portuguesa estuvo marcada por una tensión persistente entre una retórica de amistad republicana y un proyecto expansionista de engrandecimiento continental. Es obligado recordar que, durante las tres primeras décadas tras su independencia, Washington gobernaba sobre un discreto contingente de Estados federados situados en la costa este de Norteamérica. Si bien la unión angloamericana experimentó muy pronto un tremendo crecimiento económico y demográfico, la precariedad de su experimento federativo y su debilidad en términos militares la mantenían como una potencia regional de segundo orden. De hecho, estaba constantemente amenazada por los imperios europeos, que aún dominaban una buena parte de la América continental y, sobre todo, el Caribe.[17]
No ha de extrañar que, con el fin de garantizar su propia seguridad, la dirigencia político-intelectual de los Estados Unidos tratara de irradiar su influencia en el hemisferio occidental recurriendo a un lenguaje solidario que presentaba a los nuevos países escindidos de las monarquías imperiales ibéricas como “sister republics”. Las investigaciones de Caytlin Fitz han revelado que entre 1808 y 1830, las causas independentistas de México, Centroamérica y Sudamérica despertaron una notable simpatía popular en la joven república norteamericana.[18] Una nutrida pléyade de periodistas, empresarios y senadores se pronunciaron en pro de la unión moral de los americanos del sur y del norte, bajo la premisa de que juntos fundarían una civilización democrática que se sustraería de las lógicas monarquistas y militaristas de Europa.[19]
Sin embargo, tal entusiasmo no se tradujo en un apoyo estatal efectivo. El gobierno federal se negó a conceder préstamos o asistencia diplomático-militar directa a los movimientos secesionistas nacidos en Caracas, Buenos Aires o México, limitándose a una neutralidad calculada que favorecía a sus propios comerciantes. Esta contención no fue fruto únicamente de la prudencia, sino de intereses bien definidos. En primer lugar, Washington deseaba garantizar la seguridad mercantil y geoestratégica de la unión frente a las dinámicas de competencia y reexpansión europea que se dieron en el contexto de las guerras napoleónicas. En segundo lugar, los ocupantes de la Casa Blanca pudieron aprovechar el debilitamiento de los imperios francés y español para anexionarse territorios estratégicos como Florida o Nueva Orleans.[20] La retórica de la fraternidad republicana funcionó, así, como un recurso útil para ganar tiempo, alejar a competidores externos y sentar las bases para la consolidación y el engrandecimiento territorial de los propios Estados Unidos.[21]
A partir de la década de 1830, el discurso de solidaridad republicana con Hispanoamérica pasó a ocupar un segundo plano, cediéndole protagonismo a un programa de intervenciones y conquistas cada vez más explícito. Varios factores confluyeron para provocar este giro: el empuje de contingentes migratorios anglosajones que buscaban hacerse con propiedades y riquezas en las fronteras sudoccidentales de la federación, la necesidad del Sur esclavista de abrir nuevos territorios que preservaran su peso político y su modelo económico dentro de la Unión, el temor permanente a que las potencias europeas recuperaran posiciones en el continente, la búsqueda de una salida directa al Pacífico —que permitiera intensificar la presencia de los comerciantes angloamericanos en unos mercados asiáticos que se abrían irremisiblemente tras la victoria del Imperio Británico en la Primera Guerra del Opio— y la presión de intereses privados deseosos de conquistar nuevos mercados en el sur del continente.[22]
La secesión y anexión de la provincia mexicana de Texas (1836-1845) inauguró esta fase agresiva. Lo que comenzó como una colonización de granjeros y plantadores angloamericanos tolerada por México, terminó en una revuelta apoyada con armas y voluntarios desde el norte; todo ello con el fin de preservar la esclavitud tras su abolición por parte del gobierno mexicano.[23] Poco después, el presidente James K. Polk provocó deliberadamente una guerra con México (1846-1848) para apropiarse de California y Nuevo México. El episodio, que comportó una invasión a gran escala de la república vecina, culminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que despojó a esta de cerca de un tercio de su territorio.[24] El mismo impulso se manifestó en la década de 1850 a través del filibusterismo: expediciones paramilitares privadas que, con el beneplácito tácito de amplios sectores de la opinión pública y la clase política estadounidense, intentaron apoderarse de Cuba o Centroamérica. El caso más extremo fue el de William Walker, quien llegó a proclamarse presidente de Nicaragua y a restablecer la esclavitud en el país para ganarse el favor de las élites de los Estados del sur.[25]
Estas acciones respondieron a una constelación de objetivos estratégicos asociados a la ideología del “Destino Manifiesto”, de acuerdo con la cual la raza anglosajona estaba llamada a dominar el continente, desplazando, sometiendo o tutelando a los pueblos hispanos e indígenas que lo poblaban y extendiendo la soberanía estadounidense en consecuencia.[26] Como vemos, además, esta primera oleada de invasiones y anexiones tuvo como protagonistas a intereses faccionales íntimamente relacionados con el lobby esclavista que aún dominaba el sur de la unión.
Estas primeras veleidades intervencionistas quedaron legitimadas por la Doctrina Monroe, proclamada en diciembre de 1823. En su formulación original, la doctrina establecía que cualquier intento de las potencias europeas por extender su sistema político o territorial en el hemisferio occidental sería considerado una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos. Su enunciación respondió al temor de que las monarquías del viejo mundo—en particular Francia, con el respaldo de Rusia— intervinieran para ayudar a España a recuperar sus antiguos virreinatos americanos.[27] Aunque en América Latina fue recibida como una promesa de protección frente a una posible restauración imperial, la doctrina nunca implicó compromiso alguno de auxilio militar. Se trataba de una declaración unilateral, cuyo objetivo principal era disuadir a las potencias europeas de intervenir en un espacio que Washington ya comenzaba a concebir como su propia esfera de influencia.[28]
Esta unilateralidad no fue accidental. Cuando Gran Bretaña propuso una declaración conjunta para garantizar la independencia de las nuevas repúblicas americanas, el entonces secretario de Estado John Quincy Adams se opuso con firmeza. No lo hizo por desacuerdo estratégico con Londres —cuyos intereses comerciales coincidían ampliamente con los estadounidenses—, sino para evitar cualquier atadura que limitara futuras expansiones territoriales. Una doctrina compartida habría convertido el hemisferio en un espacio vigilado colectivamente; una doctrina unilateral, en cambio, permitía a Washington erigirse en árbitro exclusivo del continente. Desde sus orígenes, por tanto, la Doctrina Monroe funcionó menos como un escudo protector que como una alambrada destinada a excluir a competidores europeos y a reservar para Estados Unidos el derecho a decidir cuándo, dónde y cómo intervenir entre sus vecinos del sur.[29]
Con el paso del tiempo, este principio adquirió un carácter elástico y acumulativo. En la década de 1840, el presidente James K. Polk recicló la Doctrina Monroe para justificar la expansión hacia el Pacífico y bloquear cualquier intento de mediación europea durante la guerra con México (1846–1848). La doctrina sirvió entonces para legitimar la anexión de vastos territorios —California y Nuevo México— bajo el argumento de que ninguna potencia extranjera debía interferir en los asuntos del hemisferio occidental.[30] Medio siglo más tarde, esta lógica alcanzó su formulación más explícita con el Corolario Roosevelt, proclamado en 1904 por el presidente del mismo nombre. Bajo la noción de “mala conducta crónica” de los gobiernos latinoamericanos, Washington se arrogó abiertamente el derecho de ejercer un poder de policía internacional en el Caribe y Centroamérica, interviniendo militarmente y controlando las finanzas de Estados soberanos para prevenir la intromisión europea.[31]
El Corolario Roosevelt supuso la concreción doctrinal de un proceso que se remontaba al fin de la Guerra Civil estadounidense en 1865. Superada esta y las zozobras asociadas a la reconstrucción que la siguió, los Estados Unidos inauguraron un ciclo intervencionista sostenido que se prolongó hasta 1933. Este se caracterizó por el paso de la expansión territorial a la construcción de una hegemonía informal sobre el Caribe y Centroamérica. Liberada de sus tensiones internas y convertida ya en potencia industrial, la república norteamericana comenzó a participar abiertamente en el “juego europeo” de la competencia imperial, fijando como prioridades la exclusión de rivales extrahemisféricos, la protección de sus inversiones privadas y el control de los principales nodos estratégicos del hemisferio.[32] Este período vio cómo se sucedían ocupaciones militares y tutelas prolongadas: Cuba fue convertida en un protectorado de facto tras la guerra de 1898 mediante la Enmienda Platt (1901); Panamá fue segregada de Colombia en 1903 para asegurar el control del canal interoceánico; Nicaragua (1909–1933), Haití (1915–1934) y la República Dominicana (1916–1924) fueron ocupadas para sanear sus finanzas, controlar sus aduanas y garantizar el pago de sus deudas con los bancos estadounidenses; y México sufrió incursiones directas durante su Revolución, desde la ocupación de Veracruz en 1914 hasta la Expedición Punitiva de 1916–1917. [33] En este período, la llamada Diplomacia del Dólar intentó sustituir la coerción militar por el control financiero, aunque en la práctica ambos instrumentos se combinaron con frecuencia. El resultado fue un orden hemisférico sostenido menos por el consentimiento o los ideales panamericanos que por la amenaza latente del uso de la fuerza. La soberanía formal de los Estados latinoamericanos comenzó a convivir de manera permanente con la amenaza de una potencial injerencia estadounidense. [34]
En este ciclo, los intereses empresariales no actuaron como un mero complemento de la diplomacia, sino como uno de sus motores fundamentales. En el seno de un capitalismo angloamericano en plena expansión, los objetivos del sector privado encontraron una representación más o menos explícita en el aparato del Estado, hasta el punto de consolidar la transición desde el imperialismo territorial hacia un imperio comercial semi-informal. A finales del siglo XIX, el Departamento de Estado asumió crecientemente la tarea de proteger las inversiones estadounidenses en el exterior.[35] A tal efecto, apeló a una lectura ampliada de la Doctrina Monroe, en la que el beneficio económico primaba sobre cualquier consideración política. Compañías agrícolas como la United Fruit Company desempeñaron un papel central en este proceso, especialmente en Centroamérica, donde su expansión contribuyó decisivamente a la conformación de las llamadas repúblicas bananeras. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la UFCO no solo controlaba vastas extensiones de tierra dedicadas a la exportación de productos tropicales, sino también infraestructuras clave —puertos, ferrocarriles y redes logísticas— que integraban estas economías de forma casi exclusiva en el mercado estadounidense. Esta dependencia estructural se sostuvo gracias a una colaboración estrecha entre la compañía, las élites locales y Washington, que intervino de manera recurrente para garantizar marcos políticos favorables a sus intereses. [36]
En paralelo, ya en 1896, ciudadanos estadounidenses habían invertido más de 30 millones de dólares en Cuba, una parte sustancial de ellos en plantaciones, lo que ilustra hasta qué punto la protección de inversiones privadas se había convertido en un componente central de la política exterior estadounidense en el Caribe.[37] A ello se sumaron los intereses petroleros nacientes, con compañías como Standard Oil expandiendo exportaciones e inversiones durante la década de 1920, especialmente en México, donde la protección de estas inversiones llegó a condicionar el reconocimiento diplomático de los gobiernos revolucionarios.[38] La llamada Diplomacia del Dólar institucionalizó esta simbiosis entre poder público y capital privado: los banqueros estadounidenses financiaban a los Estados caribeños y, en caso de impago, los marines ocupaban las aduanas para garantizar que los ingresos fluyeran hacia entidades prestatarias como el National City Bank de Nueva York. En un contexto en el que la economía estadounidense producía más de lo que consumía, figuras políticas como el senador Albert J. Beveridge defendieron la apertura de mercados exteriores como una misión providencial, convirtiendo a las empresas en la auténtica punta de lanza de la influencia hemisférica.[39]
Esta lógica se vio parcialmente subvertida a partir de la década de 1930. La llamada Política del Buen Vecino, inaugurada en 1933 bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, se desarrolló en un contexto de hegemonía estadounidense prácticamente incontestada en el hemisferio occidental. Tras la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas se hallaban profundamente debilitadas y carecían tanto de la capacidad como de la voluntad para disputar la primacía de Washington en América Latina. En ese escenario, el recurso sistemático al poder duro dejó de ser necesario y pasó a percibirse como contraproducente: costoso en términos económicos, impopular ante la opinión pública doméstica y cada vez más dañino para la imagen internacional de los Estados Unidos.[40] La nueva orientación no supuso una renuncia al liderazgo hemisférico, sino una reformulación de sus instrumentos, basada en la premisa de que una hegemonía sólida podía sostenerse mejor mediante el consentimiento que mediante la coerción abierta.[41] En este sentido, el ciclo abierto en 1933 guarda un parentesco estructural evidente con el que se inició tras 1991, cuando la desaparición de un rival sistémico pareció permitir una gestión más blanda y normativa del orden regional.
El giro internacionalista quedó formalizado en la Conferencia de Montevideo de 1933, donde los Estados Unidos aceptaron explícitamente el principio de no intervención, reconociendo que ningún Estado tenía derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro. Sin embargo, la renuncia al intervencionismo militar no implicó la desaparición de la injerencia. En Cuba (1933–1936), Washington evitó el envío de tropas, pero recurrió a la presión diplomática, al no reconocimiento y a la manipulación de apoyos internos para forzar la caída de gobiernos considerados demasiado radicales, como el de Ramón Grau San Martín. Con ello favoreció la consolidación de figuras fuertes y cooperativas como Fulgencio Batista. [42]
Durante la Segunda Guerra Mundial, esta lógica se amplió a escala continental: frente a la amenaza del fascismo, los Estados Unidos articularon una hegemonía por consentimiento basada en la asistencia económica del Export-Import Bank, la cooperación militar limitada y una intensa diplomacia cultural. El resultado fue una alineación regional sin precedentes, que culminó en 1942, cuando la práctica totalidad de los países latinoamericanos rompieron relaciones con las potencias del Eje.[43] La Política del Buen Vecino mostró así que, en contextos de supremacía indiscutida, Washington podía prescindir del uso sistemático de la fuerza sin abandonar, por ello, el control efectivo del orden hemisférico.
El bucle imperial: Guerra Fría, hegemonía sin rival y competencia hemisférica (1945-2025)
Entre 1945 y 1991, la política de los Estados Unidos hacia América Latina quedó definida por la lógica de la Guerra Fría, que elevó la seguridad nacional al rango de principio fundamental de la agenda hemisférica. La región dejó de ser concebida primordialmente como un espacio de intercambio comercial o influencia cultural para convertirse en un tablero estratégico en el que debía contenerse, a cualquier precio, la expansión del comunismo. Bajo la doctrina de la contención, Washington asumió que la influencia soviética avanzaba mediante la subversión interna y que, por tanto, debía ser detenida mediante acciones de contrafuerza allí donde surgiera.[44] Dicho razonamiento justificó una sucesión de intervenciones directas y encubiertas contra gobiernos percibidos como “izquierdistas” o “radicales”: en Guatemala (1954), la CIA orquestó el derrocamiento de Jacobo Árbenz, cuya reforma agraria fue interpretada como una amenaza comunista y un peligro para los intereses de la United Fruit Company; en Cuba (1961), la fallida invasión de Bahía de Cochinos buscó revertir la Revolución encabezada por Fidel Castro; en la República Dominicana (1965), Lyndon B. Johnson envió cerca de 23.000 tropas para evitar “otra Cuba” en el Caribe; en Chile (1973), la administración Nixon promovió la desestabilización y posterior derrocamiento de Salvador Allende; y en Granada (1983), Ronald Reagan ordenó una invasión militar tras un golpe interno de facciones de izquierda.[45] En todos estos casos, la prioridad no fue la forma política de los regímenes intervenidos, sino su alineamiento estratégico.
El nuevo enfoque condujo a una marcada preferencia por dictaduras anticomunistas estables frente a democracias consideradas vulnerables o “blandas”.[46] Bajo el criterio, formulado por John Foster Dulles, de que solo los hombres fuertes eran fiables en la lucha contra el comunismo, Washington apoyó y legitimó a regímenes autoritarios como los de Pérez Jiménez en Venezuela, Somoza en Nicaragua o Trujillo en la República Dominicana. En las décadas de 1960 y 1970, esta lógica cristalizó en el respaldo a los regímenes autoritarios del Cono Sur —Brasil, Argentina y Chile—, que aplicaron la Doctrina de Seguridad Nacional, concibiendo la política interna como una guerra permanente contra la subversión. Paralelamente, los intentos iniciales de combinar contención y reformismo, como la Alianza para el Progreso (1961) promovida por Kennedy, fracasaron al subordinar el cambio social a la estabilidad político-militar.[47]
Tras la llamada década perdida de los años ochenta —un período marcado por el estancamiento económico, la inflación, el colapso de los ingresos reales y una crisis generalizada de deuda externa que asfixió a la mayoría de las economías latinoamericanas— el gobierno angloamericano impulsó un nuevo marco de ordenamiento regional: el Consenso de Washington. Este no fue un tratado formal ni un plan único, sino un conjunto de principios económicos y financieros promovidos por el Departamento del Tesoro estadounidense, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que condicionaron el acceso al crédito y al reconocimiento internacional. Su objetivo era reestructurar las economías latinoamericanas para hacerlas compatibles con el capitalismo financiero global y reducir cualquier margen de autonomía estatal.[48] Para ello, se promovieron políticas de disciplina fiscal, reducción del gasto público, privatización de empresas estatales, desregulación de los mercados y liberalización del comercio exterior. Con este giro, el control hemisférico dejó de ejercerse prioritariamente mediante intervenciones militares o el respaldo directo a dictaduras, y pasó a operar a través de mecanismos económicos, financieros y normativos que limitaban de facto las opciones de política interna de los Estados latinoamericanos, incluso en contextos formalmente democráticos.[49]
Este nuevo patrón se consolidó plenamente tras 1991, cuando la disolución de la Unión Soviética integró a América Latina en un orden hemisférico definido por la hegemonía neoliberal estadounidense y por la ausencia de rivales geopolíticos capaces de disputarla. A. G. Hopkins ha descrito este momento como una fase unipolar, en la que los Estados Unidos se percibieron a sí mismos como la única superpotencia militar y normativa en un mundo crecientemente globalizado.[50] En ese contexto, el Consenso de Washington se convirtió en el marco rector de las políticas económicas regionales, reforzado por iniciativas de integración subordinada como el NAFTA (1994), que vinculó estrechamente economías como la mexicana al mercado norteamericano. Aunque este modelo logró estabilizar algunas variables macroeconómicas —en particular la inflación—, sus efectos sociales fueron severos: durante los años noventa, la pobreza alcanzó a cerca del 39 % de la población latinoamericana y la región pasó a registrar las mayores tasas de desigualdad del planeta.[51] La hegemonía estadounidense operó así más por inercia estructural que por coerción directa, beneficiándose de un entorno internacional favorable y de la debilidad de alternativas económicas y geopolíticas viables.[52]
El equilibrio de la postguerra fría comenzó a resquebrajarse tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando la atención estratégica de Washington se desplazó hacia Oriente Medio y la guerra contra el terror. América Latina pasó entonces a ocupar un lugar secundario en la agenda estadounidense, dando lugar a lo que la literatura ha descrito como una hegemonía por defecto: Estados Unidos seguía siendo la potencia dominante, pero su relativa desatención abrió espacios para la experimentación política y la emergencia de alternativas que no encontraron una respuesta inmediata por parte de Washington. En este contexto comenzaron a gestarse una serie de proyectos políticos que cuestionaban, desde distintos registros, los presupuestos económicos y estratégicos heredados de la década anterior.
El punto de inflexión de este ciclo se produjo en 2005, cuando el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue rechazado en la cumbre de Mar del Plata. Aquel fracaso no fue un episodio menor, sino la expresión política de un malestar social acumulado frente a dos décadas de reformas neoliberales que habían estabilizado las economías, pero a costa de profundizar la desigualdad y la precariedad. El rechazo al ALCA escenificó la fractura del consenso hemisférico construido en los años noventa y dio visibilidad a una constelación contrahegemónica encabezada por gobiernos de la llamada “izquierda rosada”, llegados al poder por vía electoral y representados por figuras como Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner o Evo Morales. Este bloque, heterogéneo en sus formas y ambiciones, compartía una crítica al orden neoliberal y una voluntad de recuperar márgenes de soberanía económica y política frente a Washington. Sin embargo, sus límites se hicieron pronto evidentes, especialmente en el caso venezolano: la dependencia casi absoluta de los ingresos petroleros, la deriva autoritaria del liderazgo chavista, el debilitamiento institucional y una retórica internacional de confrontación minaron la sostenibilidad del proyecto y erosionaron su capacidad de articulación regional, alejando a los actores más pragmáticos, como Brasil o Chile.[53]
Este período de desgaste de la hegemonía estadounidense ha sido aprovechado por China, que ha pasado de ser un socio comercial periférico a un actor sistémico de primer orden en América Latina y el Caribe. Su proyección regional no ha sido lineal, sino que se ha ido desplegando en fases sucesivas. En un primer momento, tuvo un enfoque transaccional, centrándose en la importación de materias primas latinoamericanas y la exportación de manufacturas chinas. Posteriormente, bajo el liderazgo de Xi Jinping, esta relación ha dado paso a una inversión planificada y estratégica, centrada en la financiación de grandes proyectos de infraestructura. Este proceso ha culminado con la incorporación de la mayoría de los países de la región a la “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, que ha institucionalizado la presencia geopolítica del gigante asiático en el continente. La penetración derivada de esta gran estrategia ha combinado la financiación de infraestructuras energéticas y portuarias con lo que se ha denominado “diplomacia de la chequera” —créditos con intereses razonables, condonaciones de deuda y ayudas directas a gobiernos con escaso acceso a financiación internacional— y “diplomacia de la salud”, que ha comportado el suministro de vacunas, equipamiento médico y asistencia sanitaria, especialmente durante la pandemia del COVID-19.[54] La penetración china ha intensificado la competencia por recursos críticos como el litio, el níquel, el petróleo y las reservas de agua, así como por el control de infraestructuras digitales —redes 5G, cables submarinos y centros de datos—, que Pekín ha ejecutado a través de empresas como Huawei o ZTE. Para Washington, esta presencia china supone un desafío directo: no solo erosiona el espíritu de la Doctrina Monroe, sino que introduce riesgos asociados al uso de infraestructuras estratégicas —como el canal de Panamá—, dependencias tecnológicas y alineamientos diplomáticos adversos en foros internacionales.[55]
En este contexto, el retorno explícito al lenguaje de las esferas de influencia no constituye una anomalía, sino un síntoma estructural de la crisis terminal del orden liberal internacional, el cual había quedado parapetado tras la hegemonía unipolar estadounidense. En un artículo reciente publicado en Foreign Affairs, Monica Duffy Toft sostiene que las grandes potencias están abandonando progresivamente el multilateralismo basado en reglas para recuperar una lógica de control territorial y poder duro que remite al realismo geopolítico de finales del siglo XIX.[56] América Latina reaparece aquí como un espacio paradigmático: fue una de las primeras esferas de influencia controladas parcialmente a través del intervencionismo y hoy vuelve a situarse en el epicentro de la competencia de las grandes potencias. La Estrategia de Seguridad Nacional publicada en 2025 por la administración Trump formaliza este giro, al definir el hemisferio occidental como prioridad geopolítica y justificar el uso de poder militar para excluir a sus competidores extrahemisféricos de la región.[57] Paralelamente, este mismo ciclo ha alimentado el auge de nuevas derechas radicales en Latinoamérica. Estas, lideradas por figuras como Javier Milei o Nayib Bukele, capitalizan el fracaso de los proyectos progresistas —pero clientelares y extractivistas— de la “izquierda rosada”, la inseguridad ligada al narcotráfico y la desafección social con las instituciones democráticas. Lejos de contradecir la lógica de las esferas de influencia, este giro a la derecha tiende a reforzarla. Favorece los alineamientos estratégicos con Washington y, a su vez, promueve las agendas de vinculadas al personalismo político, el autoritarismo policial y el clientelismo económico.[58]
A la luz de este recorrido, la intervención estadounidense en Venezuela dista de ser un episodio excepcional o un arrebato improvisado, como lo han sugerido algunos análisis apresurados. Más bien, se inscribe en un nuevo ciclo de asertividad imperial, en el que Estados Unidos vuelven a recurrir al poder duro —bloqueos, presión militar, injerencia directa— para disputar zonas de influencia en un contexto de competencia estratégica con otras potencias. Lejos de romper con su tradición histórica, esta pauta remite tanto a las prácticas del siglo XIX como a los momentos más tensos de la Guerra Fría: cuando la hegemonía se percibe amenazada, Washington tiende a abandonar la contención y la seducción, activando los resortes coercitivos de su aparato militar. En este sentido, Venezuela aparece menos como una anomalía que como un síntoma del agotamiento del ciclo de hegemonía sin rival inaugurado en 1991.
¿Crónica de un fracaso anunciado?: las imprevisiones recurrentes del intervencionismo estadounidense
La constatación con la que cierra el apartado previo nos devuelve inevitablemente a la pregunta que atraviesa todo el análisis. A juzgar por el estatus alcanzado por los Estados Unidos tras dos siglos de anexiones territoriales, intervenciones armadas e injerencias periódicas, podría concluirse que su política ha sido, en términos estratégicos, eficaz. El mapa político-económico del hemisferio occidental parece avalar tal aserto. Pero una mirada más atenta obliga a matizar ese balance. ¿Han logrado siempre las intervenciones estadounidenses consumar los fines políticos que se proponían? ¿Han producido órdenes estables, paces duraderas y sistemas políticos funcionales, o han dejado tras de sí escenarios frágiles, anómicos y propensos a nuevas crisis? Dicho de otro modo: ¿es el poder de los Estados Unidos un instrumento verdaderamente fiable para quienes lo invocan y pretenden instrumentalizarlo, o desencadena trayectorias impredecibles que acaban imponiéndose sobre las intenciones iniciales de sus beneficiarios? La parábola de El Aprendiz de Brujo vuelve aquí con toda su fuerza. La cuestión decisiva no es si el hechizo es poderoso, sino si quien lo activa conserva realmente el control sobre las escobas que pone en movimiento. Y esa es, en último término, la incómoda pregunta que planea sobre la Venezuela de hoy.
Llegados a este punto, y antes de evaluar casos concretos, conviene realizar algunas apreciaciones de alcance general. En su trabajo reciente sobre la historia global de los imperios, Peter Fibiger Bang subraya hasta qué punto una intervención es siempre una empresa inherentemente compleja, especialmente cuando no se limita a una operación punitiva, sino que aspira a dar a luz un orden institucional estable que sirva simultáneamente a los intereses de la potencia interventora, a las expectativas de los actores locales que reclaman su auxilio y, en el mejor de los casos, a una prosperidad general que mejore la situación precedente.[59] Lejos de reducirse a la mera superioridad militar, este tipo de empresas exige una delicada economía de la fuerza: el ejército, siendo el instrumento más costoso del Estado, solo puede emplearse como último recurso, pues resulta ineficiente para el gobierno cotidiano. El peso real del dominio descansa, por ello, en la cooptación de élites locales. Dichas élites, sin embargo, operan con lealtades necesariamente ambiguas y parciales. Si le conceden demasiado a la potencia externa erosionan su legitimidad interna; pero si se resisten a esta se convierten en sus adversarias y corren el peligro de ser represaliadas.[60]
A esta tensión estructural se añade otro obstáculo menos visible pero no menos decisivo: las diferencias culturales, sociales y políticas que separan a los actores imperiales de sus colaboradores locales y que dificultan una sintonía plena entre ambos. Estas brechas limitan la capacidad del interventor para comprender los equilibrios internos, los códigos informales de autoridad y las sensibilidades sociales sobre las que pretende edificar un nuevo orden. De ahí la necesidad constante de compromiso, que desmiente cualquier fantasía de omnipotencia. Finalmente, debemos considerar el factor tiempo, sistemáticamente subestimado, pues los órdenes derivados de una intervención que han llegado a ser duraderos requieren largos períodos de ensayo, error y sufrimiento antes de estabilizarse.[61] Todo este entramado se vuelve aún más complejo cuando la intervención no aspira únicamente a imponer estabilidad, sino a fundar un orden democrático, ya que la apertura institucional pluraliza los actores con capacidad de veto, amplía el número de opositores potenciales y multiplica los conflictos que pueden canalizarse —y bloquearse— desde dentro del propio sistema político.
Partiendo de esta perspectiva, una revisión histórica de las intervenciones estadounidenses en América Latina ayuda a comprender por qué los resultados sobre el terreno casi nunca han coincidido con los planes diseñados en Washington ni con las expectativas de los actores latinoamericanos que invocaron su presencia. Dichos fracasos parciales no acaecieron simplemente por falta de poder, sino porque el poder imperial, incluso en su forma más asimétrica, opera siempre en un entramado de dependencias, resistencias y compromisos que escapa al control de quien lo activa, como las escobas hechizadas por Mickey Mouse.
Podemos comenzar este recorrido con un ejemplo temprano y particularmente elocuente, que ilustra bien los riesgos de invocar un poder externo para resolver debilidades internas. Tras su independencia en 1821, México se enfrentó a enormes dificultades para afirmar su soberanía sobre los extensos y despoblados territorios septentrionales del antiguo virreinato de Nueva España, especialmente en Texas. En ese contexto, sectores de las élites mexicanas interpretaron la Doctrina Monroe como un principio de protección interamericana que podía servir de dique frente a las ambiciones europeas, y vieron en los Estados Unidos un aliado potencial para estabilizar la frontera. A esta expectativa se sumó una decisión pragmática y a la postre fatídica. Permitieron la entrada de colonos angloamericanos para poblar Texas y reforzar su defensa. Bajo el liderazgo de figuras como Stephen F. Austin, estos colonos se asentaron con el compromiso formal de acatar las leyes mexicanas, profesar el catolicismo y someterse a la autoridad del Estado. La apuesta parecía razonable: poblar para gobernar, integrar para controlar.[62]
Sin embargo, el equilibrio resultó mucho más frágil de lo previsto. Durante la década de 1820, la afluencia masiva de colonos —muchos de ellos propietarios de esclavos— alteró rápidamente la demografía y las relaciones de poder en la provincia. Cuando México intentó reafirmar su soberanía, primero mediante la abolición de la esclavitud en 1829 y después restringiendo la inmigración angloamericana en 1830, las tensiones se dispararon. La crisis se agudizó con la deriva centralista del gobierno encabezado por Antonio López de Santa Anna, quien anuló la Constitución federalista de 1824 para concentrar el poder en la capital. Esta decisión provocó la rebelión abierta de los colonos texanos. Aunque Santa Anna logró una victoria inicial en El Álamo (1836), fue derrotado y capturado poco después en San Jacinto, momento en el que consintió, bajo coacción, la independencia de Texas. La secesión fue recibida con indignación en México, donde amplios sectores políticos e intelectuales se negaron a reconocer a la nueva República de la Estrella Solitaria.[63]
El desenlace confirmó los temores de quienes habían advertido sobre los peligros del poder prestado. En 1845, los Estados Unidos, guiados por el ideario del Destino Manifiesto, procedieron a la anexión formal de Texas bajo la presidencia de James K. Polk. México interpretó el gesto como una agresión directa y se negó a aceptar la frontera reclamada por Washington en el río Bravo. La escalada diplomática, los golpes de Estado internos —como el que llevó al general Mariano Paredes al poder— y la decisión deliberada de Polk de provocar un incidente armado condujeron a la guerra de 1846–1848. El conflicto culminó con la ocupación de la Ciudad de México y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que el país perdió más de un tercio de su territorio a cambio de una compensación económica. Para muchas élites mexicanas que habían confiado en el amparo estadounidense y en la asimilación gradual de los colonos, el resultado fue una amarga lección histórica: la intervención solicitada para proteger una frontera terminó convirtiéndose en un mecanismo de desposesión territorial. Como en la parábola inicial, el poder invocado no solo escapó a su control, sino que acabó reescribiendo por completo las reglas del juego.[64]
El caso cubano permite observar con especial nitidez cómo una intervención invocada en nombre de la libertad puede desembocar en décadas de dependencia política y económica, y terminar produciendo un resultado radicalmente opuesto al buscado. Cuando estalló la guerra de 1898, buena parte de los independentistas cubanos confiaron en que la entrada de Estados Unidos permitiría culminar la lucha contra el dominio español y abrir una etapa de soberanía plena. Esa expectativa, sin embargo, no coincidía con los cálculos de Washington.[65] Tras la derrota de España, el presidente McKinley evitó reconocer a cualquier gobierno insurgente cubano y mantuvo la isla bajo administración militar estadounidense hasta 1902, preservando así su libertad de acción. El desenlace llegó en 1901, con la imposición de la Enmienda Platt, un apéndice constitucional que los cubanos aceptaron a regañadientes ante la amenaza explícita de que las tropas norteamericanas no abandonarían la isla. Lejos de garantizar la independencia, la enmienda convirtió a Cuba en un protectorado de facto, otorgando a Estados Unidos el derecho legal de intervenir en sus asuntos internos y de condicionar su política exterior, además de asegurar enclaves estratégicos como la base naval de Guantánamo, arrendada en 1903.[66]
Durante las décadas siguientes, esta tutela se tradujo en una relación profundamente asimétrica. Estados Unidos intervino militarmente de forma recurrente —entre 1906 y 1909, en 1912 y de nuevo entre 1917 y 1922— para asegurar la estabilidad de gobiernos favorables a sus intereses. La retirada formal de la Enmienda Platt en 1934, en el marco de la Política del Buen Vecino, no alteró sustancialmente esta dependencia. Washington siguió ejerciendo una influencia decisiva sobre la política cubana mediante el reconocimiento diplomático, la presión económica y la mediación directa, como mostró la actuación del embajador Sumner Welles durante la crisis de 1933, cuando se opuso activamente a gobiernos reformistas considerados demasiado radicales. El resultado fue la consolidación de un sistema político frágil, marcado por la corrupción, la desigualdad social y una economía orientada a servir intereses externos más que a generar prosperidad ampliamente distribuida.[67]
Esta lógica alcanzó su expresión más clara bajo el régimen de Fulgencio Batista. Tras su golpe de Estado en 1952, Batista se convirtió en un aliado privilegiado de Washington, valorado ante todo por su capacidad para garantizar el orden interno y proteger unas inversiones estadounidenses que rondaban los 1.500 millones de dólares. Su régimen rompió relaciones con la Unión Soviética, adoptó una retórica abiertamente anticomunista y creó aparatos coercitivos como el Buró de Represión de Actividades Comunistas (BRAC), siguiendo recomendaciones estadounidenses. Durante años, esta dependencia fue presentada como fundamento de estabilidad. Pero cuando el régimen empezó a resquebrajarse a finales de los años cincuenta, Washington intentó una salida que preservara el sistema sin el dictador —un batistianismo sin Batista—, retirándole finalmente el apoyo militar poco antes de su caída en 1959. Fue demasiado tarde.[68]
El resultado final fue la peor pesadilla estratégica de Estados Unidos: el triunfo de una guerrilla revolucionaria que no solo expulsó a un régimen aliado, sino que rompió de forma abrupta con la órbita angloamericana. En 1959, Fidel Castro capitalizó décadas de frustración social y dependencia estructural para derribar el orden heredado, transformando a Cuba en un foco de desafío geopolítico a apenas noventa millas de Florida. Las tentativas posteriores de Washington por revertir este desenlace no hicieron sino agravar el problema. La invasión de Bahía de Cochinos (1961), organizada por la CIA bajo la premisa de que una intervención limitada desencadenaría un levantamiento popular inmediato, terminó en un fracaso estrepitoso que consolidó el poder de Castro y lo empujó definitivamente hacia la alianza con la Unión Soviética. A ello se sumó una cadena de complots fallidos para asesinar al líder cubano entre 1960 y 1965, basados en la ilusión de que eliminar a un solo hombre bastaría para desactivar un proceso político y social mucho más profundo.[69]
En retrospectiva, el caso cubano ilustra con especial crudeza la paradoja del intervencionismo. Una intervención solicitada en nombre de la independencia terminó generando décadas de dependencia; y esa dependencia, lejos de asegurar la estabilidad institucional y el control geoestratégico, incubó una ruptura radical que escapó por completo a los cálculos de Washington. Como en otros episodios de poder prestado, el resultado final no fue el orden esperado, sino la emergencia de fuerzas que el propio interventor ya no pudo domesticar.
Siguiendo esta misma lógica, otros episodios del intervencionismo estadounidense en América Latina confirman hasta qué punto las expectativas depositadas por actores locales en la intervención de Washington rara vez se cumplieron en los términos imaginados. En República Dominicana, a comienzos del siglo XX, las élites gobernantes aceptaron —e incluso solicitaron— la tutela estadounidense para protegerse de los acreedores europeos y estabilizar las finanzas públicas. El resultado fue la “Diplomacia del Dólar”: Washington asumió el control de las aduanas durante décadas y, cuando estallaron conflictos internos, pasó de la supervisión financiera a la ocupación militar directa (1916–1924), disolviendo las instituciones nacionales y gobernando por decreto.[70] Un patrón similar se repitió en Nicaragua, donde líderes conservadores aceptaron el Pacto Dawson para asegurarse el reconocimiento estadounidense frente a sus rivales internos, solo para descubrir que el precio era la cesión del control fiscal, la disolución del parlamento cuando este se resistió y una ocupación de facto de veinte años.[71] En ambos casos, el poder invocado para garantizar el orden y la soberanía terminó restringiéndolos severamente, subordinando la política interna a los intereses financieros y estratégicos de Washington.
El caso de Haití fue aún más ilustrativo. Lo que comenzó en 1915 como una petición puntual de protección de activos financieros por parte de banqueros locales desembocó en una ocupación militar de diecinueve años. A lo largo de la misma, los Estados Unidos se adueñaron del aparato fiscal de la república para orientar su economía al pago de deudas externas. Lejos de crear instituciones sólidas, la intervención debilitó la cultura política y preparó el terreno para nuevas dictaduras. En Panamá, la intervención produjo un tipo distinto de “éxito”. La independencia de Colombia en 1903, apoyada por Washington, permitió la construcción y control del célebre Canal. Ello garantizó la estabilidad estratégica y la prosperidad para el propio Canal, pero al precio de imponerles a los panameños una soberanía profundamente limitada y de que estos aceptaran que su economía nacional se subordinase a los intereses estadounidenses. [72]
Otros episodios muestran consecuencias aún más disruptivas. En Guatemala (1954), el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de Jacobo Arbenz —justificado como una medida de contención anticomunista y de protección de intereses empresariales— destruyó el frágil orden constitucional y dio paso a una guerra civil de más de tres décadas, con niveles de violencia que superaron con creces la situación previa a la intervención.[73] En el caso nicaragüense (1927–1933), antes ya mencionado, la injerencia estadounidense, solicitada por sectores económicos que buscaban estabilidad, contribuyó al desencadenamiento de una prolongada guerra de guerrillas encabezada por Sandino, generando un legado de resentimiento que reaparecería décadas después.[74] Incluso en los casos que Washington consideró exitosos —como el apoyo a regímenes autoritarios “estables” en Brasil o Chile durante la Guerra Fría—, la estabilidad se sostuvo a costa de represión, militarización y la creación de aparatos coercitivos que escaparon progresivamente al control de sus patrocinadores.[75]
A la luz de este patrón histórico, el caso venezolano resulta especialmente revelador, porque condensa con notable claridad los tres grandes objetivos que han guiado el uso del poder duro estadounidense en la región: la exclusión de otras grandes potencias del continente y el aseguramiento de su esfera de influencia; el control de recursos estratégicos —en particular el petróleo— y la estabilización imperfecta de regímenes fuertes capaces de garantizar un entorno favorable a esos intereses.
El primer episodio decisivo de injerencia extraterritorial en las relaciones entre ambos países se produjo a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos quiso afirmar su primacía frente a la potencia hasta entonces hegemónica en Sudamérica: el Imperio Británico. Durante la crisis fronteriza de 1895 entre Venezuela y la Guayana Británica, Washington ejerció una presión diplomática sostenida sobre Londres, apoyada por el despliegue de su poder naval y por la amenaza creíble de una escalada militar. El resultado fue un arbitraje internacional favorable a sus intereses y la consagración de un principio duradero, según el cual el gobierno estadounidense se arrogaba el derecho de intervenir en disputas estratégicas del hemisferio occidental. En adelante, ninguna potencia europea debía dirimir asuntos estratégicos en el Caribe y el norte de Sudamérica. Este precedente se consolidó tras el bloqueo naval de 1902, cuando Alemania y Gran Bretaña enviaron escuadras para forzar el cobro de deudas venezolanas mediante la coerción militar. Aunque Washington no intervino directamente en el conflicto, medió activamente para imponer un acuerdo de arbitraje, presionó a las potencias europeas para que retiraran sus flotas y utilizó la crisis como base doctrinal para legitimar una futura intervención preventiva estadounidense en casos similares. De este modo, excluyó definitivamente a Europa de este tipo de acciones y se reservó para sí la función de garante del orden financiero latinoamericano. Este episodio consolidó al país angloamericano como una suerte de policía regional.[76] Desde ese momento, la soberanía venezolana quedó subordinada a un nuevo marco de tutela hemisférica.
Con el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en las primeras décadas del siglo XX, la relación adquirió un cariz abiertamente económico y autoritario. Durante la larga dictadura de Juan Vicente Gómez (1908–1935), Washington y las grandes compañías petroleras estadounidenses mantuvieron una colaboración estrecha con un régimen que garantizaba orden interno, concesiones favorables y seguridad jurídica a cambio de reconocimiento y respaldo externo. Esta alianza se sostuvo sobre un intercambio tácito. La dictadura obtuvo respaldo en su represión sistemática de la disidencia a cambio de conceder un acceso privilegiado a los hidrocarburos venezolanos y de sostener un marco legal extremadamente favorable a las empresas extranjeras. Todo ello sucedió en un contexto de control personalista del poder, censura, persecución de opositores y uso sistemático de la violencia estatal.[77] La lógica se repitió durante la Guerra Fría con Marcos Pérez Jiménez (1952–1958), militar autoritario que llegó al poder mediante un golpe de Estado y fue condecorado por la administración Eisenhower en 1954 como aliado ejemplar en la lucha anticomunista. En ambos casos, el poder duro estadounidense no se orientó a promover instituciones inclusivas ni un desarrollo equilibrado, sino a sostener regímenes coercitivos capaces de mantener la producción petrolera y bloquear cualquier deriva considerada desestabilizadora.[78]
El ciclo abierto tras 1958, con la caída de Pérez Jiménez, introdujo un paréntesis significativo. Durante las décadas siguientes se consolidó una democracia turnista, articulada en torno al pacto entre COPEI y Acción Democrática. Esta garantizó la alternancia electoral, la estabilidad institucional y el alineamiento internacional a cambio de excluir a fuerzas consideradas radicales y mantener intacta la estructura rentista del Estado. Venezuela fue presentada durante décadas como la democracia modelo de América Latina y un socio fiable de Washington. Este sistema se sostuvo sobre una densa red clientelar, en la que la redistribución de la renta petrolera, el acceso al empleo público y la mediación partidista amortiguaban el conflicto social, al tiempo que reforzaban la dependencia económica, tecnológica y financiera respecto a Estados Unidos, que seguía siendo el principal destino del crudo y el referente político externo. Sin embargo, incluso en este período la relación estuvo marcada por condicionantes estructurales: dependencia de los hidrocarburos, desigualdad persistente y una inserción subordinada en el orden económico hemisférico.[79] Cuando la crisis de la deuda y los programas de ajuste de los años ochenta —derivados del Consenso de Washington— erosionaron ese equilibrio, el sistema político colapsó desde dentro. El Caracazo de 1989 y el descrédito de los partidos tradicionales prepararon el terreno para la irrupción de Hugo Chávez, cuyo triunfo en 1998 supuso una ruptura abierta con el patrón histórico de alineamiento con el vecino del norte.[80]
Desde entonces, la relación ha entrado en una fase abiertamente conflictiva. El apoyo tácito de la administración Bush al fallido golpe de 2002, el uso político de la guerra contra las drogas, las sanciones y el aislamiento diplomático no han logrado derrocar al régimen chavista, pero sí han producido un efecto bien conocido: empujar a Venezuela hacia alianzas extra-hemisféricas con actores como Rusia, Irán o China. Exactamente lo que la Doctrina Monroe pretendía evitar. Al mismo tiempo, esta presión externa ha desempeñado un papel ambiguo en la propia deriva autoritaria del régimen. Como ha mostrado Javier Corrales, el chavismo —y con mayor intensidad el madurismo— ha utilizado la confrontación con Estados Unidos como un recurso central de legitimación interna, presentando el desmantelamiento de contrapesos institucionales y la concentración del poder como medidas defensivas frente a una amenaza imperial permanente.[81]
La política de sanciones, especialmente desde 2017, lejos de fracturar de manera decisiva a la coalición gobernante, tendió a producir un efecto de atrincheramiento. Al exigir la salida inmediata de Maduro como condición para cualquier alivio de las penalizaciones, Washington redujo los incentivos para la defección de sectores moderados del régimen, forzándolos a cerrar filas en torno al núcleo duro del chavismo. En paralelo, el gobierno venezolano respondió trasladando los costes económicos de la presión externa a la población, mientras protegía y recompensaba a su base de apoyo —militares, jerarquías partidistas y grupos armados civiles— mediante el acceso privilegiado a rentas petroleras, economías ilícitas y funciones políticas y económicas.[82]
En este sentido, la relación con Estados Unidos ha operado como un chivo expiatorio. Le ha permitido al régimen externalizar responsabilidades, cohesionar a sus élites y justificar una represión creciente en nombre de la soberanía. El resultado abunda en una paradoja recurrente del intervencionismo. Una estrategia diseñada para debilitar a un gobierno autoritario ha terminado contribuyendo, de forma indirecta, a su endurecimiento y a la clausura de los escasos espacios democráticos que aún subsistían.
Venezuela confirma así el patrón que recorre todo este análisis. Cuando Estados Unidos ha recurrido al poder duro en el país, lo ha hecho no para construir órdenes democráticos estables, sino para asegurar su acceso al petróleo y sostener regímenes funcionales a sus intereses estratégicos. Y cuando ese orden ha colapsado, la intervención no ha logrado restaurar el control ni la estabilidad duradera, sino que ha generado resistencias más profundas y alineamientos adversos. Como en otros episodios del intervencionismo hemisférico, el poder invocado ha sido inmenso, pero su capacidad para producir los resultados deseados ha sido mucho más limitada.
El balance histórico hasta aquí esbozado invita a cerrar este apartado con una conclusión incómoda. De acuerdo con la bibliografía consultada, no existe un solo caso documentado en el que una intervención directa de Estados Unidos haya dado lugar a la consolidación de una democracia sólida, autónoma y socialmente próspera en América Latina. Desde la década de 1830, las intervenciones angloamericanas se han justificado de forma recurrente mediante un lenguaje de regusto moral —la defensa de la libertad, del orden o de la democracia—, pero en la práctica han estado guiadas por prioridades geopolíticas, energéticas y de seguridad. Siempre que el ideal democrático ha entrado en conflicto con la estabilidad estratégica, la protección de recursos o la exclusión de rivales ha sido sacrificado en favor de arreglos coercitivos que, sin embargo, en muchas ocasiones han desembocado en el caos.
La reciente captura de Nicolás Maduro, presentada como una operación quirúrgica orientada a restaurar el orden legal y la democracia, se inscribe plenamente en este patrón histórico. Aunque la acción reafirma la primacía militar estadounidense en el hemisferio y responde a objetivos explícitos de seguridad, hegemonía y control energético, abre un escenario cargado de incertidumbres estructurales que ningún actor implicado está en condiciones de conjurar por completo. La eliminación de Maduro contribuye a soliviantar la espiral anómica en que han entrado los regímenes de poder que rigen Venezuela. El país sigue marcado por la coexistencia de instituciones civiles débiles, cacicazgos militares, grupos criminales transnacionales, milicias irregulares, economías ilícitas y redes locales de control que no se evaporarán con la “extracción” del presidente.
A ello se suma la profunda descomposición de los aparatos de seguridad del Estado, atravesados por lealtades cruzadas, incentivos corruptos e idiosincrasias corporativas que dificultan cualquier intento de reconstruir un sistema legítimo de gobernanza. Al mismo tiempo, la ausencia de una coalición interna cohesionada y socialmente reconocida —resultado tanto de la implosión del régimen como de la fragmentación, la dependencia externa y el desgaste acumulado de la oposición— limita seriamente la posibilidad de articular una autoridad política efectiva. En este contexto, la propuesta de Washington de negociar una salida pragmática con sectores residuales del propio chavismo y de organizar una transición financiada, dirigida y tutelada desde fuera no parece que vaya a dar los resultados esperados en el corto plazo. Ninguno de los actores en juego —ni Washington, ni los remanentes del régimen, ni una oposición debilitada— dispone de la capacidad necesaria para transformar ese escenario en un orden democrático estable, autónomo y sostenible.
En episodios anteriores —de Cuba a Haití, de Nicaragua a Guatemala—, el poder prestado ha demostrado ser eficaz para derribar figuras y desarticular regímenes, pero profundamente ineficaz para fundar órdenes democráticos duraderos. La historia sugiere que el verdadero desafío no reside en la captura del tirano, sino en lo que viene después: la larga y azarosa tarea de la reconstrucción política, institucional y social. Y es precisamente en ese tramo, cuando el poder externo tiende a convertirse en una tutela incompetente y la anomia se vuelve estructural. La promesa de la libertad impuesta desde fuera ha terminado, una y otra vez, reproduciendo nuevas formas de dependencia y dominación estéril.
Sin maestros de brujo: las falsas promesas de la intervención y las posibilidades ocultas en la historia
Cuando el aprendiz de brujo —Mickey en su versión cinematográfica— pierde totalmente el control de las escobas que ha conjurado, su maestro aparece de súbito para restaurar el orden. El ratón estaba a punto de morir ahogado, pues los utensilios de limpieza se habían sustraído de la intención fundacional de su hechizo. La instrucción original era llenar un pequeño depósito de agua, pero las inercias incontrolables desatadas por el encantamiento habían llevado a las escobas a provocar una inundación. Por fortuna, el brujo veterano conoce bien las dinámicas secretas que rigen el poder mágico y así, con un simple gesto de manos, restablece sus equilibrios, logrando que el agua se evapore y que las escobas retornen a su condición habitual de objetos inanimados. Mickey aprende la lección: hay que pensárselo dos veces antes de activar un poder ajeno y cuyas potencialidades nos son extrañas. Una vez hemos revisado la historia internacional de las Américas, la parábola resulta evidente. Las intervenciones imperiales de los Estados Unidos han desembocado en dinámicas descontroladas, que han ido más allá de las expectativas de Washington y de los actores latinoamericanos que apoyaron y demandaron la injerencia. La intención original del hechizo —ahora como intervención— se ha visto rebasada por la lógica impredecible de las fuerzas desencadenadas: guerras civiles, desórdenes patológicos, satrapías clientelares cronificadas, dictaduras desenfrenadas en sus afanes represivos y, en muchos casos, la pérdida total de control por parte de aquellos que protagonizaron la intervención.
Sin embargo, hay una diferencia palmaria entre la fábula de El Aprendiz de Brujo y la historia internacional: en la arena geopolítica no hay hechicero experto que valga, no llegará ningún maestro a restablecer la armonía cósmica y a detener las derivas destructoras del poder desaforado. No existen, al menos en el terreno de los fenómenos experimentables, fuerzas trascendentes que sean capaces de corregir por sí solas los desmanes y errores que se perpetran en el terreno de la política internacional. No es históricamente previsible que el derecho internacional, ni la ley natural, ni ninguna divinidad benevolente hagan el papel de maestro de brujo y corrijan las tendencias destructivas que puedan desatarse tras la captura de Maduro. He aquí la tragedia que es consustancial a las trayectorias imperiales del poder en los asuntos humanos: una vez se inauguran, agitan un avispero de intereses, pasiones y conflictos cuya canalización a un fin prediseñado se vuelve endiabladamente compleja. Los patrones detectables en el pasado del intervencionismo estadounidense en la región, si bien no nos sirven a título de oráculos infalibles, sí nos invitan a ser sumamente escépticos con las previsiones simplistas de algunos actores implicados. Ni la transición a la democracia, ni la apropiación rápida y lucrativa del petróleo, ni la estabilización de un régimen alineado con Washington se antojan como desenlaces posibles y duraderos.
Este ensayo, en su evidente historicismo, no ha tenido la pretensión de erigirse en una crítica moral o jurídica de la intervención o la injerencia. La bondad o la maldad, la legalidad o la ilegalidad del secuestro de Maduro se sustraen a la argumentación de este texto. No ha sido mi deseo cuestionar las buenas intenciones o malas intenciones que puedan motivar a las partes implicadas. Bienaventurados sean todos aquellos que cultivan esperanzas loables: aquellos que, desgarrados por la lejanía forzosa del exilio se aferran a la promesa de que la intervención alumbre por fin una salida y un retorno; aquellos que creen que, bajo una nueva tutela, será posible remedar, aunque sea obligadamente, las heridas viejas y profundas que han dividido entre sí a los venezolanos; incluso aquellos que están genuinamente convencidos de que la liberalización económica del petróleo venezolano y el desmantelamiento controlado del chavismo pueden traer una época de prosperidad. Todo futuro deseado se reviste de una pátina ética y se postula como legítimo cuando promete el progreso y la utopía. La cuestión que aquí he tratado de dirimir no es, como decía, ni moral ni jurídica. La prevención que arrojo es más bien de signo político y geoestratégico.
Las lecciones a este respecto que se desprenden de todo lo anterior pueden enunciarse con relativa claridad. La primera es que el poder externo casi nunca llega para consumar los proyectos de aquellos actores locales que lo invocan. Entra en escena con una jerarquía de prioridades propia. En el caso estadounidense, tal guion se ha repetido con pocas variaciones desde el siglo XIX. Sus objetivos, visiblemente presentes también en la intervención que hoy tiene lugar en Venezuela, se han centrado en excluir rivales del hemisferio, asegurar el dominio de puntos estratégicos, proteger inversiones y recursos, y sostener arreglos internos que garanticen previsibilidad. Cuando esos objetivos chocan con la construcción de instituciones inclusivas, con la autonomía real de algún país o con la democratización efectiva, la balanza se inclina de manera sistemática hacia la seguridad y el control.
La segunda lección es que las intervenciones, incluso cuando logran su objetivo inmediato —derribar a un gobierno, capturar a un líder, imponer una nueva correlación de fuerzas—, rara vez resuelven el problema que dicen venir a resolver. Más bien lo desplazan y lo transforman. La “decapitación” de una cabeza no recompone por sí sola el cuerpo político: no desactiva las redes armadas, no reconstituye los monopolios legítimos de la coerción, no desmantela las economías ilícitas ni restaura, por arte de magia, confianzas sociales que se han visto devastadas. En escenarios donde el Estado es un hervidero de lealtades faccionales y clientelas espurias, la construcción de un orden posterior a la intervención suele ser más difícil que el golpe inicial. Aparece la anomia como condición estructural, no como un accidente pasajero.
La tercera lección es que, en ese tramo temporal posterior a la intervención, nadie suele disponer de la capacidad necesaria para gestionar la compleja constelación de consecuencias que esta gatilla. La potencia interventora puede tener superioridad militar, pero suele carecer de un control verdaderamente efectivo sobre los equilibrios locales de poder; el régimen colaboracionista puede contar con un imponente aparato político-militar, pero careciendo de legitimidad; la oposición, aun cuando represente una esperanza moral, a menudo se entrega a la lógica de la lucha extrainstitucional y la búsqueda clientelar de apoyo externo; las potencias externas perjudicadas tras la intervención no suelen resignarse a su nuevo estatus y tratan de interferir, provocando a veces escaladas de violencia. De esa combinación se colige la reiteración de patrones sombríos que podrían reverdecer en Venezuela: que la llamada “transición” no sea más que una tutela errática, que el llamado pragmatismo se convierta en un pacto disfuncional con los residuos del viejo sistema, y que la promesa de libertad se concrete tan solo en una dependencia que, lejos de ser ordenadora, desemboque en nuevos ciclos de caos y de desacuerdo.
La confianza ingenua de aquellos que han celebrado la captura de Maduro haría bien en aplicarse a la retrospección reflexiva. La historia contemporánea del continente americano nos demuestra que las sacudidas súbitas que trae consigo el intervencionismo nunca han logrado sustituir el trabajo lento —y siempre conflictivo— que comporta reconstruir la legitimidad, las instituciones y la cohesión social de un país afligido por sus propios desgarros intestinos. Estas aseveraciones no debieran conducirnos al fatalismo. La interpretación historiográfica aquí realizada no tiene la vocación de concluir que Venezuela y América Latina estén arrojadas a un destino inevitable de tiranía, dependencia y desorden. Simplemente he querido subrayar que intervenciones como la perpetrada por la administración Trump forman parte del problema y no de la solución.
La historia no es un oráculo en el que descubrir nuestro destino, sino un vivero de experiencias que nos ayudan a hacernos preguntas que se sustraen a las lógicas inmediatistas e imaginar posibilidades inexploradas. Por ejemplo, frente a los hechos aquí recabados podríamos plantearnos la siguiente cuestión: ¿y si el intervencionismo estadounidense fuese más un síntoma que la causa esencial o la solución mágica de los problemas estructurales de la América Latina? En su magistral estudio comparado sobre las trayectorias políticas de los imperios Michael Doyle sugirió que para explicar fenómenos como el expansionismo o la intervención no basta con tener en cuenta las motivaciones del agresor. La trayectoria de los últimos dos siglos deja en evidencia que los Estados Unidos, como cualquier otro imperio que les haya precedido, han actuado en la región movidos por la búsqueda del interés, el prestigio y la seguridad. Ahora bien, Doyle nos invita a discurrir sobre los factores “pericéntricos” del imperialismo. Es decir, a preguntarnos por qué algunos países ofrecen las condiciones de división interna, fragilidad institucional y debilidad exterior que facilitan que una gran potencia les conquiste o intervenga.[83]
En este punto emerge un mal estructural del que se habla poco y que no afecta únicamente a Venezuela, sino a un conjunto más amplio de países latinoamericanos e ibéricos. Como ha señalado Joan Garcés, desde el desmembramiento de las monarquías imperiales de España y Portugal en América y la conformación de los Estados nacionales a comienzos del siglo XIX, estos espacios políticos se han configurado de manera recurrente como territorios intervenidos por las grandes potencias.[84] A las dificultades para establecer sistemas democráticos pluralistas basados en consensos amplios —capaces de digerir el tránsito desde la cultura política corporativa, patrimonial y clientelar del Antiguo Régimen hacia formas representativas y economías redistributivas— se ha sumado un exclusivismo político persistente y una notable incapacidad para articular proyectos genuinos de integración postimperial. No es casual que los grandes esquemas confederales concebidos en su día por figuras como Bolívar o Santa Cruz fracasaran sin dejar herederos duraderos. Retomar el hilo de aquellas discusiones no responde a un ejercicio de nostalgia intelectual, sino a la necesidad de reactivar nuestra capacidad diagnóstica frente a los problemas estructurales que han conducido a Venezuela a su postración actual y que, en términos más amplios, han contribuido a relegar a buena parte de los países de habla hispana y portuguesa a una posición periférica en el sistema internacional. La resolución de estos dilemas no llegará de la mano de intervenciones externas ni de poderes prestados, sino a través de actos de imaginación política capaces de leer críticamente las lecciones de la historia. Es en esa capacidad de análisis, deliberación y proposición creativa de horizontes compartidos —y no en la invocación de sortilegios ajenos— donde podría residir, finalmente, el poder para forjar futuros verdaderamente deseables. Pero es este un tema para otro artículo.
[1] Jack Zipes, The Sorcerer’s Apprentice: An Anthology of Magical Tales (Princeton University Press, 2017).
[2] Fantasía, dirigido por James Algar (Walt Disney Productions, 1940).
[3] Fantasia: Aprendiz de brujo, compartido por Morchela Lepista Nuda, 2014, 07:16, https://www.youtube.com/watch?v=UEYy3osi8Gs.
[4] Relacionados con esta cuestión: Michael T. Taussig, The Devil and Commodity Fetishism in South America (Univ of North Carolina Press, 2010); Marcos Alonso Fernández, Platón contra las máquinas: La tecnología y sus enemigos, desde la escritura hasta la inteligencia artificial (Alianza Editorial, 2026).
[5] Publio Ovidio, Metamorfosis XI-XV (RBA Libros, 2020), 85-190.
[6] Pedro Calderón de la Barca, El mágico prodigioso (J. Lindauer, 1886).
[7] Hazbin Hotel, dirigido por Vivienne Medrano, 2 de enero de 2026, https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hazbin_Hotel&oldid=171289752.
[8] Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan (Atlas Enterntaiment, 2023).
[9] Atlantic Council Experts, «What Trump’s Venezuela Oil Blockade Means for Maduro and the World», Atlantic Council, 18 de diciembre de 2025, https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/what-trumps-venezuela-oil-blockade-means-for-maduro-and-the-world/.
[10] Carlota García Encina y Carlos Malamud, «La captura de Maduro: el precio de reafirmar la hegemonía», Real Instituto Elcano, accedido 8 de enero de 2026, https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-captura-de-maduro-el-precio-de-reafirmar-la-hegemonia/.
[11] Carlos Eduardo Martínez, «María Corina Machado: “Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”», Infobae, 3 de enero de 2026, https://www.infobae.com/venezuela/2026/01/03/maria-corina-machado-estamos-preparados-para-hacer-valer-nuestro-mandato-y-tomar-el-poder/; Elías Camhaji, «María Corina Machado defiende en Oslo “las acciones decisivas de Trump” sobre Venezuela», El País (Madrid), 11 de diciembre de 2025, https://elpais.com/internacional/2025-12-11/maria-corina-machado-tras-su-llegada-a-oslo-tengo-la-esperanza-de-que-venezuela-volvera-a-ser-libre.html.
[12] Javier Corrales, Autocracy Rising: How Venezuela Transitioned to Authoritarianism (Bloomsbury Publishing PLC, 2023).
[13] «UN Experts Condemn United States Blockade and Aggression against Venezuela», OHCHR, accedido 8 de enero de 2026, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/12/un-experts-condemn-united-states-blockade-and-aggression-against-venezuela.
[14] G. John Ikenberry, A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism and the Crises of Global Order (Yale University Press, 2020); G. John Ikenberry, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order (Princeton University Press, 2011).
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[19] Sobre esta modernidad republicana americana: James E Sanders, «Atlantic Republicanism in Nineteenth-Century Colombia: Spanish America’s Challenge to the Contours of Atlantic History», Journal of World History 20, n.o 1 (2009): 131-50; James E Sanders, The Vanguard of the Atlantic World: Creating Modernity, Nation, and Democracy in Nineteenth-Century Latin America. (London, 2014).
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[58] Brian Winter, «Latin America’s Revolution of the Right», Foreign Affairs, 16 de diciembre de 2025, https://www.foreignaffairs.com/south-america/revolution-right-brian-winter; José Antonio Sanahuja Perales y Camilo López Burian, «Hispanidad e Iberosfera: antiglobalismo, internacionalismo reaccionario y ultraderecha neopatriota en Iberoamérica», Documentos de Trabajo ( Fundación Carolina ): Segunda Época, Documentos de trabajo ( Fundación Carolina ): Segunda época, n.o 69 (2022): 1, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8492070.
[59] Peter Fibiger Bang, «Empire-A World History. Anatomy and Concept, Theory and Synthesis», en The Oxford World History of Empire. Volume One: The Imperial Experience, ed. Peter Fibiger Bang et al. (Oxford University Press, 2021), 1-102.
[60] Ver también: Saliha Belmessous, Empire by Treaty: Negotiating European Expansion, 1600-1900 (Oxford University Press, 2014); Jane Burbank, Empires in World History: Power and the Politics of Difference, with Frederick Cooper (Princeton University Press, 2010).
[61] Susan L. Woodward, The Ideology of Failed States: Why Intervention Fails (Cambridge University Press, 2017), https://doi.org/10.1017/9781316816936.
[62] Torget, Seeds of Empire, 57-96.
[63] Carlos Bosch García, Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos, 1819-1848 (Secretaría de Relaciones Exteriores, 1974), 58-69.
[64] Peter Guardino, The Dead March: A History of the Mexican-American War (Harvard University Press, 2017), 350-68, https://doi.org/10.2307/j.ctv24trdb6.
[65] Ada Ferrer, Cuba insurgente. Raza, nación y revolución, 1868-1898 (Editorial de Ciencias Sociales, 2011), 279-301, http://archive.org/details/cuba-insurgente.
[66] Sexton, The Monroe Doctrine, 218-29; Schoultz, Beneath the United States, 125-51.
[67] Smith, Talons of the Eagle, 92-98.
[68] Rafael Gutiérrez Rojas, Historia Mínima de La Revolución Cubana (El Colegio de Mexico AC, 2015), 24-95.
[69] Piero Gleijeses, Conflicting Missions: Havana, Washington, and Africa, 1959-1976 (University of North Carolina Press, 2002), 12-29, https://www.jstor.org/stable/10.5149/9780807861622_gleijeses.
[70] Bruce J. Calder, El impacto de la intervención: la República Dominicana durante la ocupación norteamericana de 1916-1924 (Fundación Cultural Dominicana, 1998).
[71] Michel Gobat, Confronting the American Dream: Nicaragua under U.S. Imperial Rule (Duke University Press, 2005), https://doi.org/10.2307/j.ctv1134cwr.
[72] Smith, Talons of the Eagle, 36-38;60-62.
[73] Piero Gleijeses, La esperanza rota: la revolución guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954 (Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2005).
[74] Gobat, Confronting the American Dream.
[75] Schoultz, Beneath the United States, 332-47.
[76] Schoultz, Beneath the United States, 107-24.
[77] B. S. McBeth, Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908-1935 (Cambridge University Press, 2002).
[78] Schoultz, Beneath the United States, 348-56.
[79] Terry Lynn Karl, «Petroleum and Political Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela», Latin American Research Review 22, n.o 1 (1987): 63-94, https://www.jstor.org/stable/2503543.
[80] Iselin Åsedotter Strønen, «Venezuela’s oil specter: Contextualizing and historicizing the Bolivarian attempt to sow the oil», History and Anthropology 33, n.o 4 (2022): 472-95, https://doi.org/10.1080/02757206.2020.1762588.
[81] Corrales, Autocracy Rising, 20;58-59;153.
[82] Corrales, Autocracy Rising, 86-90.
[83] Michael W. Doyle, Empires (Cornell University Press, 1986).
[84] Joan E. Garcés, Soberanos e intervenidos: Estrategias globales, americanos y españoles (Siglo XXI de España Editores, 2012).
Editado por: Global Strategy. Lugar de edición: Granada (España). ISSN 2695-8937
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Javier Mª Ruiz Arévalo
Manuel Vila González